AL H. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN.
PRESENTE.
Los suscritos empleados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en materia penal, adolescentes y demás adscritos a los juzgados de primera instancia, en forma atenta y respetuosa, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a exponer lo siguiente:
En fecha 3 de junio del año 2016 a las 14:25 horas, presentamos un escrito, por conducto del licenciado Manuel Vales ante la Secretaria de Administración y Finanzas (Oficial de Partes) de ese Poder Ejecutivo a su cargo, el cual le reiteramos nuestra afirmación y ratificación íntegramente al contenido del mismo, en el que realizamos diversas peticiones de índole laboral al PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, y cuyas copias del propio escrito fueron entregadas tanto al PLENO COMO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO (COMISIONES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA y DERECHOS HUMANOS) y AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, TODOS DEL ESTADO para su conocimiento y efectos legales correspondientes; en consecuencia de ello, tuvimos una reunión el pasado día 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 18:00 HORAS en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, presidido por el Doctor Marcos Celis Quintal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del propio Consejo de la Judicatura, en donde entablamos un diálogo pacifico y respetuoso respecto a nuestro pliego petitorio, cuyo resultado fue que dicho Presidente, SE COMPROMETIÓ a lo siguiente:
- Contestar por escrito, a nuestras peticiones apegadas a derecho, en el término de una semana a partir de la fecha de la celebración de dicha reunión, es decir, algunas peticiones y en posteriores reuniones las restantes, hasta contestar sucesivamente todas las peticiones plasmadas en el escrito de referencia.
- Respetar nuestros derechos laborales y humanos.
- Brindarnos las herramientas necesarias para desempeñar sin problema alguno nuestra labor.
- Emitir convocatorias para concursar en las plazas para ascender a diversas categorías, que hasta la fecha, se otorgan de manera discrecional por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, hasta la presente fecha, no hemos recibido contestación alguna por parte de dichos Consejeros así como del propio Presidente, ni tampoco han cumplido con los compromisos señalados en dichos puntos.
Ahora bien, en concreto, nuestra solicitud, es con motivo, que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Doctor Marcos Celis Quintal, en la propia reunión, ante la presencia y vista de los que acudimos a la misma, nos exhibió un documento que dijo ser firmado por Usted, en el que mencionó que en este año 2016, Usted no aprobó el presupuesto solicitado por el Poder Judicial del Estado, es decir que Usted autorizó un presupuesto inferior al del 2015, por una suma de 60 millones de pesos menor, por lo cual ante tales circunstancias, es que dicho Presidente, nos indicó que era imposible que platicáramos sobre aumentos de sueldos y prestaciones laborales, al habernos reiterado que Usted no había aprobado el presupuesto en su totalidad que se había solicitado para el presente año 2016, manifestándonos asimismo, que si Usted, aprobara el presupuesto que le solicitaran para el año 2017, entonces dicho presupuesto iría enfocado en primer lugar para aumentos de sueldos y prestaciones laborales para nosotros los empleados judiciales.
Asimismo, nos permitimos comunicarle sobre el doloroso fallecimiento reciente de un compañero, el Actuario Licenciado JOSE RAFAEL DZUL TEC, que causó una gran indignación en la sociedad en general, ya que a pesar de su padecimiento crónico al traer conectado en sus riñones una sonda y bolsa especial para dializar los mismos, trabajó aún así en esas condiciones aproximadamente diez meses y hasta altas horas de la noche, es decir, conducía un vehículo para cumplir con las notificaciones en tiempo y forma que le eran encomendadas sin compensación alguna, consideramos en nuestra opinión, que se le debió otorgar un permiso especial a nuestro compañero, quien ya no se encontraba en condiciones de seguir laborando en ningún cargo, debido a que su afectación requería de cuidados especiales rodeado de un ambiente esterilizado en la medida de lo posible, por ende, al trabajar en esas condiciones, estaba en un riesgo latente de sufrir un accidente de trabajo, imagínese Usted señor Gobernador, que al estar cargando una bolsita nuestro compañero y las personas que lo veían trabajando en ese estado, era lógico que sintieran lastima e indignación, pues es inaudito que en esta época de avances en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional, se sigan cometiendo este tipo de injusticias que lastiman la sensibilidad de cualquier persona y generan una indignación tremenda, sin embargo, por razones que desconocemos, continuaba trabajando en dichas condiciones, pues la necesidad de mantener a su familia era su fuerza para seguir adelante laborando a pesar del estado de salud crónico en que se encontraba, siendo por demás vergonzoso e indignante que no se hayan tomado las medidas adecuadas para que nuestro compañero que había laborado por más de 25 años de servicio a la Institución, fuere pensionado o jubilado debido a dicho padecimiento permanente.
Igualmente, nos permitimos externarle, que varios de los suscritos empleados, principalmente en materia Penal y Adolescentes, tenemos diversos padecimientos y enfermedades de suma delicadeza y atención médica, que incluso varios han sido operados quirúrgicamente y nuestra salud está en riesgo constante, debido al estrés extenuante por la exigencia de presión y rapidez por parte de nuestros superiores para cumplir con nuestras labores, que como siempre, hemos cumplido con eficacia, ética y responsabilidad a nuestra Institución, así como de las horas excesivas de jornadas de trabajo, es decir, de noche y hasta madrugada, como consecuencia de la carga enorme de trabajo que nos es asignada, sin que se nos compense en forma alguna a ese esfuerzo o sacrificio que aportamos para la debida administración e impartición de justicia en el Estado de Yucatán, reiteramos y seguimos insistiendo que desde hace muchos años hasta la presente fecha, NO SE CUBRE EL PAGO DE HORAS EXTRAS EFECTIVAS EN LOS DÍAS DE TRABAJO DE LUNES A VIERNES, SE NOS CONDICIONA EL PAGO DE GUARDIAS ÚNICAMENTE LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS, NO TENEMOS APOYO ECONÓMICO EN COMIDAS, NI EN TRANSPORTE O GASOLINA.
“HASTA CUANDO SEÑOR GOBERNADOR SEGUIREMOS PADECIENDO TALES INJUSTICIAS Y ATROPELLOS A NUESTROS DERECHOS TANTO LABORALES COMO HUMANOS, ES POR ELLO, QUE ACUDIMOS DIRECTAMENTE A USTED, POR MEDIO DE LA PRESENTE VÍA, A FIN DE QUE AUTORICE UN AUMENTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2017 PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CON LA ÚNICA FINALIDAD QUE DICHO PRESUPUESTO SEA APLICADO PARA BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ES DECIR, FUNDAMENTALMENTE A LOS OPERADORES JURÍDICOS QUE REALIZAMOS EL TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DIRECTAMENTE EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRE TODO EN MATERIA PENAL Y ADOLESCENTES QUE SON LAS MATERIAS MÁS DELICADAS Y COMPLEJAS DEBIDO A SU PROPIA NATURALEZA, SOLICITAMOS ASIMISMO, EL PAGO DE HORAS EXTRAS EFECTIVAS DE LUNES A VIERNES, APOYOS ECONÓMICOS EN COMIDA, TRANSPORTE Y GASOLINA, AUMENTO DE SUELDO DIGNO Y DECOROSO, EN FORMA ESPECIAL A LOS TÉCNICOS JUDICIALES O ENCARGADOS DE ACTAS Y DE SALA QUIENES SOMOS LOS QUE PERCIBIMOS UN SUELDO BAJO Y REALIZAMOS MÚLTIPLES FUNCIONES DE TRABAJO, TODA VEZ QUE DESDE QUE OPERA EL SISTEMA TRADICIONAL HASTA EL ACTUAL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y ACUSATORIO, NO HEMOS RECIBIDO UN AUMENTO DE SUELDO JUSTO Y ACORDE A NUESTRO TRABAJO QUE IMPLICA RAPIDEZ, EFICACIA Y RESPONSABILIDAD, CONSIDERAMOS JUSTO Y NECESARIO DICHO AUMENTO DE SUELDO, PUES NOSOTROS EN ESPECIFICO SOMOS LOS QUE TENEMOS LA GRAN CARGA DE TRABAJO Y NUESTRAS FUNCIONES SON VITALES PARA EL DEBIDO PROCESO, PUES A PESAR QUE SOMOS PROFESIONALES EN DERECHO, NO PERCIBIMOS UN SUELDO DIGNO Y DECOROSO QUE INCLUSO ES UN DERECHO RECONOCIDO TANTO A NIVEL CONSTITUCIONAL COMO CONVENCIONAL, ESTO ES UNA REMUNERACIÓN QUE ASEGURE COMO MÍNIMO, CONDICIONES DE SUBSISTENCIA DIGNA Y DECOROSA PARA NOSOTROS Y NUESTRAS FAMILIAS, ESTO ES UN SALARIO EQUITATIVO E IGUAL POR TRABAJO IGUAL, SIN NINGUNA DISTINCIÓN, POR LO CUAL SOLICITAMOS DEVENGAR UN SUELDO POR LA CANTIDAD DE $11,000.00 ONCE MIL PESOS EN FORMA QUINCENAL EN FORMA NETA, QUE YA HEMOS MENCIONADO EN NUESTRO ESCRITO DE PETICIONES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS SUSCRITOS, LLEVAMOS LABORANDO DESDE CINCO HASTA VEINTE AÑOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LO CUAL ES EVIDENTE QUE AUN SEGUIMOS SIENDO TRATADOS CON DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL LABORAL, PUES SABEMOS QUE PUESTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVO QUE NO REALIZAN TRABAJOS JUDICIALES, DEVENGAN SUELDOS MUY SUPERIORES A LOS QUE NOSOTROS PERCIBIMOS, LO CUAL ES UNA SITUACIÓN QUE YA NO ES POSIBLE DE SOPORTAR MAS”.
Asimismo, le comunicamos, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, desde la fecha que fue creado, aproximadamente en el año 2009 dos mil nueve, las comisiones que la integran, y los consejeros que las representan, no cumplen eficazmente con sus labores señaladas en el reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la debida armonía y desarrollo de dicha Institución, esto es entre otras cosas, manejar el presupuesto asignado a dicho Consejo, en forma responsable y austera conforme a las necesidades del servicio, toda vez que nosotros los empleados judiciales somos los que realizamos el servicio directo de administración e impartición de justicia en el Estado de Yucatán en los juzgados de primera instancia, y no para las “descomunales necesidades” de los empleados y superiores administrativos, tal y como se encuentra fundamentado en el Artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que textualmente dice: “El personal de cada uno de los juzgados de primera instancia se compondrá, de jueces, secretarios, actuarios y técnicos judiciales, así como de los demás empleados que determine el pleno del Consejo de la Judicatura, conforme a las necesidades del servicio y acorde a las previsiones del presupuesto, según disponga la legislación aplicable y las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Tratándose del sistema acusatorio y oral, además de los jueces de control y de juicio oral, los juzgados se integrarán con un administrador, coordinadores de sala, coordinadores de causas, analistas, personal de atención al público, notificadores, técnicos y demás personal que establezcan las disposiciones reglamentarias, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal”; conforme a este precepto legal, tenemos que hasta la fecha, no existen analistas en los juzgados de control del sistema penal y acusatorio, a pesar de que dicho numeral lo establece, cuya categoría consiste en realizar los proyectos de sentencias en los procedimientos abreviados, pues prácticamente coaccionan a los técnicos o encargados de actas a realizar dichos proyectos de sentencia de un día para otro, sin que perciban una remuneración o compensación adicional por dicho trabajo; asimismo, se puede observar y constatar en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, que en el presupuesto de egresos 2016, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en cada una de las Comisiones de Desarrollo Institucional, Humano, Disciplina y Administración, incluyendo a la Secretaria Ejecutiva, se asignaron la cantidad aproximada de tres millones doscientos mil pesos, así como la dirección de administración y gastos administrativos del propio Consejo de la Judicatura, la cantidad aproximada de setenta y dos millones setecientos mil pesos, además que gozan de prestaciones que no percibimos, como son prima dominical, estímulos de personal operativo, y otras prestaciones que desconocemos que no aparecen desglosadas y que deberían estar publicadas conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Yucatán y sus municipios, asimismo, se puede notar y constatar que le son asignados a cada una de dichas Comisiones, la cantidad anual de $94,678.00 en combustibles para vehículos, lo cual si tomamos en cuenta que dichos Consejeros, perciben vales de gasolina en forma mensual por la cantidad de $7,660.00, luego entonces, en nuestra opinión consideramos un gasto superfluo y excesivo en dicho rubro, ya que de esa cantidad asignada en forma anual por concepto de combustibles a los Consejeros que integran dichas comisiones, bien podía ser asignada de manera equitativa a nosotros los operadores jurídicos considerando en forma específica a los Técnicos Judiciales o Encargados de Actas y de Sala, que somos los que devengamos un sueldo bajo de apenas $10,517.86 en forma mensual neto, y tomando en cuenta que la mayoría de nosotros gastamos aproximadamente $1,500.00 en forma mensual en gasolina para trasladarnos a los Juzgados de Primera Instancia y Centro de Justicia Oral ubicados en la Colonia San José Tecoh, así como los Juzgados en Materia de Adolescentes ubicado en Anillo Periférico en domicilio ampliamente conocido, dicha circunstancia merma en nuestra economía, pues bien sabemos que la vida es cada día más cara y la gasolina aumenta cada vez más, por lo que es evidente que el sueldo que percibimos apenas alcanza para lo más elemental. De igual manera, desconocemos, si dicho Consejo, ha realizado convenios con Universidades o Instituciones Académicas que nos permitan estudiar Maestrías o Posgrados a un costo accesible, lo cual resulta trascendental, para una mejor capacitación de nosotros los funcionarios judiciales, de igual manera, tampoco se han cubierto las plazas o bases que existen en los órganos jurisdiccionales o se han creado nuevas plazas, a pesar de las necesidades de la carga de trabajo que existen actualmente en los mismos, tal y como lo establece el reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en su artículo 60, fracciones VII y IX que respectivamente dicen: “Proponer al Pleno del Consejo la celebración de convenios con instituciones académicas que contribuyan a una mejor capacitación de los funcionarios judiciales”; “Proponer al Pleno del Consejo la adscripción de plazas cuando se requieran por necesidades de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales”. Asimismo, no se han implementado bases o parámetros reales para brindarnos la oportunidad de desarrollo humano para ascender de categoría, pues las que han efectuado, solo fueron ilusorias o ficticias para pretender conformarnos y mantenernos callados, esto es así, pues los que integraron en su momento las listas de actuarios, secretarios auxiliares, secretarios de estudio y cuenta (proyectistas) y secretarios de acuerdos, solo unos cuantos fueron llamados para ocupar dichos cargos y cuentan con su base correspondiente y algunos ni siquiera presentaron el examen correspondiente, es decir, privilegiados o apadrinados por los altos superiores que inclusive hasta algunos ya son Jueces actualmente, además que dichas listas de esas categorías, fueron injustamente declaradas fenecidas, a pesar de que había la necesidad de ocupar esas plazas en los órganos jurisdiccionales debido a la carga de trabajo, surgiendo de aquí la gran paradoja, eliminaron personal necesario en los Juzgados de Primera Instancia, que tenían laborando hasta un tiempo de dos años o más en algunas de dichas categorías, fueron rescindidos injustificadamente de sus cargos, alegando como excusa constante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, “FALTA DE PRESUPUESTO”, lo cual ocasiono la consiguiente sobrecarga laboral y no prescindieron de cargos irrelevantes en órganos administrativos en dicho Consejo; ocasionando con dicha acción, daños no solo al personal que cesaron de su contrato laboral, sino también a la garantía de acceso a la Justicia consagrada en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene todo usuario de los órganos de impartición de justicia, pues han contribuido a que se dilaten los procedimientos debido al poco personal que existe en los juzgados de primera instancia, y además que se nos coacciona con productividad en forma mensual, es decir, no instrumentan estimulo alguno para dicha finalidad, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su fracción XXVI, que dice: “Instrumentar estímulos a la productividad del personal del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia”; de tal manera, que esto constituye un acoso laboral hacia nosotros los empleados judiciales de los juzgados de primera instancia, que al realizar el trabajo efectivo, con las consiguientes responsabilidades asumidas y ante la excesiva carga laboral, nos hemos visto humanamente imposibilitados para cumplir en los términos fijados en la Ley en la materia y al numeral de la Carta Magna ya invocado.
Nos permitimos externarle, en el caso de los suscritos técnicos judiciales (sistema tradicional de corte mixto), o encargados de actas y encargados de sala (nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral y en materia de adolescentes), que desde hace muchos años hasta la fecha, continuamos en las mismas condiciones laborales y con el bajo sueldo que percibimos actualmente señalado con anterioridad, pues especialmente a nuestra categoría, jamás se nos ha considerado ni tomado en cuenta para aumentar nuestro sueldo, a pesar de que nuestra categoría es de vital importancia, y que tenemos seis años hasta algunos quince años o más laborando; destacando que nuestra labor implica rapidez, eficacia y responsabilidad debido a la naturaleza delicada de las múltiples encomiendas y responsabilidades precisadas en nuestro escrito de peticiones señalado, siendo, por demás indignante, como nuestros Jefes directos, así como los Magistrados que hace años fueron nuestros entonces máximos superiores, y que ahora son, los aquel entonces y actuales Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, continúan violando flagrantemente nuestros derechos humanos y laborales, al recibir por parte de ellos, un trato desigual y discriminatorio, así como acoso laboral, a pesar de que saben perfectamente la destacada y fundamental labor que desempeñamos en la Institución, que incluso algunos de ellos ocuparon dicha categoría y saben perfectamente nuestras necesidades, por lo cual consideramos, que se continua violando nuestra garantía constitucional dispuesta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en lo conducente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. De igual manera, nos permitimos, manifestarle y reiteramos, que sabemos perfectamente que existen categorías administrativas con sueldos superiores en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, toda vez que en el tabulador oficial del 2015 visible en la página electrónica de dicha Institución, los siguientes puestos o categorías: Jefe de Departamento “A”: $26,540.78; Jefe Jurídico: $26,540.78; Jefe de Departamento “B”: $23,872.69; Subjefe “A”: $21,340.57; Subjefe Administrativo: $15,505.14; Coordinador Jurídico: $15,505.14; Subjefe Administrativo “B”: $14,354.86; Analista y Analista Especializado: $14,354.86; Coordinador Académico: $14,354.86; cuyos sueldos son en forma mensual neto, desempeñando funciones simplemente administrativas, con mucho menos labores y responsabilidades de trabajo comparadas con las que tenemos a cargo, devengan claramente un sueldo superior al de los suscritos Técnicos Judiciales o Encargados de Actas o de Sala, pero por el hecho de que esos puestos administrativos fueron creados por dichos Consejeros y están a cargo de los mismos, personas como pago de favores políticos, es que tienen el privilegio de devengar mayores sueldos y diversas prestaciones que no tenemos derecho nosotros, siendo totalmente desigual y discriminatorio ese trato hacia nosotros, pues resulta injusto que a mayores funciones y responsabilidades de trabajo, se perciba un menor sueldo y que a menores funciones y responsabilidades de trabajo, se perciba un mayor sueldo.
Nos permitimos externarle respetuosamente, que en cuanto, a los suscritos Actuarios, reiteramos que no contamos con vehículos en optimas condiciones para realizar sin problema alguno nuestras labores, pues los que existen son insuficientes y están en pésimas condiciones, por lo que el riesgo de sufrir un accidente de trabajo con motivo de la labor que desempeñamos al conducir los vehículos asignados en dichas condiciones, es latente en todo momento. De igual manera, consideramos una desigualdad y discriminación evidente en perjuicio de los actuarios adscritos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, pues es de amplio conocimiento, que el monto de las pólizas de seguro que nos tienen asignado, es por la cantidad inferior de $250,000.00, en tanto que nuestros compañeros actuarios adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la suma asignada a los mismos, es equivalente a $600,000.00; lo que denota claramente una falta de equidad en la distribución del presupuesto asignado para tal rubro, y por consiguiente una clara discriminación hacia los actuarios adscritos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; manifestándole asimismo, que tampoco se nos apoya con el pago de viáticos por las horas extras efectivas de trabajo en forma foránea que implica nuestra labor.
Nos permitimos, anexarle al presente escrito, copia del oficio en el que fuimos citados para la junta que tuvimos con nuestros superiores a la que nos hemos referido con antelación, así como también adjuntamos copia del oficio en el cual el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Abogado Ángel Prieto Méndez, realizó las gestiones necesarias de mejoría de sueldos y prestaciones laborales ante el Poder Ejecutivo de aquel momento, con el cual le hacemos notar, que a comparación del actual Presidente, quien desde que ha ocupado dicho cargo, hasta la fecha, no ha realizado gestión alguna para aumentos de sueldos y prestaciones para los trabajadores adscritos al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, siendo preciso indicar, que ante la gestión del entonces Presidente Abogado Ángel Prieto Méndez, los sueldos solo se aumentaron en cuanto algunas categorías, es decir, además que se aumento una hora más de trabajo, pues el horario oficial de labores en aquel entonces era de 8:00 a 14:00 horas, no se aumento el sueldo en forma alguna a la categoría de técnicos judiciales (encargados de actas y de sala) de acuerdo a esa hora de más de labores, por lo que discriminaron nuestra vital labor y categoría, que es la columna vertebral en los juzgados de primera instancia, pues seguimos devengando un sueldo bajo para las múltiples responsabilidades y funciones laborales que tenemos a cargo, así como tampoco se implementaron los pagos de horas extras, ayuda en transporte o gasolina. Le hacemos también mención, que en este año 2016, la prestación de vales de despensa por medio de tarjetas electrónicas que nos tienen asignado en las tiendas comerciales denominadas “super aki”, no fue aumentado ningún peso, cuando en años anteriores, si aumentaban aunque no mucho, pero nos ayudaba para compensar nuestro gasto familiar, sin embargo, en este año, al no haber aumentado cantidad alguna en dicha prestación, nuestra economía se vio mermada sobre todo en los empleados que devengamos un sueldo bajo, por lo que solicitamos, que los vales de despensa que se nos proporcionen sean universales y en forma quincenal, por el monto de $1,500.00.
Asimismo, le manifestamos, que si bien en el presente escrito obran nombres y firmas de empleados del Poder Judicial del Estado de los juzgados de primera instancia, que no firmaron el escrito de peticiones laborales presentado en fecha 3 de junio del 2016, sin embargo, se adhieren al contenido íntegro del mismo, firmando en el presente escrito.
Por último, reiteramos, que no hemos recibido contestación alguna por escrito de parte de los que integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ni del propio Presidente Doctor Marcos Celis Quintal, denotándose una falta de compromiso y seriedad a nuestras peticiones por parte de nuestros superiores, consecuentemente, ha generado un gran descontento entre nosotros los suscritos, que ante las injusticias y atropellos a nuestros derechos humanos, así como laborales, que padecemos desde hace muchos años y que hasta la fecha seguimos padeciendo, ante las circunstancias señaladas y las que además se encuentran precisadas en el diverso escrito de peticiones de referencia, suplicamos atenta y respetuosamente a USTED SEÑOR GOBERNADOR su amable INTERVENCION, reiterándole que nuestra petición, es con la finalidad de que autorice un aumento al presupuesto asignado al año 2017 para el Poder Judicial del Estado, con el único propósito que a los trabajadores que devengan un bajo sueldo, así como a los operadores jurídicos que percibimos de igual manera un sueldo bajo en forma especial (técnicos judiciales o encargados de actas y de sala) que realizamos el trabajo de administración e impartición de justicia directamente en los juzgados de primera instancia, sobre todo en materia penal y adolescentes que son las materias más delicadas y complejas debido a su naturaleza, además de los pagos de horas extras efectivas de lunes a viernes, y los apoyos económicos en comida, transporte y gasolina, se nos aumente un sueldo digno y decoroso por la cantidad señalada con antelación, misma petición que realizamos en forma pacífica y respetuosa en apego a lo dispuesto por el artículo Octavo Constitucional.
En atención a lo expuesto, le solicitamos, atenta y respetuosamente nos de contestación por escrito en forma pronta sobre lo solicitado y demandado, así como en su caso, tener una audiencia personalmente con Usted, a fin de entablar un diálogo pacífico y respetuoso respecto a nuestros pliegos petitorios de referencia, por lo que en caso afirmativo, solicitamos sea fijada, hora, fecha y lugar para dicha audiencia, agradeciéndole que la misma sea un día sábado para no interrumpir con nuestras labores judiciales, señalamos como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones sobre nuestras peticiones, el predio ubicado en la calle 65-A, número 1114, Departamento-A, por 132 y 134 de la colonia Xoclan, Susula de esta ciudad de Mérida.
C.C.P. AL H. PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN, para su conocimiento y efectos legales que correspondan.
C.C.P. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN, para su conocimiento, y efectos legales que haya lugar, a fin de que intervenga y resuelva en el ámbito de su competencia.
C.C.P. AL H. PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN (CODHEY), para su conocimiento y efectos legales que haya lugar en el ámbito de su competencia, a fin de que realice los procedimientos de investigación correspondientes y en su caso realice las recomendaciones pertinentes respecto a los actos de discriminación y acoso laboral, así como a la violación a derechos humanos y laborales cometidos en los trabajadores adscritos a los Juzgados de Primera Instancia dependientes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, cuyos actos han sido descritos tanto en el escrito de peticiones que le fue entregado en oficialía de quejas, orientación y seguimiento en fecha 3 de junio del año 2016 a las 15:17 horas, así como los actos mencionados en el presente escrito.
C.C.P. AL H. TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, para su conocimiento y efectos legales que correspondan, a fin de que intervenga y resuelva en el ámbito de su competencia.
NO OMITIMOS MANIFESTAR, QUE LOS DIVERSOS EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ESTUVIERON DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE ESCRITO, PERO POR TEMOR A REPRESALIAS, NO DESEARON FIRMAR.
