¿Cuáles son los avances más significativos que dejó 2015 en materia de justicia?
Podemos decir que 2015 fue un año de consolidación de las reformas, sobre todo por la forma en que se desarrollan los procesos. En todo México, pero particularmente en Yucatán, se ha concretado una serie de cambios de dos tipos: uno derivado de la reforma al artículo primero constitucional, que es una reforma profunda en materia de derechos humanos y los jueces han tenido que asumir ese papel que siempre han tenido pero que la Corte reconoce en 2011, que es el de poder controlar la constitucionalidad de los actos y las leyes.
¿Qué significa esto? Que el juez puede desaplicar o irse directamente a los tratados internacionales para proteger los derechos humanos de las personas. Esta reforma de 2011 ha implicado capacitación, cambios inclusive en la forma de ver los casos para proteger los derechos humanos. Por ejemplo, el interés superior del niño, la presunción de inocencia en materia penal, la mirada a los casos con perspectiva de género, etc.
Por el otro lado está una reforma procesal importantísima que ha generado cambios en la forma de los juicios en varias materias, de un sistema escrito a un sistema oral. Tuvimos en 2015 un año de consolidación, la consolidación de la transformación a la oralidad.
¿Cómo se han concretado los cambios en materia penal?
En materia penal logramos el aterrizaje de las reformas y de la implementación del sistema acusatorio y oral, que se fue gestando durante varios años y se completó en 2014. En 2014, en el mes de junio específicamente, este sistema entró en vigor en el primer distrito judicial, que abarca a Mérida y, por tanto, al 50% de la población.
Todo 2015 se caracterizó por la funcionalidad del sistema en los asuntos penales que se nos han presentado. Un procedimiento puede durar seis, siete meses. Lo ideal es que la generalidad de los casos sea de seis meses o menos, desde que se comete el delito hasta que se dicta la sentencia. En muchos casos así ha sido, se han agilizado los procesos, sobre todo en el primer distrito judicial, donde se concentra la mayor parte de la actividad jurisdiccional en el estado de Yucatán. Durante dos años tuvimos judicializados poco más de 200 asuntos. Sólo en 2015, estando ya Mérida con el sistema operando, tuvimos 351 casos hasta mediados de noviembre. Esto quiere decir que ha aumentado la carga de trabajo del sistema, que es mayor el número de audiencias que tienen que atender los jueces.
¿Cómo está la situación en materia familiar?
Después de que implementamos el nuevo sistema en 2013, ese año y el siguiente fueron, por decirlo así, de acostumbrar a jueces, a litigantes y a todas las instituciones públicas que intervienen, como el Instituto de la Defensa Pública y la Prodemefa (Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia), a un nuevo sistema de justicia más exigente y más complejo, por la reforma en materia de derechos humanos y la reforma a nuestra legislación, que incluyó la expedición de un Código Familiar y un Código de Procedimientos Familiares separándolos de la materia civil. Esto, además de que se aplicó en todo el Estado desde 2013, generó una crisis dentro del sistema de justicia familiar por las importantes cargas de trabajo que tuvieron los jueces y porque los asuntos, si bien ya eran más rápidos que en el sistema escrito, no llegaban a ese punto ideal de agilidad y rapidez.
Hemos aumentado paulatinamente el número de jueces. Hoy tenemos once en materia familiar y eso ha generado que se agilicen los juicios. Podemos decir que 2015 fue el año de la consolidación de la oralidad familiar y ya se ven los resultados en cuanto a una mejor justicia y rapidez de los procesos.
¿Cuántos asuntos atiende un juez del área familiar?
En promedio, cada juez ve en Mérida alrededor de dos mil asuntos; en el interior del Estado, donde están los juzgados mixtos, se ven en materia familiar alrededor de 300 ó 400. Cerrando octubre tuvimos 10,655 asuntos. La gran carga de trabajo la tienen los jueces de Mérida, pero también se ha visto la buena respuesta del Poder Judicial para ir disminuyendo ese fuerte peso.
¿Qué se espera de las ramas familiar y penal en 2016?
Tenemos que fijarnos metas. Un juez no debe tener carga de trabajo permanente de más de 500 asuntos y los juicios no deben tardar más de seis meses. Es nuestra meta y conforme nos vayamos acercando a su cumplimiento la sociedad la verá reflejada en una justicia más rápida.
¿En qué forma se cerró el año en materia civil?
En esta materia se sigue con el sistema escrito. Hasta octubre teníamos 3,345 asuntos, con tres jueces en Mérida. Equivale a poco más de mil por juez, más los que han llegado de los juzgados mixtos del interior del Estado.
El sistema es bastante estable y se han agilizado mucho los asuntos, aunque el propio diseño del juicio civil hace que su duración sea de varios meses e incluso hasta dos años o más en casos excepcionales.
La idea es que podamos hacer una reforma procesal como hemos hecho en materia familiar, en materia penal y parcialmente en materia mercantil, para que con un sistema de audiencias basado en la oralidad agilicemos los procesos civiles.
¿Cuáles son los resultados en materia mercantil?
En materia mercantil hemos implementado también la oralidad para los juicios ordinarios de menor cuantía. Realmente han sido pocos estos juicios en el Estado, pero nos han mostrado que la oralidad puede solucionarlos en forma rápida.
Una importante carga de trabajo de los asuntos mercantiles se presenta en el sistema escrito. Tenemos un promedio de 8,000 por año. En 2015, hasta el cierre de octubre se habían iniciado más de 7,000 asuntos y esperábamos cerrar el año con cerca de 9,000, cifra superior al promedio de años anteriores.
Podemos afirmar que en materia mercantil se está al día. La carga de trabajo se resuelve el mismo año, es decir, los asuntos que se inician son los asuntos que se terminan. Creo que la materia que funciona de manera más dinámica en el sistema tradicional, en el sistema escrito, es la mercantil.
La oralidad no depende de nosotros, porque el Código de Comercio es una norma federal que aplicamos los estados. Una mayor agilidad en el procedimiento mercantil, para que toda la justicia en esta materia sea oral, dependería de reformas que haga el Congreso de la Unión.
¿Cuáles son los retos de 2016 para la justicia en Yucatán?
Bueno, el más importante es la revisión y el análisis de la normatividad civil para hacer más dinámicos los procesos. Creemos que la herramienta adecuada es la oralidad y en 2016 estaríamos revisando las normas y los códigos. Como no depende solamente del Poder Judicial, estaremos en coordinación con el Poder Ejecutivo y las instancias que tienen que ver con esa materia, como pueden ser el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública, etcétera. El Ministerio Público tiene participación en los procedimientos civiles, sobre todo cuando están involucrados menores o grupos vulnerables, como representante de la sociedad. Y el Instituto de la Defensa Pública tiene una carga importante de asesoría a los justiciables cuando se trata de procedimientos civiles. Por esa razón, la sociedad civil será invitada a que participe en los procedimientos y las reformas que se propongan a la Legislatura del Estado.
Por supuesto, esto impacta también en los recursos porque implicaría salas de oralidad, infraestructura, tecnología, etcétera, y tampoco depende solamente del Poder Judicial. (Continuará)
MAÑANA: En nuestra edición de mañana publicaremos las respuestas del magistrado Marcos Celis Quintal a preguntas sobre los siguientes temas:
—La reforma penal y el recelo de algunos sectores sociales que se quejan de supuesta tibieza al dejar en libertad a delincuentes para que lleven su proceso en libertad.
—Los menores de edad que delinquen y los procedimientos a que se les somete.
—¿Es la justicia sólo para quienes pueden pagar?
Hay que fijarnos metas. Un juez (penal y familiar) no debe tener carga de trabajo permanente de más de 500 asuntos y los juicios no deben tardar más de 6 meses
De un vistazo
Once magistrados y cuatro salas
Con once magistrados, el Tribunal Superior de Justicia del Estado consta de cuatro salas, tres de ellas colegiadas y una unitaria.
Áreas de competencia
Las salas colegiadas son: penal, civil y familiar, y mixta. La unitaria es de justicia para adolescentes.
El Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura tiene cinco integrantes. El presidente es Marcos Alejandro Celis Quintal, quien también preside el Tribunal Superior de Justicia.
La segunda parte
En nuestra edición de mañana publicaremos la segunda parte de una entrevista que concedió el magistrado Celis Quintal sobre los avances del sistema de justicia en 2015 y los pendientes de 2016.
