Freno a la economía

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La discusión sobre el aumento del salario mínimo debe enfocarse en las causas que obstaculizan el crecimiento del país, advierte la Coparmex.- La excesiva regulación, muro infranqueable

La intención de la Coparmex al poner a la vista de todos los graves efectos de la informalidad en la productividad del país -y por tanto en el ingreso- es llevar el debate sobre el incremento al salario mínimo a la arena de los números, sacarlo del plano electorero en que está metido.

“De lo que tenemos que hablar es de la baja productividad del país, de cómo es culpa de la informalidad y de cómo ésta es consecuencia del mayor problema de nuestra economía: un rígido marco legal que frena el crecimiento”, señala Nicolás Madáhuar Boehm, presidente local del organismo.

“La baja productividad explica por qué el país no crece a un ritmo que permita elevar el ingreso de los mexicanos a los niveles deseados por todos”, interviene Gustavo Cisneros Buenfil, director del Centro para la Competitividad de Yucatán.

Impacto en el ingreso

Según datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (Cidac), si México hubiera aumentado su productividad 5% cada año durante las dos últimas décadas -como lo han hecho otras economías- los mexicanos tendríamos hoy el doble de ingreso. Desafortunadamente, el ritmo de crecimiento ha sido del 0.12% anual.

“Como sostiene un estudio de la consultora McKinsey, México tiene una economía que se mueve en dos velocidades: la de las empresas grandes (de más de 500 trabajadores) y la del resto de negocios. Una economía dinámica y otra que está estancada”, apunta Cisneros.

De claroscuros

La productividad de las empresas grandes y modernas se ha elevado un 5.8% anual, pero la de las pequeñas y medianas se ha desplomado 6.5%. “Este dato es impresionante: en 1999 las Pymes tenían el 28% de la productividad de las grandes, en 2009 era de sólo el 8%. Es decir, un negocio pequeño necesita contratar 12 empleados por cada trabajador de una empresa grande para producir lo mismo. Obviamente esto se refleja en el sueldo”.

Otro apunte interesante: la mayor parte del crecimiento del empleo (62%) se ha dado en empresas con tasas negativas en el valor agregado.

“Estamos generando ineficiencias, estamos siendo cada vez más improductivos, estamos metiendo más gente al negocio, pero obtenemos menos producción”, comenta el director del CCY.

La situación es más grave de lo que uno se podría imaginar: los negocios con 50 o menos trabajadores tienen un nulo valor agregado por persona. “Sobreviven, no generan nada para el país. Y el 95% de las empresas mexicanas cae dentro de este rango”, agrega.

El mayor de los obstáculos para elevar la productividad es el marco regulatorio, dice Madáhuar Boehm.

“Es indispensable eliminar las barreras que ocasionan que las empresas se mantengan pequeñas e informales, las autoridades tienen que promover el espíritu empresarial”.

Amarres y trabas

“Volvemos al tema de siempre. Seguimos discutiendo los problemas como resultantes y no buscamos las causas de esas resultantes. Las barreras impuestas por el mismo gobierno son las verdaderas causas de por qué la productividad está tan baja y, por ende, el salario”, añade.

“Y esto lo padecemos todos los días. Desde cobrar un cheque rebotado -algo punto menos que imposible en este país, cuando está tipificado como fraude en cualquier economía moderna- hasta contratar o despedir a un trabajador, que debería ser un proceso ágil. En México hay una serie de amarres legales y trabas que no permiten tener un mercado eficiente”.

Pagar los platos rotos

Por si fuera poco, el gobierno le pasa el problema de la fiscalización a las empresas, que necesitan tener un empleado para atender los temas laborales, otro para el IMSS, uno más si tiene que ver con Profepa.

“Todos trabajan realmente para el gobierno. la empresa les paga para cumplir los requisitos de regulación, normatividad y tramitología, pero no hacen nada por la productividad del negocio”, dice el presidente del CCY.

Competencia desleal

Otro tema muy importante es el del financiamiento. Hay un déficit de crédito estimado en 60,000 millones de dólares para las Pymes.

“Es un tema de oferta y demanda. Los gobiernos estatales y municipales consumen la mayor parte del crédito, desplazan a los demás jugadores. Los bancos no tienen por qué prestarle a nadie más”, dice Madáhuar, quien destaca otras condiciones indispensables para elevar la productividad del país: la reducción en el costo de la energía eléctrica, mejorar la infraestructura, establecer programas de capacitación laboral y mejorar la seguridad.

Si seguimos con un marco legal que no permite al capital tener certeza y fluidez, si el mercado laboral no es flexible, si las empresas no tienen acceso a financiamiento para adquirir tecnología, si existe un tema de tramitología excesiva, si en la parte fiscal las empresas necesitan un departamento completo para tratar con el Seguro Social, Hacienda, Secretaría del Trabajo, Profeco, si el gobierno no facilita un entorno propicio para que crezca la productividad. no tiene sentido sentarse a discutir nada.

Reglas abusivas

“¿Por qué hay tanta informalidad? Porque el árbitro ha impuesto unas reglas del juego abusivas. Y ese problema debe estar en la esencia de la discusión. El mercado -entendido como empresas, empleados, ciudadanos- le está diciendo al gobierno: con las reglas que tienes no puedo, mejor me voy al lado informal”, comenta el líder de Coparmex.

El tema es cómo en un estado como Yucatán el 65% de la población económicamente activa está en la informalidad. ¿Quiénes están mal? ¿Los trabajadores o quienes ponen las reglas que hacen que ese 65% se vaya a la informalidad?

“El tema está en las reglas, en la estructura económica del país y del Estado, que hace que la mayor parte de la fuerza productiva esté del lado oscuro”, sentencia.

“Se tiene que incluir todo esto en la discusión sobre el salario mínimo o todo terminará reducido a un sí o no que se decidirá en una consulta popular con motivación meramente electoral”.

CONCLUSIÓN

En conclusión, advierte el líder de Coparmex, no es factible incrementar los salarios mínimos por decreto.

“Un marco regulatorio adecuado, una estructura de servicios gubernamentales con calidad y precios internacionales, financiamiento adecuado y el respeto al sistema de derecho serán los detonantes para que el ingreso promedio del trabajador mexicano crezca”.

Clave para mejorar ingresos

Para el presidente de la Coparmex en Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, no es factible incrementar los salarios mínimos por decreto.

“De lo que tenemos que hablar es de la baja productividad del país”, afirmó.

Según datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., si México hubiera aumentado su productividad 5% cada año durante las dos últimas décadas los mexicanos tendrían hoy el doble de ingresos.

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Ciudadanos piden que la Comuna no baje la guardia

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Positivo balance en general

Un ejecutivo del ramo automotriz, un ama de casa de una colonia popular y un joven matrimonio dieron ayer calificaciones positivas a la administración municipal que encabeza el alcalde Renán Barrera Concha en sus primeros dos años.

Armando Novelo Peniche, gerente general de la Agencia Automaya de Mérida, quien acudió con su familia al zoológico Animaya, dijo que ve muy bien el trabajo del alcalde en estos dos años y eso lo tiene contento a él, a su familia y a sus amigos.

A su juicio, “los servicios públicos han mejorado muchísimo, la limpieza y recoja de basura en la ciudad también ha mejorado, aunque hay algunas zonas donde se nota algún rezago en la recolección de basura”.

“Si pensamos en una calificación diría que vamos mejorando en la prestación de servicios, en alumbrado público y en obras”, afirmó. “Vemos mayor pavimentación de calles, infraestructura eléctrica, cambio de luminarias, limpieza y basura que es un tema muy delicado y allí se ve una mejoría en la administración municipal actual”.

Pidió al alcalde que no le baje el ritmo a su trabajo porque por lo general las nuevas administraciones empiezan bien, pero conforme avanzan, decaen. Sin embargo, dijo que espera que el alcalde Barrera Concha “no haga lo que han hecho otros, que siga con ese afán de trabajo, de compromiso a favor de la ciudadanía y herede un ejemplo de trabajo a la siguiente administración”.

Novelo Peniche agregó que ponerle un 10 a la administración significaría una excelencia, pero falta trabajo por hacer entre todos.

“Es una calificación bastante aceptable, ha hecho un trabajo muy bueno y sería injusto decir un número”, señaló el gerente de Automaya.

María Eumelia Rodríguez Estrada, ama de casa de la tercera edad de la colonia Pinzón II, quien descansaba a la sombra de árboles de Animaya, consideró que hay mejoría en la ciudad y que todo va bien; por lo tanto, le puso 10 al alcalde y rogó “que Dios lo bendiga junto con su familia porque ayuda a su prójimo”.

“Ya estamos bien servidos. Hay obras importantes como el de Paseo de Montejo, en las colonias ya pasan a limpiar las calles, arreglan los parques, las luces están bien”, señaló. “Estamos contentos de que nos sirvan bien como ciudadanos, hay buena vigilancia (policiaca, aunque ese servicio es de la SSP), todo va muy bien”.

Ve calles nuevas, mantenimiento a la ciudad, mayor diversión para la gente, máquinas para hacer ejercicios en los parques, etcétera.

La joven madre de familia Arely Poot Sabido, de la colonia Xoclán, quien llevó a sus dos hijos pequeños a Animaya, afirmó que no sabe si Renán hizo todo, pero ve mucha mejoría en la ciudad.

“No sé de quien sean las obras y los programas, pero está mejor en comparación con la otra administración”, indicó. “Hay mejores parques, puentes, obras, calles y dan uniformes. Le pongo 7″, concluyó.

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El Isstey, un entuerto

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Los responsables de la crisis tienen nombre y apellido

En la crisis del Isstey “no se puede soslayar la responsabilidad del gobernador Rolando Zapata Bello, ni del actual director del instituto, Ulises Carrillo Cabrera; de su ex director Nerio Torres Arcila, de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y varios de sus funcionarios”, afirma Guillermo Vela Román, uno de los coordinadores del Frente Cívico Familiar (FCF).

“Ellos son los que deben de aclarar este entuerto ante la sociedad”, dice.

Vela Román y otros integrantes de esa agrupación, que han seguido de cerca el tema del Isstey, junto con varias agrupaciones cívicas, comentan la entrevista del Diario a Carrillo Cabrera, publicada en días pasados, donde el funcionario sostiene que la deuda del gobierno con el instituto no es su principal problema, sino el descontrol financiero y administrativo del organismo.

En la entrevista, Carrillo Cabrera reconoce también que el gobierno anterior dejó de pagar al Isstey más de $2,125 millones, por concepto de cuotas y otras aportaciones, y que el destino de ese dinero no se puede conocer porque pasó a la partida de gastos de libre disposición.

“No se vale decir esto -responden los directivos del FCF-, claro que puede saber. Tampoco se deben aceptar las declaraciones del director del Isstey sobre el manejo discrecional y licencioso de los recursos del instituto en el gobierno anterior, ya que él ordenó una investigación para conocer a los responsables de ese descontrol”.

Al respecto, Patricia McCarthy Caballero, también integrante del equipo coordinador del FCF, afirma que las declaraciones de Carrillo Cabrera en el sentido de que la deuda del gobierno no es lo más grave para el instituto, sino el descontrol en sus cuentas, “es un reconocimiento claro de su parte de que cuando llegó al puesto, en enero de 2013, encontró las finanzas y la estructura del Isstey hechas un desastre”.

Sin embargo, añade la señora McCarthy, Carrillo Cabrera no aclara en la entrevista las causas de ese mal manejo administrativo.

“Si vio algo malo en el proceso de entrega-recepción debió de ordenar una investigación, incluso la ley lo obliga a hacerlo, pero no lo hizo”.

“El desorden en el Isstey es tan grande -señala por su parte Alberto Arjona Ordaz, otro directivo del FCF- que en la reunión que sostuvimos integrantes de varias agrupaciones cívicas con Ulises en abril, éste nos puso como ejemplo de ese desorden el Cendi de Oxkutzcab, construido para 200 niños, pero usado sólo por ocho”.

“Nos dijo, con mucho orgullo, que él mandó cerrar ese Cendi por incosteable”, recuerda Arjona Ordaz.

“Entonces la pregunta es: ¿quién tomó la decisión de invertir los escasos recursos del Isstey en una obra de este tipo? ¿Nerio Torres? No lo sabemos, pero si es así, debe decirse…”

Por esto es necesario la investigación, insiste Patricia McCarthy. “Eso permitirá al ciudadano, en el futuro, determinar si una persona es apta para ocupar un cargo público, porque hay quienes pasan por las instituciones, la dejan en una situación terrible, y no pasa nada; y las irregularidades ni siquiera salen a la luz pública, y no obstante eso, al poco tiempo, se vuelven a postular para otros cargos, derrochan dinero en una campaña plagada de mentiras y el ciudadano sigue sin tener elementos de juicio para decidir si debe votar por él o no”.

McCarthy Caballero también refuta las declaraciones de Carrillo Cabrera cuando dice que el gobierno anterior dejó de pagar sus compromisos con el Isstey por falta de liquidez, y que ese dinero que no se pagó se gastó en rubros que no se pueden conocer, porque fueron a la partida de gastos de libre disposición.

Pero esto es mentira, dice la dirigente del FCF. “Sí se pueden conocer, porque cuando alguna dependencia necesita dinero, pide una ampliación presupuestal y, como requisito, presenta un documento con el monto, el destino del gasto y la justificación, aunque sea falsa”.

“Pero ahora Carrillo dice que el dinero que se debió de pagar al Isstey se mandó a una buchaca virtual, la partida de gastos de libre disposición, donde no es posible identificar el origen de los recursos ni su destino final y, por lo tanto, tampoco nadie puede ser sancionado”.

No se vale decir eso cuando es dinero público, agrega el profesor Vela Román. “Lo que Carrillo Cabrera nos está diciendo es que pueden desviar recursos del Isstey o de otra entidad, mandarlos a la partida de libre disposición y gastarlos en lo que se les dé su regalada gana”.

Según Vela Román, otra declaración increíble de Ulises Carrillo es la que recuerda que el Isstey tiene un gasto anual de $1,900 millones e ingresos de $700 millones. “¿Qué tipo de administración es ésta, que no sólo es deficitaria, sino además permite que se lleven el dinero de las cuotas?”, pregunta el dirigente cívico.

Nosotros en el FCF, agrega, advertimos el despilfarro en el gobierno de Ivonne Ortega desde 2009, “principalmente en comunicación social y en la oficina de la gobernadora, a cargo, por cierto, de Ulises Carrillo. Desde entonces las cosas ya pintaban mal. Ahora sabemos cómo terminaron”. Continuará.- HERNÁN CASARES CÁMARA

Gobierno | Baja calidad de los funcionarios

Uno de los coordinadores del Frente Cívico Familiar, Guillermo Vela Román, advierte sobre la impunidad del gobierno anterior.

¿Y los responsables?

El desvío de recursos en el Isstey y en otras dependencias del gobierno anterior, dice, es muy evidente, pero todos se preguntan, ¿dónde están los funcionarios responsables de esas anomalías?, ¿dónde está el Congreso, que es la máxima autoridad del Estado, encargado de vigilar la aplicación de los recursos públicos, incluyendo los del Isstey? No ha movido un solo dedo.

Poco respeto

Según Vela Román, todo esto del Isstey y de los desvíos de Ivonne Ortega “son un enorme aviso que nos permite ver la baja calidad de los funcionarios públicos y el poco respeto que nos merecen”.

Promesa

En este sentido, “Rolando Zapata está faltando a su famosa frase de combatiremos ferozmente la corrupción, pronunciada en sus mensaje de toma de posesión”.

Hueco

“Nuevamente vemos, por desgracia, que no hay ningún funcionario sancionado del antiguo gobierno, pese a tremendo hueco económico que dejó”, apunta el coordinador del Frente Cívico Familiar.

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Cuestiona el PRI estatal al alcalde

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Lunes, 1 de septiembre de 2014 - Edición impresa En: Mérida, Política

En el marco del segundo informe de gobierno del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el Comité Directivo Estatal del PRI le plantea al primer edil 16 preguntas relacionadas con la administración del municipio.

En un desplegado, que publicamos en la página 9 de esta sección, el partido cuestiona, entre otras cosas, que la Contraloría Municipal no haya dado seguimiento a las quejas interpuestas contra funcionarios de la actual administración.

También se refiere a la negación de informes sobre viáticos, avances de obras, beneficiarios de apoyos y asesorías.

La directiva estatal del PRI pregunta además por qué Barrera Concha no informó a la sociedad que el Ayuntamiento se encuentra en el Buró de Crédito con una calificación negativa por una demanda del Banco Santander relacionada con lo que llaman “el cambio ilegal de luminarias” del servicio de alumbrado público de la ciudad.

El PRI también cuestiona sobre el servicio de recolección de basura, “la arbitraria asignación” de predios a la empresa SANA, obras del Ramo 33 y el costo del Carnaval, entre otros temas.

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Discutir el mínimo

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El incremento del salario no debe darse por decreto, advierte la Coparmex.- La solución está en aumentar la productividad y abatir informalidad.- Las raíces del problema

Desde hace varios meses, políticos de PAN y PRD, principalmente, hacen todo el ruido posible para llamar la atención en la pertinencia de aumentar el salario mínimo a un nivel que, postulan, le haga recuperar la dignidad perdida.

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de la Coparmex Mérida, opina que aunque la iniciativa parte de premisas verdaderas -laeconomía lleva tres décadas de estancamiento y los salarios mínimos han perdido mucho poder de compra-, es indispensable sacar la discusión del terreno electorero y llevarla a la arena de la reflexión apuntalada por cifras y estadísticas.

Ante todo, advierte que al organismo “le mueve la intención de aportar elementos para un debate serio. Es indispensable considerar los efectos que tendría subir el salario mínimo por decreto o vía consulta popular, que por supuesto no es más que una maniobra política”.

Acompañado de Gustavo Cisneros Buenfil, director del Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY), Madáhuar Boehm presenta para argumentar con razones un reporte estadístico, elaborado por Coparmex nacional y el CCY.

Problema estructural

Una consideración antes de entrar en materia, apunta Cisneros. Primero que nada habría que desvincular al salario mínimo de la infinidad de precios y tarifas -multas, tarifas públicas, créditos hipotecarios- a los que sirve de referencia y que subirían junto con él. “Ya libre de ataduras, podríamos debatir en qué grado el mínimo refleja la realidad del trabajador en México”.

Realmente, dice, el problema no es tanto la precariedad del salario mínimo, sino el tamaño de la informalidad en México.

Según datos del Inegi, de los 6.462,570 mexicanos que ganan hoy un salario mínimo, la inmensa mayoría (93%) trabaja en el sector informal. Sólo 420,229 personas (7%) obtienen el ingreso mínimo de un empleo formal.

Además, las empresas formales han reducido consistentemente el número de empleados que ganan el mínimo, mientras que en las informales pasa todo lo contrario, cada vez hay más. Sólo el 2% de la población ocupada en el sector formal gana el mínimo, contra el 26% en el informal.

“El verdadero problema está en la estructura laboral del país. ¿por qué hay tanta informalidad? ¿Qué se puede hacer para reducirla?”, pregunta Cisneros.

Causas de la desigualdad

“De los empleados en el sector formal, el 76% gana dos o más salarios mínimos. Esto es, si no existiera la informalidad, casi 8 de cada 10 mexicanos ganaría más de dos salarios mínimos y casi 5 de cada 10, más de tres”, precisa Madáhuar Boehm.

Más claro, ni el agua. El problema real no es el salario mínimo, sino la informalidad de nuestra economía.

“En el país, los trabajadores del sector formal ganan en promedio 52% más que los del informal. En Yucatán la cifra aumenta hasta el 70%, o sea, los yucatecos que tienen un empleo formal ganan 70% más que los que hacen lo mismo en la informalidad”.

Hay estados donde se agudiza la diferencia: en Chiapas es del 160%, en Campeche el 105%, en Oaxaca más del 80%, interviene Cisneros. “Y todo tiene una razón, son los estados más amolados del país, en los que no sólo predomina una economía informal, sino además una informalidad de salarios deprimidos”.

Si se analiza la distribución promedio del ingreso por sector, se confirma la relación que existe en la composición del empleo en Yucatán -entre formal e informal- y los salarios que ganan los trabajadores de cada uno de ellos: el 70% de los que están en el informal ganan dos mínimos o menos, en comparación con el 28% de los que están en el formal. “Es importante señalar que el resto, el 72%, de los que tienen empleos formales, están ganando tres salarios mínimos o más”.

Desde 2005 las empresas legalmente constituidas han ido avanzando en los ingresos de los trabajadores. En las informales la tendencia es opuesta y cada día es mayor el porcentaje de personas ocupadas que obtienen el nivel mínimo de ingresos.

Informalidad y pobreza

La pobreza guarda una estrecha relación con la informalidad, revelan las estadísticas. En Yucatán, por ejemplo, donde la mayoría (63%) de los empleos está en el sector informal, casi la mitad (48%) de la población está en situación de pobreza (9.8% en pobreza extrema), mientras que en Quintana Roo, donde la informalidad es menor (48%), hay también menos pobres (38%, con 8.4% de pobreza total).

“Mientras más formales, más productivos, en Quintana Roo -que tiene un PIB similar al nuestro- hay más gente que gana más de tres mínimos, la distribución salarial está mejor que en Yucatán porque tiene más empleos formales”, señala el director del CCY.

El foco de la discusión

“El debate no es si subimos o no el salario mínimo, sino cómo subimos a la gente a la economía formal”, sentencia Madáhuar Boehm.

“Más de la mitad de la población ocupada en nuestro país se encuentra en el sector informal y es precisamente allí donde están los trabajadores más vulnerables, más pobres”.

Si algún mensaje nos dejan las estadísticas, prosigue, es que el salario mínimo es sobre todo una realidad en el sector informal. Esto es, donde hay más informalidad, hay más personas recibiendo el mínimo.

También muestran que las economías regionales más productivas son las que tienen menores tasas de informalidad y por tanto mejores niveles de ingreso.

“Una política que busca subir el salario mínimo sin una estrategia clara para abatir la informalidad no puede ser una solución integral”, sentencia el líder empresarial.

“Hay que tener mucho cuidado”, advierte Cisneros. “Debido a su propia naturaleza, el sector informal es casi imposible de fiscalizar, por lo que un aumento puede no tener el efecto deseado y además introducir distorsiones graves en otros sectores”.

No se trata de una visión apocalíptica, sino un aviso prudente de que de una mala decisión pueden derivarse externalidades negativas como la inflación y, en consecuencia, la disminución del poder adquisitivo.

Efecto bumerang

“Aumentar el salario mínimo con base en decisiones fundamentalmente de carácter político puede producir desempleo, porque al encarecerse la mano de obra, si el empresario no puede competir con precios internacionales va a tener que reducir su planta laboral”, dice.

“Tendríamos que hacer mucho más: reconvertir la planta industrial en México, tecnificarla, modernizarla, hacerla más competitiva”.

Por último, Madáhuar y Cisneros señalan que el segundo cauce que debe seguir el debate es cómo incrementar la productividad, única forma posible de generar un mayor crecimiento económico y, por ende, un mejor nivel de vida para todos los mexicanos.

Tenemos que replantear la discusión del tema, señala el líder de Coparmex. No se logrará la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo por decreto, necesitamos cambiar la receta, buscar soluciones de fondo: tenemos que abatir la informalidad, aumentar la productividad. mover la economía.- Mario S. Durán Yabur

Salario mínimo | Cifras

El jefe del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, fue quien subió a la agenda política el tema del salario mínimo.

Iniciativa

La propuesta de Mancera es elevar el salario mínimo inicialmente a 82.86 pesos, para alcanzar los 171 pesos diarios en 2018.

Cifras

En México hay 52.1 millones de trabajadores ocupados, de los cuales 4 millones no perciben ingresos por su labor y 6.4 millones cobran hasta un salario mínimo, 93% de ellos trabaja en el sector informal.

Informalidad

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 2014, en el país hay 28.6 millones de personas que se encuentran en el empleo informal, lo cual corresponde a casi el 60% de la población ocupada.

Desproporción

El ingreso per cápita en el país es de apenas el 30% que el de Estados Unidos. La proporción no ha cambiado en 20 años.

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Acusación de perredistas

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Presunta compra de votos por su elección interna

El presidente estatal del PRD, Bayardo Ojeda Marrufo, acusó al Ayuntamiento de Tzucacab de intervenir en el proceso electoral interno de ese partido, que se realizará el domingo 7 de septiembre.

El dirigente encabezó ayer la Asamblea Municipal de Dirigentes, que organizóAlternativa Democrática Nacional, una de las corrientes internas perredistas.

Ojeda Marrufo dijo que el alcalde de Tzucacab, Bernabé Antonio Tah Chuc, está operando a favor de la corriente perredista Frente de Izquierda Progresista.

“Les digo a todos los alcaldes del PRI y del PAN que no se metan en las elecciones internas del PRD”, apuntó.

También denunció que algunas corriente perredistas están ofreciendo 1,000 pesos por voto, al igual que despensas por afiliado.

“Queremos votos reales y que seamos los perredistas los que salgamos a las urnas y refrendemos con nuestros votos qué partido queremos”, aseveró.

“Dicen que yo no soy imparcial. Yo les digo a los de Izquierda Democrática Nacional que he ido a sus municipios y no trabajan. No es sólo abrir la boca y criticar. Hemos puesto a trabajar al partido en los municipios y en Mérida”.

Asimismo, aseguró que no quiere un partido burocratizado y denunció que militantes de otras corrientes quieren tener cargos en el PRD para cobrar sueldos.

No al divisionismo

Poco después, el líder estatal del PRD llamó “a construir el partido que queremos, vamos unidos a seguir poniéndolo en movimiento”.

Le pidió a los simpatizantes de Izquierda Democrática Nacional, de Nueva Izquierda y a los de Tere Borges que “no caigamos en divisionismos y se sumen a la planilla de ADN (Alternativa Democrática Nacional)”.

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Dudas en el caso Triay

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Polémica por las detenciones y las pruebas oficiales

Algunas contradicciones en las investigaciones del asesinato

En la investigación por el asesinato del doctor Felipe Triay Peniche asoman una serie de contradicciones y dudas que se espera sean aclaradas en los próximos días.

Por el sonado homicidio están detenidos y vinculados a proceso los psiquiatras Enrique Lara González y Pablo Santos García Gutiérrez.

Entre las dudas en este caso destaca la de las primeras detenciones de ambos acusados, sin que medie orden judicial expresa.

La Fiscalía acusa a Lara González como el autor intelectual del crimen y a García Gutiérrez de ejecutar el homicidio. Esta afirmación se basa en una supuesta confesión del segundo, pero éste afirma que fue torturado.

Un indicio para detener a Lara González fue el hallazgo de su credencial del IFE en el departamento de García Gutiérrez, donde presuntamente ocurrió el asesinato. Sin embargo, Lara indicó que un agente de la SSP se la había quitado previamente, al ser detenido.

También se informó de la realización de cortes quirúrgicos para desmembrar el cuerpo de Triay Peniche. Ante el juzgado se presentó una sierra de carpintero como herramienta para ese fin, pero la sierra, se dice, no es propia para ese tipo de cortes.

Hay contradicciones

La Fiscalía deberá aclarar las dudas de sonado crimen

De acuerdo con conocedores de la materia legal y jurídica, una serie de contradicciones y conjeturas rodea la investigación del homicidio del psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, varias de las cuales se tendrán que aclarar en poco tiempo.

Algunas provienen de declaraciones que ha hecho la Fiscalía General del Estado a los medios de comunicación, unas de manera oficial y otras no, y otras del resultado de las averiguaciones, como se dio a conocer en audiencia pública en el Juzgado 2o. de Control.

Por este crimen fueron vinculados a juicio Enrique Lara González y Pablo Santos García Gutiérrez, quienes se declaran inocentes y denuncian detenciones ilegales, sin que medie orden del juzgado.

1. La Fiscalía denunció homicidio con premeditación, pero en su escrito al juzgado señala que “para deshacerse del cuerpo” los detenidos lo abandonaron en un estacionamiento público, sitio impropio si se trata de un crimen planeado, como se afirma.

Primero se informó que el cuerpo estaba en cajas de madera que se encargó a un carpintero. Luego que eran cajas de cartón. Para conservar el cuerpo se utilizó hielo, pero no hay evidencia del sitio donde se compró.

2. Homicidio premeditado en casa del autor material, opción que es considerada “ilógica” por los rastros que se deja, además de que alguien sabría del sitio a donde fue el ahora occiso.

Ultimar a una persona en esas circunstancias no corresponde a personas con altos niveles de estudio y conocedores del comportamiento humano y salud mental.

3. Karla Vivas Vázquez, esposa de Lara González, mostró un boleto a Cozumel y dijo que el sábado 16, día de los hechos, su cónyuge estaba en ese lugar y volvió el domingo. La Fiscalía dijo que el homicidio fue la noche del viernes 15, luego de que los psiquiatras se reunieron en un hotel.

4. También se dijo que son dos los implicados en el homicidio, los detenidos, pero se descartó la participación de una mujer y de otras tres personas. Sin embargo, medios de comunicación difundieron la versión de que una mujer (de la que se desconoce su identidad) fue quien convenció a Triay Peniche para acudir al departamento de uno de sus supuestos agresores, en la colonia García Ginerés, donde fue drogado.

Oficialmente no se ha dicho nada de esta mujer ni si había residuos de droga en el cuerpo del médico ultimado.

5. La Fiscalía acusa a Lara González de ser el “autor intelectual” del crimen y a García Gutiérrez de ejecutarlo. Esta afirmación se basa en una supuesta confesión del segundo, declaración que niega y que afirma fue producto de la tortura.

Otro indicio es una credencial de Lara González quien dijo, en audiencia ante el juez, que un agente de la SSP se la quitó al igual que una tarjeta de circulación y la licencia de manejar. Luego, la credencial del IFE “fue encontrada” en el departamento de García Gutiérrez.

6. Las autoridades sostienen que García Gutiérrez fue detenido en estado de ebriedad, de manera fortuita, en un retén antialcohólico y que fue sometido por agentes de la SSP al bajar de su vehículo, lo que explica el golpe que tiene en uno de los ojos. No se han presentado grabaciones de la forma como fue aprehendido. El equipo se utiliza en los retenes para evidencias de las aprehensiones.

El acusado dijo ante el juez de Control, Luis Mugarte Guerrero, que desde el viernes 22 fue “secuestrado por desconocidos encapuchados” y su defensa denunció los hechos en la PGR, como informamos.

7. En la declaración de García Gutiérrez la Fiscalía sostiene que hizo una “comparecencia espontánea” e incluso que después de la diligencia el acusado se retiró libre.

El detenido dijo que no fue así, que ya en manos de la policía, luego de que fue “secuestrado”, lo obligaron a firmar un acta en la que acepta los hechos y que fue “contratado” por su coacusado.

8. La detención de Lara González, también ejecutada por la SSP, fue cuando el inculpado iba con su familia el sábado 23 en un automotor. La Fiscalía informó el domingo que no había detenido a ninguna persona por el crimen, lo que se publicó el lunes.

Esa dependencia dijo que recibió a los acusados por “otros hechos” y como había orden de aprehensión en su contra los remitió al Cereso, lo que comunicó en las primeras horas del lunes.

8. El argumento contra Lara González para señalarlo como “autor intelectual” es que obtendría una cartera de clientes a la muerte de Triay Peniche, lo que, al decir de algunos expertos, es un “móvil” derivado de un hecho incierto.

9. Oficialmente se informó de “cortes quirúrgicos” para desmembrar el cuerpo y ocultarlo. Ante el juzgado se presentó una sierra de carpintero como herramienta para ese fin. Se cree que la sierra no es propia para ese tipo de cortes.

10. Es probable que la Fiscalía elabore un escenario diferente de los hechos. El galeno bien pudo ser ejecutado en otro sitio por un “sicario” y sin la participación visible de los acusados.

De ser alguno de los inculpados, el caso podría ser producto de un problema que se salió de control, sin que hubiera premeditación de muerte como se denuncia.- Rudesindo Ferráez García

Investigación | Fiscalía

Durante los dos meses que le otorgó el juez a la Fiscalía, ésta deberá aclarar dudas.

El lugar del crimen

Una de las contradicciones tiene que ver con el lugar donde se cometió el homicidio. De acuerdo con expertos, ultimar a una persona en esas circunstancias no corresponde a personas con altos niveles de estudio y conocedores del comportamiento humano y salud mental.

Detenciones

Además, las contradicciones en las detenciones de los dos psiquiatras ya vinculados a proceso las tienen que aclarar, pues de no hacerlo, se podría presumir que de entrada la solución sobre este caso tiene un grave error de origen.

Poco tiempo

La Fiscalía tiene sólo dos meses para probar sus argumentos.

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Catearán las casas de los coacusados

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Apresura el paso la Fiscalía en busca de más evidencias

El Juzgado 2o. de Control autorizó cuando menos tres cateos en propiedades de los vinculados por el asesinato del psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche; por lo tanto, se esperaba que ayer u hoy se realizaran en casas de los detenidos, Enrique Lara González y Pablo Santos García Gutiérrez.

La Fiscalía General dispone de dos meses para completar la investigación a partir de la vinculación que hizo ese juzgado el miércoles.

La Fiscalía adscrita a ese juzgado solicitó y obtuvo las autorizaciones para llevar al cabo esas diligencias.

La acusación apoyó su solicitud en que habrían evidencias del crimen en alguna de las propiedades de los detenidos y por ese motivo entrarán para obtener y agregarlas, en su caso, al expediente.

Los cateos se llevarían al cabo, con cierto sigilo, con el apoyo de la SSP y la Policía Ministerial.

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Impugnará un fallo la Comuna

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Recurso ante un Tribunal por un presunto desvío

Al negarle el amparo al Ayuntamiento y darle la razón a la fiscal Celia Rivas Rodríguez, el Juzgado Cuarto de Distrito avala que las autoridades estatales no quieran investigar un desvío de más de 200 millones de pesos, aseguró el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro.

Ayer informamos que la Fiscalía del Estado dio a conocer que la juez federal Cuarto de Distrito, Mirza Estela Be Herrera, resolvió negar un amparo solicitado por el Ayuntamiento contra la propia Fiscalía. Incluso consideró los argumentos de la Comuna como infundados e inoperantes.

En un comunicado de la Comuna, se afirma que el amparo que solicitó el Ayuntamiento buscaba obligar a la Fiscalía a investigar la denuncia del millonario desvío que sufrieron los meridanos en la administración de Angélica Araujo Lara.

La Fiscalía del Estado, que es un organismo estatal que depende del gobernador Rolando Zapata Bello, se indica, ya se había negado a investigar ese presunto delito.

La Comuna interpuso desde mediados de 2013 una denuncia por el desvío de más de 200 millones de pesos, pero casi un año después la Fiscalía se negó a darle trámite a la queja, dice el boletín.

“Ante esta situación, la Comuna solicitó primero el recurso de revisión y luego recurrió a la juez Be Herrera, quien le negó este jueves el amparo y la protección de la justicia federal ante las decisiones de la Fiscalía”.

Alejandro Ruz aseguró ayer que las autoridades estatales encargadas de procurar e impartir justicia renunciaron a su obligación constitucional y prefirieron proteger los intereses de personas que causaron daño al patrimonio de los meridanos.

Sin embargo, anticipó que aún no está dicha la última palabra y que el Ayuntamiento de Mérida se inconformará contra la sentencia de la juez de distrito interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado.

El secretario de la Comuna añadió que las autoridades municipales están dispuestas a llegar a las instancias superiores que sean necesarias para castigar a quienes saquearon las arcas.

En síntesis

Copia

El secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, lamentó ayer que “el criterio de la Juez de Distrito se haya limitado a una copia prácticamente idéntica de la resolución de la fiscal Celia Rivas. Es lamentable que siga sin ponerse freno a la corrupción y la impunidad”.

Justicia

De aceptar esta resolución, dijo, nos encontraríamos ante el supuesto de que sólo se podría fincar responsabilidades cuando los funcionarios estatales encargados del sistema de justicia tengan la voluntad de cumplir con sus obligaciones.

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Causan sorpresa a Caballero Durán unas expresione

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Excusas en el informe del alcalde

Algunas expresiones del alcalde de Mérida Renán Barrera Concha en su informe causaron sorpresa porque parecieron excusas, dijo ayer Víctor Caballero Durán, secretario general de gobierno del Estado.

El funcionario agregó que, de cualquier manera, el gobierno del Estado seguirá trabajando con el Ayuntamiento de Mérida como lo ha hecho desde el principio.

Como informamos en la edición de ayer, la noche anterior el alcalde de Mérida rindió su segundo informe de gobierno anual, al cual asistió Caballero Durán en representación del gobernador Rolando Zapata Bello.

Al término de la ceremonia del XXX aniversario de la Autonomía de la Universidad de Yucatán -de lo que informamos en nota aparte en esta sección- el secretario general de Gobierno reiteró que como gobierno son respetuosos de todas las autoridades.

“Nosotros, como siempre lo hemos hecho, además de ser respetuosos con todas las autoridades y cumpliendo con la ley, acudimos a escuchar el informe de gobierno”, dijo.

Ejercicio de contraste

El funcionario consideró que actos como ese deberían ser un ejercicio que permita contrastar lo realizado durante un año “con lo realizado acorde con un plan municipal de desarrollo”.

“Debo decir que algunas expresiones (del alcalde en su informe) sí causan sorpresa. Escuchar algunas palabras que parecieran más excusas al respecto”, comentó.

“Pero como autoridad seguiremos trabajando con el mismo tenor, el mismo ritmo de trabajo, la misma responsabilidad y siempre procurando la coordinación y el respeto a la autonomía, como lo hemos hecho”, afirmó.

El secretario consideró que las propias palabras del presidente municipal confirmaron ayer ese respeto y trabajo responsable.

“Lo demostraron al señalar (el alcalde) que gran parte de las acciones realizadas y que pretende realizar provienen de recursos federales y que han sido gestionadas por el gobierno del Estado”.

El Ejecutivo estatal seguirá trabajando como hasta ahora, dijo.- David Domínguez Massa

De un vistazo

Lo que corresponda

Al preguntarle a Víctor Caballero si seguirá trabajando con los comerciantes en la plaza y en áreas que parecieran corresponder al Ayuntamiento, respondió: “Seguiré realizando lo que corresponda a mis funciones como secretario general de gobierno”.

Representante

Caballero Durán asistió al informe del alcalde en representación del gobernador.

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