Noticias de Yucatán
()
La sociedad civil lamenta que aún no haya castigo
La obra
Obra polémica, a dos años}
A pesar del tiempo transcurrido, el paso deprimido de Prolongación Paseo de Montejo es una obra polémica y viva en la sociedad meridana, consideró el investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Marco Tulio Peraza Guzmán.
Dice que no hay algún estudio vial que demuestre si el primer túnel de Mérida resolvió o no los problemas de fluidez del tránsito de Circuito Colonias con Prolongación Paseo de Montejo, que fue el fundamento para construir esa infraestructura, o esos problemas se trasladaron a otros puntos viales de ese sector con las modificaciones de circulación en los semáforos y calles cercanas.
“Falta una valoración técnica vial para conocer con precisión si se resolvieron los problemas de fluidez, de accidentes, de horas de tráfico pico y el número de vehículos que pasaban y ahora pasan por el túnel”, indicó el doctor en Arquitectura.
De lo que sí está seguro el investigador, porque la Facultad realizó un estudio, es que la construcción del paso deprimido apresuró el cambio de uso del suelo y ahora hay una transformación comercial y de oficinas ejecutivas que sustituyen a la casa habitación de la zona.
“La circulación de automóviles, el ruido y la inseguridad generada por la vialidad hace que las familias abandonen sus viviendas”, señaló. “Las colonias que sufren estas transformaciones son Buenavista, México e Itzimná. Ya se daba el crecimiento del equipamiento comercial, pero el paso deprimido aceleró ese proceso”.
La franja de la glorieta “está casi muerta” porque hay viviendas en venta y renta, una residencia desapareció y dio paso a un negocio de telefonía y varios comercios antiguos cerraron.
Otro perjuicio que dejó de herencia el paso deprimido es un daño ambiental. Antes la zona de la “Glorieta 4 de Julio” ó “Glorieta de la Paz” tenía confort peatonal y una buena densidad forestal por sus árboles de más de 25 años de antigüedad. Sin embargo, la construcción del túnel ocasionó el retiro de unos 50 árboles y hoy en día la glorieta no recuperó su densidad forestal porque la mayoría de los árboles plantados no vivieron.
“El paso deprimido es una herida abierta en la memoria de la sociedad y sigue dando de qué hablar porque no se ha curado”, subrayó. “El problema será permanente mientras no se subsane el agravio de la golpiza, la imposición y el abuso de poder”.
El doctor Peraza Guzmán consideró que una forma de resarcir el daño a los meridanos es que las asociaciones civiles organicen un referéndum y la sociedad vote sobre el destino final de esa obra de infraestructura. Para él no sería descabellado rellenar el túnel y devolver la antigua imagen urbana de esa zona “porque si el Ayuntamiento está cambiando las luminarias que no funcionaron en el alumbrado público, también puede enterrar el túnel”.
Cree que falta conocer la opinión de los conductores que pasan por el túnel para que relaten sobre la peligrosidad de las subidas y bajadas, si les intimida o no el túnel a la hora de elegir la ruta de trayecto y que los vecinos directamente afectados digan si les causó o no perjuicios.
Las fallas técnicas en la construcción del paso deprimido, como las rejillas recién cambiadas y la reparación de las filtraciones, son descuidos “por no oír a los especialistas”.
Peraza Guzmán recordó que la herida social que causó la obra es porque el Ayuntamiento, que encabezó Angélica Araujo Lara, del PRI, impuso la obra, desoyó a la sociedad, a los organismos ciudadanos y técnicos, orquestó una agresión y demostró que todavía no hay una democracia consolidada.
Recordó que la Fundación Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en Arquitectura (Docomomo) advirtió en una carta a la alcaldesa Araujo que la zona donde construirían el túnel era considerado patrimonio cultural y había un decreto del Ayuntamiento donde la zona está considerada como patrimonio porque data de mediados del Siglo XX. Pero la alcaldesa hizo caso omiso.
Independientemente si el paso deprimido sirvió o no, el doctor en Arquitectura afirmó que el túnel ocasionó un impacto visual, alteró el confort ambiental y desvalorizó la zona. Por ello cree que no en balde cientos de personas defendieron el lugar y se opusieron a la construcción del túnel.
El investigador dice que como colofón de esta polémica obra ocurrió la golpiza que hasta hoy continúa impune porque de 20 denuncias penales no hay una reparación de daño, no hay detenidos ni presos y la Fiscalía General del Estado no ha hecho un balance sobre los resultados de las investigaciones.
“Mucha gente sufrió traumas severas, aquí en la Facultad de Arquitectura hubo jóvenes golpeados que estuvieron enyesados y lesionados”, recordó. “Esa es una deuda pendiente y parte de la herida que no va a cerrar con facilidad”.
El doctor Peraza Guzmán lleva 33 años de trabajo académico en la Uady, 20 de los cuales los ha dedicado a la investigación sobre temas de Centro Histórico y desarrollos urbanos y dice que siempre le interesa lo relacionado al patrimonio cultural de Mérida.
La sociedad civil
Impunidad y justicia politizada
El doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady, opinó que hay una impunidad total por la agresión del 4 de julio de 2011 y “eso demuestra que la justicia yucateca está totalmente politizada”.
A dos años de la represión en la glorieta de Circuito Colonias con Prolongación Paseo de Montejo, el doctor Baños Ramírez dice que lo más importante que dejó la obra y la represión fue la participación ciudadana.
“Quisiera ver esa participación ciudadana en otros ámbitos donde el gobierno toma decisiones sin tomar en cuenta a los ciudadanos”, señaló. “Esa concentración que vimos el 4 de julio quisiera verla más extendida porque sería la forma de contener a la clase política que está acostumbrada a tomar decisiones desde las esferas del poder”.
Baños Ramírez consideró que los gobiernos sólo dan capotazos a los ciudadanos en decisiones trascendentales. Por ello en su opinión la participación ciudadana en torno a la glorieta tiene mucho valor cívico.
“La impunidad en este caso sólo se puede explicar porque la gente que vino a golpear y reprimir a los ciudadanos son gentes allegadas al gobierno”, consideró. “Fueron enviadas por el gobierno. El tema de la impunidad es muy importante, imagínese, está demostrando que la justicia esta totalmente politizada”.
Dijo que la Fiscalía General y el Poder Judicial estatal hicieron un “figurado” un “teatro” de que llamarían a los denunciados, pero en el fondo no hubo una intención seria de castigar a los responsables de la agresión.
“Aunque lo niegue el gobierno, se sabe perfectamente que fue una represión ordenada por las autoridades en turno”, recalcó. “La memoria ciudadana no puede pasar por alto un evento de tal naturaleza, menos que quede impune y que fue ordenada por el gobierno”.
El investigador de la Uady afirmó que la construcción del paso deprimido y la represión siguen generando descontento porque fue un ejercicio del poder de arriba hacia abajo, pero el movimiento ciudadano no se consolidó ni creció porque le faltó cohesión y el PRI aprovechó muy bien la presencia de dirigentes del PAN para politizar la protesta y manejar mediáticamente en los medios que era una lucha entre partidos políticos, uno que quería reafirmarse en el poder (PRI) y otro que quería regresar (PAN).
“A la hora de la golpiza la gente acudió al llamado de los ciudadanos y los dirigentes del partido de oposición (PAN) también se presentaron”, recordó. “A partir de ese instante el partido en el gobierno, el PRI, politizó la agresión. Manejó en los medios como un enfrentamiento entre partidos y eso le restó fuerza al movimiento ciudadano”.
Dijo que con ese argumento el partido en el gobierno logró engañar a la sociedad que no estaba muy enterada, pero los que no se dejaron engañar mantuvieron su lucha de justicia. Sin embargo, el grupo ciudadano no pudo convencer de que la lucha tenía intereses ciudadanos, no políticos.
“Lo deseable es que en los diferentes eventos ciudadanos no intervengan los partidos políticos de oposición”, recomendó. “En mi punto de vista lo que hizo que el movimiento y la participación fuera a menos fue que el PRI personalizó el pleito entre dos personajes políticos, Angélica Araujo (PRI) y Beatriz Zavala (PAN), cuando no fue así”.
El sociólogo consideró que no hubo apatía de los ciudadanos hacia el movimiento, sino que actuaron de acuerdo a la desinformación que se manejó en los medios y redes sociales y por temor a la agresión.
“Hay dos cosas que hacen que los ciudadanos no se expresen públicamente: uno es la desinformación y el otro es el temor por su seguridad”, subrayó. “La gente antepone su interés individual al colectivo y en ese balance superficial no quiere meterse en broncas, tiene miedo de que lo golpeen y no quiere problemas”.
Pero esa actitud pasiva no quiere decir que los ciudadanos no estén descontentos. Y la prueba es que en las elecciones en Mérida los ciudadanos se volcaron al partido de oposición y castigaron al partido de Angélica Araujo.
Baños Ramírez dijo que es necesario que la gente tenga una participación visible para que los gobiernos tomen en cuenta a los ciudadanos en sus decisiones.
A raíz de la represión del 4 de julio surgieron nuevos grupos defensores de los derechos ciudadanos, como “Cadena de las Glorietas”, se solidarizaron otros, y apenas el 12 de junio pasado surgió la asociación civil “Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio”, que dirige el licenciado José Enrique Gutiérrez López, uno de los agredidos y lesionados ese día.
“Es importante la creación de ese colectivo porque tengan por seguro que ellos se encargarán de mantener vivo en la memoria de los yucatecos esa histórica represión”, señaló. “No veo que vaya a ser una agrupación con mucha gente, pero tienen la capacidad para mantener como día simbólico el 4 de julio y procurar que ese día no se olvide ni quede superado nunca”.
Los implicados
"No llevé gente, ni me pagó la alcaldesa": "Calín" Herrera
Me castigaron porque estuve en el lugar, dijo Juan Carlos Herrera Chalé, el Calín, cuando el juzgado federal lo sentenció al pago de una multa de $58,000 por agredir a la senadora Beatriz Zavala Peniche, del PAN.
A dos años de que Calín participó en la agresión de ciudadanos en el paso deprimido, sólo la jueza Margarita Nahuat Javier, titular del Juzgado 1º. de Distrito en Yucatán, ya emitió una sentencia contra él. Pero Calín no estuvo conforme y apeló la sanción.
La sentencia de primera instancia contra Carlos Herrera fue por la denuncia de lesiones que interpuso Beatriz Zavala Peniche, pero "Calín" sostiene que a ella no la tocó.
Herrera Chalé tiene otros dos procesos pendientes en el Juzgado 6º. Penal y está libre bajo fianza. En uno de los expedientes recibió el perdón del ex panista Orlando Pérez Moguel, quien resultó uno de los peores “trompeados”, pero el denunciante cambió de partido político y retiró su demanda contra sus golpeadores.
El Diario ha entrevistado en varias ocasiones a Herrera Chalé sobre el caso y recordamos algunas preguntas.
¿Todos te señalan como el líder de los golpeadores y como el principal agresor?
-Sí, dicen que soy el principal y así aparece en las fotos y vídeos. Yo sólo respondí a los madrazos y sí me "pelié", señaló. “No llevé gente ni me pagó la alcaldesa (Angélica Araujo Lara) ni algún funcionario del Ayuntamiento. Fui sólo al lugar. Ese día fui a hacer una diligencia”.
¿Qué tipo de diligencia?
“A contratar un grupo musical para que toque en el gremio de los matarifes el 10 de agosto en San Sebastián”, explicó. “De allí me quité y pasé por la glorieta. Como yo sí estoy a favor que se construya esa obra, pues me quedé en el lugar. Cuando se armó la trifulca… me defendí.”
Las versiones de los 20 denunciantes, las fotografías y vídeos demuestran que Herrera Chalé comandó el violento ataque y los testimonios de los lesionados lo señalan como el principal agresor.
¿Te arrepientes de tu conducta?
“No puedo arrepentirme. Quedaría como un cobarde”, dijo. “Me hubiese gustado que no pasaran esos hechos”.
La Fiscalía General del Estado informó que recibió 25 denuncias por la agresión del 4 de julio de 2011 y consiguió 10 órdenes de aprehensión en 8 denuncias. De esas órdenes de captura sólo cumplió una y detuvo en junio pasado al taxista Ramón Bacilio Pat Canul, pero éste salió en libertad bajo fianza en menos de 24 horas.
Los otros porros denunciados, los hermanos Marco Antonio y Mariel Flota Alcocer, y Diego y Pablo de la Rosa Rodríguez, Teresa Herrera Chalé, Felipe Díaz Novelo (a) Café Tacuba, Manuel Che, Carmen Campos, entre otros, tramitaron amparos, comparecieron por citatorio y pagaron fianzas para continuar en libertad. En conclusión, hasta el día de hoy nadie de los agresores y autores intelectuales de la agresión está preso.
En uno de los casos, los agresores resultaron víctimas porque María Elena Chan Carrillo y Jennie Idelma Souza Mézquita, quienes apoyaban a las autoridades municipales, denunciaron a Juan Carlos Cámara Díaz, “de que quiso atropellarlas con su camioneta” y el Juzgado 6º. Penal otorgó la orden de aprehensión contra el ciudadano que acudió a la protesta.
Diecisiete denuncias permanecen en los archivos de la Fiscalía General del Estado porque, justifica la dependencia, no hubo interés de los denunciantes y tampoco aportaron mayores pruebas para acreditar los delitos, principalmente de lesiones y ataques peligrosos.
La omisión premeditada de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco de no evitar la agresión por medio de la policía también quedó impune.
“"Lo que sí es un hecho inobjetable, comprobable, es que la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) sí faltó a su obligación de mandar a la policía para detener la brutal represión contra los ciudadanos que se manifestaban libre y pacíficamente en la glorieta de Montejo", afirmó el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Jorge Manzanilla Pérez, en relación a los hechos.
Y la gobernadora también fue aliado de los porros porque no entregó el vídeo de la represión a la Fiscalía y Juzgados Penales para evitar que con esa filmación oficial identificaran plenamente a los organizadores, operadores y agresores
La clase política
¿Dónde están los políticos involucrados?
Minutos antes de la brutal agresión del lunes 4 de julio de 2011, en la glorieta de Montejo, fue notoria la presencia en la zona de funcionarios de la administración municipal priista que encabezó Angélica Araujo Lara.
En el sitio donde ahora se levanta el “paso deprimido“, hace dos años estuvieron hijos y parientes de veteranos políticos, junto con integrantes del movimiento ciudadano que se opuso a la construcción de la obra, quienes minutos más tarde serían salvajemente agredidos por un grupo organizado de porros.
De los funcionarios que estuvieron ese violento día, la mayoría ocupa en la actualidad algún cargo público en el gobierno estatal, y al menos uno de los implicados directamente en las agresiones a los ciudadanos continúa con su empleo en la Comuna meridana. Uno de los empleados del anterior gobierno del Estado que fue testigo de la represión en la glorieta de Montejo, conserva su puesto
Aquella tarde del 4 de julio fue evidente la presencia del regidor Jorge Sobrino Argáez e Ignacio Mendicuti Priego, subdirector de Servicios Públicos Municipales, hijos de Carlos Sobrino Sierra e Ignacio Mendicuti Pavón, hoy convertidos en diputado local y presidente municipal del PRI y director de Planeación en la Secretaría de Salud de Yucatán, respectivamente.
Otros funcionarios que fueron retratados en el sitio de la golpiza fueron el entonces regidor Humberto Hevia Jiménez, hermano de Luis, presidente estatal del PRI, ahora director de Transporte estatal, y Ermilo Barrera Jure, director de Servicios Públicos hoy subdirector Técnico de la Junta de Agua Potable de Yucatán.
Además, la síndico Elizabeht Vargas Aguilar que en la actualidad es directora del Instituto de Defensa Pública del Estado; Julián Colonia Várguez, director de Comunicación Social, quien ahora trabaja por su cuenta en el ámbito de la comunicación.
Desde la noche anterior a la represión de hace dos años estuvo Carlos Antonio Duarte Briceño, director de Obras Públicas del Ayuntamiento. El ex funcionario es director general de Arquitectos, Constructores, S.A. de C.V.
Al parecer, Antonio Aldana Castro y Gaspar Quintal Parra, hace dos años director de Gobernación y oficial mayor del Ayuntamiento, respectivamente, no ocupan algún cargo público.
Marco Antonio Flota Alcocer, quien tuvo activa participación en la golpiza del “paso deprimido” junto con su hermano Mariel, quien se desempeñaba como jefe operativo de la Central de Mantenimiento de la Comuna, sigue trabajando en el archivo de concentración municipal, dependiente de la Dirección de Administración.
Del gobierno estatal de hace dos años, estuvo en la represión Raúl Baeza Sánchez, entonces coordinador general del C4, adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública. En diciembre de 2012, el todavía funcionario de esa dependencia tomó protesta como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Tizimín.
Los árboles
Arboricido consumado
El más grande arboricidio urbano quedó consumado con el paso deprimido: no vivieron todas las ceibas y las palmeras de la glorieta de la paz, ni la resiembra de árboles del zoológico Animaya.
De acuerdo con datos publicados, la construcción del paso deprimido ocasionó el retiro de cuando menos 50 árboles antiguos del camellón de Prolongación Paseo de Montejo y los alrededores de la glorieta. Además, en la reforestación del lugar sembraron 30 ceibas traídas de los montes de Muna y 4 palmeras gigantes.
Hoy en día ya no existen las palmeras y las ceibas no sobrevivieron todas.
La subdirección de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida informó que no existe un registro o bitácora de los árboles que fueron retirados de Prolongación Paseo de Montejo y de Circuito Colonias con motivo de la construcción del paso deprimido.
Por investigaciones en el Departamento de Parques y Jardines la subdirección se enteró que el personal de esa oficina retiró 31 árboles de Prolongación Paseo de Montejo antes del inicio de la construcción del paso deprimido y los trasladó en camiones al zoológico Animaya donde, con asesoría de especialistas del CICY, Conafor y subdirección de Ecología, resembraron los 31 árboles.
A dos años de ese trasplante, la Subdirección de Servicios Generales informó que de los 31 árboles de Animaya sólo sobreviven 18: 9 flamboyanes, 1 caoba, 3 algarrobos, 3 maculix y 2 ramones.
Los trabajadores municipales de Parques y Jardines que participaron en la operación forestal recordaron que los otros árboles retirados de Circuito Colonias fueron destruidos al momento del corte. No saben cuántos fueron ni dónde fueron trasladados.
Cuando inició la reforestación del paso deprimido, el Ayuntamiento de Angélica Araujo Lara informó que las 30 ceibas que sustituyeron a los árboles tenían de 15 a 12 años de antigüedad y medían 10 y 7 metros de altura.
El comisario ejidal de Muna, Fernando Martín Redondo, donó las ceibas a la alcaldesa y el biólogo del CICY, Francisco Chi May, realizó los trámites ante Semarnat para su traslado a Mérida y supervisó la siembra.
