Estados Unidos ha endurecido su postura contra las organizaciones criminales transfronterizas, advirtiendo que las erradicará con toda su capacidad operativa. Así lo expresó Tom Homan, exdirector interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y actual asesor en materia de seguridad fronteriza del expresidente Donald Trump.
Durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en las inmediaciones de Washington D.C., Homan enfatizó que su administración está determinada a eliminar a estos grupos y a quienes colaboren con ellos.
En el mismo evento, Homan subrayó que, en el primer mes del nuevo gobierno de Trump, la cantidad de inmigrantes que ingresan ilegalmente a territorio estadounidense disminuyó en un 95%, pasando de 1,800 en 2023 a 48 por día. “Estamos hablando de 3 mil 200 kilómetros de frontera y sólo 48 personas escaparon. Pero son 48 de más. No voy a estar contento hasta que esa cifra sea cero”, sentenció.
A inicios de la semana, Homan expresó su descontento con la velocidad de las detenciones y deportaciones, motivo por el cual anunció una reestructuración en la distribución de recursos y en la estrategia operativa del ICE. En entrevista con CNN, declaró: “No estoy contento con los números, porque tenemos muchos criminales que encontrar. Estamos hablando ahora de aumentar el número de equipos, aumentar la focalización, la división del ICE que crea la lista de objetivos”.
El asesor de seguridad fronteriza informó que en el primer mes de la administración trumpista se detuvo a 21,000 extranjeros en situación irregular. “Estoy contento con los números, pero no voy a estar satisfecho hasta que cada miembro de pandillas criminales extranjeras, cada extranjero criminal, cada Tren de Aragua sea erradicado de este país y (los hayamos) enviado a Guantánamo, donde pertenecen”, dijo.
Asimismo, Homan respaldó la clasificación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, asegurando que Trump se encargará de eliminarlos por completo.
“Va a borraros de la faz de la tierra. No solo a ellos, sino a cualquiera que les ayude, a cualquiera que venda drogas en la calle, a cualquiera que ayude a estos cárteles de cualquier forma”. En ese sentido, argumentó que, el cierre de la frontera, busca proteger vidas.
El funcionario también criticó a las denominadas “ciudades santuario”, y afirmó que “las ciudades santuario son un santuario para los criminales. Estamos haciendo cumplir las leyes promulgadas por el Congreso y no vamos a pedir disculpas por ello, no bajo esta administración”.
Paralelamente, el gobierno estadounidense reiteró su postura en contra de los cárteles mexicanos, a los cuales considera responsables de la crisis de consumo y sobredosis de fentanilo en el país. Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, declaró: “Vamos a abrir las puertas del infierno contra los cárteles. Basta ya. Estamos garantizando la seguridad de nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso”.
La administración estadounidense oficializó la designación de diversos cárteles como organizaciones terroristas internacionales, según un documento del Departamento de Estado publicado en el Registro Federal. Entre los grupos incluidos en la lista se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, el Cártel del Noreste y Cárteles Unidos.
De igual manera, el magnate Elon Musk respaldó la postura del gobierno al señalar que estos grupos “son elegibles para ser atacados con drones”, lo que podría abrir la puerta a operativos de carácter militar.
En línea con esta estrategia, el jefe del Comando Norte del Ejército estadounidense, Gregory Guillot, anunció un incremento en los vuelos de recolección de inteligencia. “Los aviones estadounidenses obtienen información sobre los cárteles para que los mandos decidan cómo operar contra ellos cuando sea el momento”, afirmó Guillot.
Finalmente, de acuerdo con el Departamento de Estado, la designación de estos cárteles como organizaciones terroristas responde a su impacto en la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. La medida se adoptó con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tras un análisis exhaustivo y en coordinación con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro.
