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Un juez otorgó un amparo a una niña en contra de la SEP y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y les ordenó despedir a los maestros que faltaron 12 días a clases sin justificación durante el ciclo escolar 2014-2015. Esta resolución se dio tras considerar que las autoridades debieron haberlos cesado en su momento para garantizar el derecho de la menor a la educación, en ejercicio de las atribuciones que les concede la Ley General de Servicio Docente.
El juez Francisco Rebolledo Peña determinó que no existen razones fundadas ni suficientes para justificar el abandono de labores de los docentes adscritos a la Escuela Primaria Justo Sierra, en San Pablo Etla, Oaxaca, donde estudia la demandante; por lo tanto concluyó que las autoridades incurrieron en una violación directa a los derechos de la niña “al no cumplir con su obligación de dotar de la idoneidad de los docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
El artículo 76 de la Ley General de Servicio Docente establece que los maestros que falten más de tres días sin justificación deben ser separados de sus cargos. Los profesores involucrados en el amparo de la niña participaron con goce de sueldo en el paro de 12 días convocado en junio de 2015 por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra del “proceso electoral y la evaluación docente”.
No obstante, durante el juicio las autoridades educativas presentaron constancias para justificar que los docentes no andaban en el paro, sino que faltaron a clases para asistir a un curso llamado “Metodologías globalizadoras para el aprendizaje en la escuela primaria”. El juez estableció que los maestros no debieron sacrificar el interés de los menores por un “supuesto” curso urgente y aseguró que “estas constancias generadas por las autoridades del IEEPO atienden a una invención con el ánimo de justificar el ausentismo laboral, simulación que resulta una ofensa para la justicia federal y que no puede ser permitida”.
Claudia Aguilar, del despacho Aguilar Barroso, precisó que la intención del amparo no es perjudicar a los entre 60 y 80 docentes implicados. “El amparo no es contra los actos de los profesores, sino contra las omisiones de las autoridades estatales y federales de la SEP de aplicar lo que la ley establece y vigilar el derecho de aprender de los menores, esto sin implicar de ninguna manera los derechos que podrían tener los docentes por la Ley laboral o educativa, en caso de ser separados de sus cargos para poder defenderse en otras instancias”.
La SEP y el IEEPO pueden impugnar la resolución del juez, quien por lo pronto dio un plazo de 20 días para separar del servicio a los docentes.
Esta sentencia fue calificada de histórica por el director general de Mexicanos Primero, Juan Alfonso Mejía, tras considerar que sienta un precedente respecto a la facultad directa del titular de la SEP para vigilar que el IEEPO cumpla con su función de garantizar el derecho a la educación de los niños de Oaxaca, sobre todo cuando “se hace evidente que las autoridades del IEEPO fabrican pruebas con el ánimo de justificar y facilitar el ausentismo laboral”.
También consideró que “se empodera a todos aquellos maestros que rechazan el hostigamiento del cual son víctimas por parte de los líderes sindicales de la Sección 22 de la CNTE y quienes son abandonados a su suerte por la indiferencia de los funcionarios responsables. Ningún docente tiene por qué asistir a marchas en contra de su voluntad y quien lo haga de manera injustificada, afectando el derecho de los niños a aprender, serán separados del servicio”.
Por último, dijo, se refuerzan los mecanismos legales para que las familias defiendan el derecho de sus hijos de contar con maestros y directivos idóneos, y ciclos escolares completos, como parte de su derecho a la educación.
Desde que el amparo se presentó en julio de 2015, la niña ha sufrido diversas formas de acoso en la escuela, de acuerdo con lo denunciado por sus abogados: se han dado casos de profesores que han intentado reprobarla hasta los que no le toman en cuenta las tareas. Incluso se hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para proteger la integridad y los derechos de la quejosa ante cualquier tipo de represalia.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
