El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación contra Morena, la formación oficialista, por la contratación de 605 trabajadores temporales en 2023, durante el periodo de las precampañas electorales, que abarcó el último trimestre del año. El partido pagó por los servicios de los empleados 6,7 millones de pesos, según informó la formación al árbitro electoral. Si bien Morena aportó al INE los documentos que respaldan las contrataciones y los comprobantes de pago de honorarios, no demostró, según fuentes del INE, que el trabajo realizado por los empleados estuviese relacionado con las actividades del partido. La formación comunicó al INE que los más de 600 trabajadores eventuales hicieron labores de “apoyo administrativo”. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) está integrando el expediente, y es previsible que emita un dictamen después de las elecciones del 2 de junio. Si el árbitro electoral confirma que las contrataciones fueron irregulares, podría imponer a Morena una multa del doble del monto invertido en el pago de honorarios.
Entre los empleados contratados hay adultos mayores, beneficiarios de programas de ayudas sociales, exfuncionarios públicos y personas que anteriormente trabajaron como recolectores de firmas de apoyo para la consulta de revocación de mandato, según una revisión del listado de trabajadores hecha por este periódico. El asunto de las contrataciones ya había pasado por las manos del Consejo General del INE, a finales de febrero, y provocó tensiones entre los consejeros y los representantes de Morena. Fue en el contexto de las sanciones impuestas a los partidos por las irregularidades en la fiscalización de los gastos de precampaña. Morena mereció la multa más grande, de 38 millones de pesos. Sin embargo, en el proyecto original, el INE proyectaba que la sanción económica fuese de casi 54 millones de pesos. La reducción de la multa generó polémica entre algunos medios y críticos del oficialismo. El proyecto inicial contemplaba sancionar al partido, entre otras cosas, por el asunto de los trabajadores temporales.
Los representantes morenistas emprendieron una operación política y lograron que el expediente sobre las contrataciones no formara parte del dictamen de fiscalización aprobado por el Consejo General, según un funcionario del órgano electoral. El acuerdo alcanzado fue que la Unidad Técnica de Fiscalización reabriera el expediente para analizar de nuevo el caso de las contrataciones y presentase un nuevo dictamen. La fuente consultada señala que es probable que los resultados de la nueva investigación se conozcan hasta agosto. Este periódico preguntó a la representación de Morena en el INE cuál era su comentario sobre la nueva indagatoria de la UTF, que podría derivar en una multa millonaria, pero la solicitud no fue atendida.
Las irregularidades
El funcionario electoral ha agregado que, según los indicios recabados en un primer momento por la Unidad Técnica de Fiscalización, los trabajadores temporales contratados por Morena hicieron labores de promoción de los precandidatos del partido, desde los aspirantes a diputados y senadores hasta la abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum. La Ley General de Partidos Políticos señala que las formaciones tienen permitido usar los recursos públicos que se les suministra del Presupuesto para pagar sueldos y salarios de su personal contratado, arrendamiento de inmuebles, papelería, combustible y viáticos; sin embargo, por decisión de la Suprema Corte de Justicia, tienen prohibido financiar estructuras electorales, es decir, destinar dinero público para sostener al personal que trabaja en beneficio del partido en el contexto de campañas.
Durante las diligencias emprendidas por la UTF en la integración del informe inicial (el que se sacó excluyó del dictamen de fiscalización), Morena “omitió precisar detalladamente cuáles serían las actividades a realizar por cada una de las personas contratadas”, y tampoco presentó “evidencias que justifiquen razonablemente que el objeto del gasto estuvo relacionado con las actividades del partido”, señala el documento. Morena consideró que era “un exceso” que el INE le requiriese documentos para comprobar que la contratación de los trabajadores tuvo un objeto partidista, es decir, que redundó en un beneficio legítimo para la formación política, como establece la norma que regula la manera como los partidos deben ejercer los recursos públicos y comprobar cada gasto.
“Si bien los gastos por concepto de servicios personales están permitidos en la normativa electoral, lo cierto es que estos deben estar debidamente justificados y a su vez alineados con las actividades de operación ordinaria del sujeto obligado”, dice el dictamen inicial de la UTF. Morena entregó copias de los contratos de prestación de servicios, identificación oficial de los empleados y factura de los pagos de honorarios. Sin embargo, la UTF precisó: “Es importante señalar que el partido, en su respuesta, no presentó soporte documental adicional, tampoco justificó de manera fehaciente la necesidad respecto a la contratación del personal y las actividades que realizaron, [las cuales fueron] etiquetadas como ‘apoyo administrativo”.
El perfil de los empleados
Morena entregó al INE un listado con los nombres de las 605 personas que fueron contratadas por honorarios. Algunos trabajadores recibieron un solo pago de 3.500 pesos, mientras que otros cobraron ese monto en tres o cuatro ocasiones, lo que sugiere que estuvieron empleados por más tiempo. No está claro si los pagos fueron quincenales o mensuales, aunque los trabajos por honorarios suelen ser cubiertos por una labor de 30 días. La suma total de los pagos fue de casi 7 millones de pesos.
Este periódico hizo una revisión aleatoria de los antecedentes públicos de 65 de las personas contratadas, el 10% de la lista total de empleados eventuales de Morena. Se trata de hombres y mujeres que viven en varios Estados del país, pero principalmente en Ciudad de México. La mayoría está en los registros de beneficiarios de un programa social del Gobierno, especialmente en el de becas para educación media y superior; también hay beneficiarios de transferencias para alimentación, trabajo digno y seguro de desempleo. Muchos aparecen en las listas de militantes del PRD, el partido de izquierda que con el tiempo desgajó Morena.
Resalta el caso de cuatro personas que al momento de la contratación en Morena tenían más de 65 años. Una de esas personas, una mujer de Chihuahua, participó en el sorteo de selección de candidatos de Morena a la Cámara de Diputados, aunque no ganó; otro de ellos, un hombre, es militante del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ha colaborado en campañas de políticos de la alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México. Otras cuatro personas ya habían trabajado para el partido en 2021 como recolectores de firmas de apoyo para la realización de la consulta de revocación de mandato, muy promovida en su día por el presidente López Obrador.
Cuatro personas recibieron el apoyo de seguro de desempleo del Gobierno de Ciudad de México de octubre a diciembre, el mismo periodo en el que laboraron para el partido. Entre los trabajadores temporales también hay una exfuncionaria municipal de Durango que fue candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio en 2022; un hombre que trabajó como promotor cultural del Gobierno capitalino; una exfuncionaria de la alcaldía Coyoacán (Ciudad de México); una pariente de una funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo (Ciudad de México) y un extrabajador de la Cámara de Diputados.
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