La pobreza extrema de las colonias del sur profundo de Mérida se ha convertido en la última década en “carne de cañón” de los políticos yucatecos.
Autoridades del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI), la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y del Plan Estratégico de Mérida han diseñado a lo largo de ese tiempo proyectos para abatir el rezago social, educativo, cultural, industrial y habitacional en ese sector de la capital yucateca.
El proyecto más polémico, recordado y que pretendía solucionar de raíz los graves rezagos de esa zona pobre se llamó Metrópolisur, que diseñó en 2005 el gobierno de Patricio Patrón Laviada, primer gobernador del PAN en Yucatán.
La trascendencia de ese plan desató una feroz oposición político del PRI, PRD y varios sectores populares y empresariales. Sin embargo, Patricio Patrón defendió su proyecto y en busca del apoyo de la sociedad organizó foros en universidades, el Congreso del Estado y organizaciones civiles para divulgar los beneficios del plan.
En 2005, por ejemplo, la administración del entonces gobernador Patricio Patrón Laviada adquirió extensas tierras en Hunucmá, donde pretendía desarrollar el proyecto Metrópolisur, que incluiría el nuevo aeropuerto de la capital yucateca.
A pesar de que ya había invertido cuantiosos recursos federales para la compra de los terrenos, los diputados del PRI, PRD y PVEM le negaron autorización para pedir un crédito global de $1,380 millones, que se destinarían para empezar la construcción de la terminal aérea y otras obras.
Sin embargo, con más recursos federales Patrón Laviada arrancó el proyecto en 2006 con la construcción del edificio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán (Cecitey), en la colonia Emiliano Zapata Sur III, con inversión de $6.5 millones y la construcción de la carretera Mérida-Tetiz que llevaría al nuevo aeropuerto en 15 minutos, con una inversión inicial de $45 millones.
A la fecha, la construcción de esa carretera, a cargo de la SCT, avanza lentamente.
El gobierno federal asignó también $20 millones para un tercer proyecto de Metrópolisur: el Museo de la Civilización Maya, cuya edificación será ahora junto al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.
A un lustro del surgimiento de Metrópolisur el proyecto está “políticamente muerto”. Sólo quedan algunos letreros sobre la Avenida 86 y en bardas.
La caída del PAN y la victoria electoral de Ivonne Ortega Pacheco, quien recuperó la gubernatura para el PRI, terminó de rematar a Metrópolisur.
En abril de 2008 la entonces directora de la Cousey, Angélica Araujo Lara, diseñó el Plan Maestro de Ucú, con lo cual se reorientó el crecimiento urbano de Mérida hacia el Poniente con la compra de 3,012 hectáreas de tierras ejidales.
El Plan Maestro de Ucú, que halló el respaldo de amplio sector de la industria de la construcción, prevé la edificación de 56,880 casas, 16 mercados, dos centros comerciales, una farmacia, 20 tiendas de autoservicio, 12 plazas para mercados sobre ruedas y dos centros de abasto.
El Plan Maestro de Ucú no sólo no arranca sino que se enfrenta a problemas por la tenencia de la tierra, el pago de $343 millones sin garantía y una denuncia por peculado y desvío de recursos.
Otra opción para solucionar los problemas del sur la presentó en febrero de 2009 el Plan Estratégico de Mérida con el Plan Maestro de Ordenamiento de la Reserva Urbana del Sur de Mérida, que financió el IVEY.
En la presentación de ese plan, Humberto Sauri Duch, Roberto Molina Ancona y Jorge Bolio Osés, integrantes del Plan Estratégico, dijeron que ese proyecto era una alternativa para “detonar” y sacar del aislamiento al sur de la ciudad.
Aclararon que no era “un refrito” de Metrópolisur y proponían la construcción de la Prepa No. 3 de la Uady (En su lugar se hizo una Unidad Académica). Además, los expertos propusieron crear dos subcentros urbanos, un corredor comercial y un parque metropolitano.
La Uady tiene un programa académico y social en el sur de la ciudad para elevar la calidad de vida de sus habitantes y durante sus giras por esa zona la gobernadora Ortega Pacheco anunció varias obras aún sin hacer: un hospital general con 120 camas, uno materno infantil con 60 camas, una tienda del Isstey, un parque metropolitano, un complejo educativo en el fraccionamiento Magna Sur y una unidad deportiva que se inició en 2007 y aún no se concluye.
Metrópolisur promovía la desaparición del aeropuerto y la construcción de otro y una terminal de carga en un terreno de 1,500 hectáreas en Hunucmá.
El edificio aeroportuario de Mérida se convertiría en un centro comercial y las pistas en amplias avenidas que conectarían a las colonias.
El proyecto Metrópolisur del gobierno de Patricio Patrón Laviada (2001-2007) generó opiniones en contra y a favor y el linchamiento político del mandatario panista.
El 1 de enero de 2005 compareció en la Cámara de Senadores el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, y el senador priista por Yucatán Erick Rubio Barthell lo cuestionó sobre si el gobierno de Patricio Patrón tenía estudios de aires, orientación de la pista, de mecánica del suelo y meteorológicos, y si el presidente (Vicente Fox) había autorizado recursos para la carretera al aeropuerto de Hunucmá.
Pedro Cerisola dijo que sí se habían presentado los estudios, precisó que Metrópolisur era más bien un proyecto de desarrollo urbano de Mérida y admitió que el aeropuerto meridano estaba subutilizado. También aclaró que la Federación no había destinado dinero alguno para esa obra aeroportuaria.
El debate nacional sobre Metrópolisur continuó en Televisión Azteca. En una edición del noticiario Hechos, el conductor Javier Alatorre transmitió declaraciones del entonces diputado estatal Jorge Carlos Ramírez Marín y del ex diputado federal del PRD Erik Villanueva Mukul, quienes afirmaron que el proyecto se creó para favorecer a parientes y amigos del gobernador.
El jefe del Ejecutivo local exigió una réplica para aclarar esa situación, pero TV Azteca se la negó. Incluso, el jefe de información del noticiario, César Peón, se burló del gobierno panista: “Ajá, ¿hoy si nos recibe? Digo, porque cuando fuimos a preguntarle sobre el caso Medina Millet no nos dejaron entrar”.
—Desde hace años, TV Azteca se ha distinguido por una campaña de desprestigio contra mi persona —se quejó en aquel entonces Patricio Patrón.
Villanueva Mukul también presentó una demanda de juicio político contra el gobernador panista en la Cámara de Diputados por considerar que Metrópolisur violó la Constitución Federal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los códigos Penal y Civil.
En noviembre de 2005 Carmen Ventura Quintal, presidenta de la Sociedad “Chan Tza Can”, declaró que Metrópolisur despojaba al indígena de su patrimonio, que ese plan sería exclusivo para personas con potencial económico y causaría gran depredación a recursos naturales y vestigios mayas de Hunucmá.
Pero también surgieron voces a favor del proyecto, como la del empresario Gustavo Ricalde Durán (q.e.p.d.).
—Yucatán requiere este tipo de proyectos, aunque se ha tenido una opinión distorsionada de él por la situación política actual —dijo Ricalde Durán el 18 de noviembre de 2005.
—Tal parece que los políticos juegan a evitar el éxito de la autoridad en turno —subrayó—. Ojalá que eso cambie.
Carlos Ponce García escribió que Metrópolisur resultaría un magnífico negocio inmobiliario con la urbanización de las 600 hectáreas del aeropuerto de Mérida, integraría al sur, y el nuevo aeropuerto de Hunucmá no causaría molestia, contaminación ni ruido como el actual.
La terminal de Hunucmá se convertiría en Centro Internacional de Carga y generaría cientos de empleos y desarrollo.
Ed Adams, yucateco que durante 25 años trabajó en la NASA, también escribió que el megaproyecto Metrópolisur era una oportunidad para crear miles de empleos bien remunerados y la millonaria inversión en infraestructura estaba justificada y alcanzaría mayor valor con el tiempo.
—Metrópolisur representa un paso a la modernidad —dijo el 24 de noviembre de 2005 Guillermo Ortiz Chávez, director regional del Grupo Financiero Banorte.
—Va más allá de un programa de reordenamiento urbano: permitiría aprovechar la ubicación estratégica de Yucatán para impulsar el despegue económico.
—Propiciaría la llegada de inversión extranjera, la generación de empresas y empleos, además de equilibrar el crecimiento de la ciudad y favorecer su integración —abundó.—El impacto socioeconómico de Metrópolisur beneficiaría a todo el Estado, pero en particular a Mérida, a la que se ve como el Monterrey del Sureste —remató Ortiz Chávez.
En su momento, la compra de tierras ejidales para el aeropuerto del proyecto Metrópolisur también causó polémica y descontento entre campesinos de Hunucmá y Umán.
El estudiante de Derecho Wílliam Santos Sáenz asumió la representación de los ejidos de Oxcum y Hunucmá y organizó plantones de campesinos, promovió amparos, juicios agrarios y bloqueos, pero finalmente no logró sus objetivos de revertir la venta de las tierras o lograr mayor pago por las mismas.
El entonces presidente del PRI local, Carlos Sobrino Sierra, avivó el fuego político al denunciar ante la PGR al gobernador Patrón Laviada.
El uso de operadores agrarios en la gestión patricista motivó que Ivonne Ortega Pacheco, como publicamos el 27 de febrero de 2008, critique al gobernador panista por las grandes compras de tierras que hizo a través del polémico intermediario Antonino Almazán Arteaga. La gobernadora señaló que “ahora el trato con los ejidos se realiza de manera directa, sin intervención de intermediarios, para garantizar que los campesinos sean los principales beneficiarios”.
Pero ahora que el Plan Maestro de Ucú afronta problemas por la titulación de las 3,012 hectáreas que compró en Ucú se descubrió que el gobierno priista actuó de la misma forma que el panista porque utilizó al operador agrario Luis Fernando Pérez Escalante para la compra de tierras ejidales.
El gobierno de Patricio Patrón compró 2,547 hectáreas a los ejidos de Hunucmá, Huncanab, Oxcum y Dzelchac para el aeropuerto de Metrópolisur y la Planta Potabilizadora IV de la Japay.
La Japay recibió 500 hectáreas y las restantes 2,047 están intactas como reservas territoriales.
La compra de tierras se hizo en dos etapas. En la primera el Ejecutivo adquirió 2,231 hectáreas de Hunucmá. Pagó $13,347.63 por hectárea, y en la segunda compró 316, cada una en $15,301.27.
Las operaciones de compra-venta, según denunció Santos Sáenz, las realizó Antonino Almazán conjuntamente con sus socios Javier Francisco Hernández Cruz, Mayra Nieva Rodríguez, María Méndez Rebollo, Sarita Bartolo Acuña y Blanca Azalia Huesca Damián, quienes vendieron tierras de Hunucmá al gobierno del Estado para el aeropuerto.
