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(apro).- La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y organismos civiles alertaron sobre la persistencia de la tortura como método de investigación ministerial, situación que es tolerada por el Poder Judicial a pesar de que hace un año se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con motivo de la Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura -que se conmemora este 26 de junio-, las organizaciones emitieron distintos comunicados para resaltar la gravedad del problema en México.
A pesar de que es un delito que, por lo general, es invisibilizado, organizaciones como el Colectivo Contra la Tortura y a Impunidad (CCTI) han logrado documentar que “la tortura se practica de manera generalizada, sistemática y permanente en México sin que los culpables sean enjuiciados”.
El CCTI informó que, de acuerdo con cifras de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura federal -creada en octubre de 2015-, en febrero de 2018 se “habían abierto ocho mil 335 investigaciones y ejercitado acción penal en sólo 17 casos”.
Los reportes oficiales a los que tuvo acceso el Colectivo indicaron que, en julio del año pasado, la Unidad Especializada inició mil 874 carpetas de investigación “contra integrantes del Ejército, de las cuales sólo habían judicializado cuatro casos”, siendo el litigio de Valentina Rosendo Cantú, por tortura y violación, el único que se ha conocido de una sentencia penal contra personal castrense.
Al citar a la dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), el Colectivo indicó que el año pasado, de todo el cúmulo de denuncias, sólo “ordenó la aplicación de peritajes médico-psicológicos para buscar secuelas de tortura en sólo 17 casos”.
El CCTI hizo referencia al carácter continuado del delito de tortura y al cómo se ha extendido a diferentes grupos de población, incluidos los familiares de desaparecidos, que viven una tortura permanente por no saber de sus seres queridos.
En tanto, las instituciones para atender a los afectados, entre ellas la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas (CEAV), “albergan limitaciones en sus capacidades para dar una atención integral, que atienda de manera diferenciada las necesidades de las víctimas”, por el contrario, “ha provocado su revictimización”.
El Colectivo resaltó que además de las dependencias de seguridad y justicia, en las Estaciones Migratorias mexicanas “se maltrata y tortura a la mayoría de los migrantes detenidos, de origen centroamericano principalmente”, sin que se castigue a funcionarios responsables.
Las cifras que acreditan el señalamiento refieren que de 2014 a 2016, “de cinco mil 824 delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias”, es decir, 0.84% de las investigaciones abiertas.
Por otro lado, datos oficiales señalan que en 2014 “cuatro de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años fueron víctimas de delito o maltrato”. Un año después se informó que de los delitos cometidos contra la niñez migrante “sólo aproximadamente 1.4% deriva en alguna condena”.
Tortura y cárcel: ONU-DH
Jan Jarab, representante de ONU-DH, lamentó que en México haya un alto porcentaje de la población carcelaria con denuncias por tortura y malos tratos, que hasta el 2016 era de 46%, de acuerdo con la propia Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Por ello, alentó a las autoridades a “excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos” y a considerarlas inválidas ya que “la tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito”.
Al recordar que la carga de la prueba de un delito recae en las autoridades, Jarab insistió en que “la privación de la libertad de cualquier persona debe descansar exclusivamente en la existencia de pruebas suficientes, obtenidas de manera legal y que acrediten su responsabilidad en estricto apego al principio de presunción e inocencia”.
Tras recordar que, al recurrir a la tortura como medio de prueba “socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia”, la ONU-DH alentó al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para profesionalizar sus capacidades de investigación criminal”, así como para “documentar de manera independiente los casos de tortura, investigar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y excluir las pruebas obtenidas mediante la transgresión del derecho a la integridad personal”.
Para Jan Jarab, “son los torturadores quienes deben enfrentar un proceso o estar recluidos purgando una pena, no las víctimas de tortura. Los primeros han violentado los derechos humanos, los segundos han sido violentados en su dignidad y merecen reparación”.
En un comunicado conjunto, decenas de organizaciones que integran la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), así como a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes, hicieron un llamado “a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
También exigieron a las autoridades estatales y federales “adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable”.
En el contexto del Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, las organizaciones demandaron de manera particular a los candidatos presidenciales a considerar “erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin” como un “elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana”.
Indicaron que “resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa nacional contrala tortura previsto en la Ley Genera contra la tortura”, además de que es “alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones”.
Las organizaciones hicieron un recuento de algunas “acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país”, llevadas a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Relataron que la Corte desempolvó una tesis en la que se “dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias bajo tortura, salvo que exista autoincriminación”, lo que deja abierta la posibilidad de validar “cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente”.
En cuanto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a partir de febrero de este año adoptó un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de tortura, por el que se instruye al agente del Ministerio Público que recibe la denuncia a realizar una indagatoria previa “y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviara el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos”.
Al señalar que dicho protocolo está sometido a una apelación, las organizaciones insistieron en pedir compromisos a los candidatos y exigir a las autoridades “adoptar acciones encaminadas a erradicar la tortura”.
La policía municipal de Chilpancingo regresó a las labores de vigilancia en las calles, luego de más de seis meses que dejara sus funciones por estar bajo investigación por la desaparición de siete personas del 23 al 31 de diciembre de 2017.
