Noticias de Yucatán
El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda,
enfrenta un juicio político ante
el Congreso local, por presunto desvío de recursos de
al menos 2 mil 700 millones de pesos ymanejo indebido de recursos
públicos, enriquecimiento ilícito,
encubrimiento y cohecho.
Ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
presidida por el diputado panista Javier Mercado,
inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes de
su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del
estado de Nayarit.
Tras analizar dos denuncias en las que Sandoval Castañeda
es señalado como presunto responsable de
varios delitos, la comisión decidió aprobar el acuerdo para que
una comisión instructora inicie el proceso.
Durante la exposición de motivos, Javier Mercado, señaló
que el juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, sino
para sancionar administrativamente con
la destitución o inhabilitación del cargo.
Dijo que en la Legislatura pasada, cuando también fue
diputado, presentó con la ex legisladora Sofía
Bautista una iniciativa para quitar el fuero a los
servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit ya no hay fuero.
“Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar
juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su
mandato hasta un año posterior; si pasó el año y quieren demandar juicio
político ya no es procedente”, dijo.
Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval
Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario
Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la
Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de
Gobierno, respectivamente.
A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos
responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Nayarit señalados por la Comisión son Catalina Ruiz Ruiz, Agustín
Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, quienes son
señalados como presuntos responsables por el ataque a las instituciones
democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y
violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la
administración estatal.
Mercado explicó que el Congreso del estado tiene un año a
partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los
servidores públicos acusados.
Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una
comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos
parlamentarios, quienes someterán su decisión al pleno del Congreso, para
avalar o no el dictamen.
