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La desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la derogación de la Reforma Educativa, hará que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea juez y parte en la evaluación del sistema y sus propias políticas.
Esto porque el Instituto será sustituido por el Centro para la Revalorización del Magisterio, que también se encargará de evaluar al sistema educativo pero cuyos integrantes serán asignados por la SEP, según se establece en la iniciativa del actual gobierno.
De concretarse la propuesta sería una regresión a la política de evaluación que existía en 2002, cuando la dirección general de evaluación de la SEP realizaba estas tareas y tenía dos problemas: el primero era que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intervenía en la determinación de las pruebas, y el segundo que la dependencia no rendía cuentas de los resultados porque no eran transparentes, asegura el investigador de la UNAM, Roberto Rodríguez.
A esto se suma la incertidumbre sobre el mecanismo mediante el cual se asignarán las plazas docente una vez eliminados los concursos de ingreso organizados por el INEE, a los que se sometían miles de aspirantes cada año para ingresar a la docencia, en un intento de sustituir la práctica de venta y herencia de plazas por un sistema meritocrático.
Para el investigador Roberto Rodríguez, desaparecer al INEE es una “decisión de política, un cambio de estrategia y habrá que ver qué resultados produce”, pero en lo que no hay duda es que “se vuelve a acercar a la centralización de decisiones en un solo eje: el de la SEP”, y probablemente a una nueva relación con el sindicato.
Aunque el INEE se convirtió en un organismo autónomo gracias a la Reforma Educativa de 2013, fue creado desde 2002 y desde entonces se había dedicado a evaluar al sistema educativo nacional a través de pruebas estandarizadas de alumnos, pero la Reforma le dio nuevas obligaciones por ley, como la evaluación docente.
El Instituto sólo se encargaba de diseñar y aplicar las pruebas a los maestros, pero no tenía acceso a los resultados ni facultad para tomar decisiones respecto a las plazas. Eso era responsabilidad de la SEP.
Otra de sus funciones era evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Además “diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema”.
También “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y generar y difundir información para, con base en ésta, emitir directrices relevantes para contribuir a las decisiones”.
Por eso es que uno de los errores del INEE fue justamente no comunicar el resto de las cosas que hacía, y hacía bien, asegura Lucrecia Santibáñez, profesora asociada de Claremont Graduate University.
Los errores: la relativa autonomía
Si bien la Reforma Educativa otorgó autonomía al INEE, tuvo “relativa independencia” toda vez que al evaluar a maestros y determinar su permanencia en el sistema educativo a partir de los resultados, fue “hacerlo corresponsable junto con la SEP. La autonomía se convierte en relativa en función de esta tarea”, asegura el investigador de la UNAM, Roberto Rodríguez.
El resultado negativo hacia los maestros, lo que llamaron evaluación punitiva, hizo “muy vulnerable al INEE”.
A partir de los lineamientos de actuación establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente, una de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, el Instituto tuvo “un margen de acción limitado al establecerse funciones y plazos que debía cumplir. Nació atado a esa circunstancia: autónomo, pero con funciones establecidas con la ley y trabajando con la SEP”, afirma Rodríguez.
También se dieron otras decisiones que comprometieron la autonomía del INEE, asegura Lucrecia Santibáñez, como la cancelación de la prueba Enlace para estudiantes de primaria y secundaria que se había realizado desde 2006 hasta 2013. Se sustituyó por la prueba Planea, que imposibilitaba la comparación de resultados anuales, pero también fue cancelada en 2016 debido a una intención de ahorrar recursos.
Esas decisiones fueron apoyadas por el Instituto, pese a las críticas de expertos en educación y de organizaciones civiles, señalando que se cancelaba la posibilidad de tener mediciones que permitieran conocer el estado de la educación.
Santibáñez también reconoce que la burocracia y presupuesto del INEE crecieron en el sexenio pero derivado también de las nuevas atribuciones. Sin embargo, también se podían hacer cambios a su estructura y atribuciones. “Se puede cuestionar su actuación, pero la opción no es eliminarlo”. Animal Político
