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(SinEmbargo).– La Fiscalía General de Chihuahua tiene una investigación en proceso que menciona a un hijo del segundo hombre más importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones, un poderoso político mexicano, presidió esa fuerza que gobernó México desde 1929.
Beltrones, quien solicitó en enero pasado un amparo contra cualquier acción judicial, fue presidente nacional del PRI de agosto de 2015 a junio de 2016. Su segundo en el mando –y uno de sus hombres más cercanos– fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien estuvo en prisión preventiva nueve meses en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán en Chihuahua hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) sobreseyó el caso y, ahora, lleva un proceso en libertad por otro caso de presunta corrupción.
Su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez, quien también solicitó en junio una suspensión para no ser detenido, es señalado de ser el representante legal de una empresa que habría servido para triangular recursos públicos a favor del partido del ex Presidente Peña.
De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para servicios no prestados.
En entrevista telefónica con SinEmbargo, Gutiérrez Gutiérrez confirmó que su hijo forma parte de Promotora de Señalamiento Integral, la cual recibió un contrato de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua por 904 mil 579 pesos. Pero aseguró que “es mentira” que ambas compañías estén relacionada con triangulación de recursos públicos, y enfatizó que “no hay pruebas” del gobierno de Javier Corral Jurado. Solo “es interés político”.
“¿Dónde está la prueba de que se trianguló y a dónde? ¿Con quién me vi? No conocía a ningún funcionario público de Chihuahua”, dijo. “Tuvieron acceso un año a cuentas de la empresa Jet-Combustible. ¿Dónde están las pruebas de la parte donde participé yo? Mi actividad fundamental son las empresas”, dijo el ex secretario general adjunto del PRI.
Sobre las dos empresas en investigación, Jet-Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, afirmó que “son empresas constituidas, al corriente con los pagos de impuestos, con contratos legales y un contrato bastante menor […]. No estoy en Promotora. Esa es de un grupo de jóvenes con actividades en diferentes lugares”.
SinEmbargo le cuestionó si le preocupaba que su hijo estuviera bajo la lupa del gobierno de Chihuahua. “Me preocupa la distorsión de la Fiscalía de Chihuahua, cómo funciona el sistema judicial. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la seguridad de mi familia, su integridad física”, dijo. Según él, las autoridades chihuahuenses solicitaron una carpeta de fotos de su esposa e hija “que nada tienen que ver”.
“Hago responsable de la integridad física de mi familia al Gobernador de Chihuahua [Corral Jurado] y al Fiscal [César Augusto Peniche Espejel]”, declaró Gutiérrrez Gutiérrez.
El Fiscal César Augusto Peniche Espejel dijo en entrevista que en esta etapa de la investigación de la causa penal 4094/2017 no pueden referirse a una persona en particular. Agregó que no se ha exonerado a nadie ni se dejará de investigar a ninguna persona. “Hay nombres ligados a esas empresas que están dentro de la investigación, dentro de las carpetas, y desde luego su situación jurídica de estas personas, en su momento, deberá de determinarlo el Ministerio Público [la Fiscalía de Chihuahua]”, aseguró.
Sobre la suspensión de aprehensión obtenida por Alejandro Gutiérrez Gómez este verano, Peniche afirmó que “el juicio de amparo malamente ha sido utilizado como un instrumento de impunidad para aquellas personas que han cometido diversos ilícitos. Es una figura que lamentablemente ha caído en esa condición, que tiende a retardar el avance natural de los procesos. Y en este sentido, hemos sido muy cuidadosos en no trastocar la suspensión provisional, pero eso no impide que también se siga la investigación en otros aspectos de la propia carpeta”.
En mayo, Alejandro Gutiérrez Gómez tuiteó en su cuenta personal: “Responsabilizamos de todo lo que nos pueda suceder tanto a mi papá como a cualquier integrante de la familia al Gob de #Chihuahua”. Un mes después, el 28 de junio, recibió de la Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, una suspensión provisional que impide su aprehensión, reportó el periodista especializado Rubén Mosso para Milenio.
Su padre, el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, enfrenta dos procesos penales diferentes. Uno es por su presunta coparticipación en el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas declaradas por el SAT como fantasmas Samex, Despacho de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no brindados, lo cual fue atraído por la federación este año. Estas empresas no son de su propiedad.
En agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió retirar los cargos por considerar falta de pruebas, por lo que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de Chihuahua presentaron un recurso contra ese sobreseimiento. La medida sigue en curso.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por su parte, sigue investigando la posible relación con las elecciones de 2016, cuando el PRI perdió siete gubernaturas.
El segundo caso, aún investigado por la Fiscalía de Chihuahua, es por su presunta relación en el desvío de 1 millón 740 mil pesos por otra simulación de servicios que involucra empresas de Alejandro Gutiérrez padre e hijo.
LOS 1.7 MILLONES
En la audiencia pública de enero, la Agente del Ministerio Público Edith Alvírez Manquero acreditó ante el Juez de Control Alejandro Legarda Carreón que entre el 20 y 23 de diciembre de 2015, durante el gobierno del priista César Duarte Jáquez (2010-2016), la Secretaría de Hacienda estatal pagó 835 mil 420 pesos a Jet-Combustibles para servicio de traslado personal y 904 mil 579 pesos a Promotora de Señalamiento Integral para el mantenimiento general de edificios, que incluían trabajos de impermeabilización, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado y mano de obra.
“En la acusación se establece que el imputado Alejandro G. G. aportó la empresa Jet Combustibles, S.A. de C.V., de su propiedad, así como la moral ‘Promotora de Señalamiento Integral S. A. de C. V.’, de la que su hijo era el representante legal, para desviar dinero de la administración estatal”, reportó el gobierno chihuahuense tras esa audiencia.
El Fiscal de Chihuahua César Augusto Peniche expuso que ese total de 1.7 millones de pesos “es una cantidad que nosotros identificamos que forma parte de una estrategia para desviar recursos aquí en el gobierno del estado, en aquel entonces, para destinarlo para fines distintos al objetivo”.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez aseguró en la entrevista que está preparando elementos en su defensa y presentará denuncias civiles y penales para quienes resulten responsables, ya que afirmó que “la impunidad también es manipular la justicia”.
“Daré a conocer acciones contundentes en mi defensa en combate a la impunidad de quien sea”, afirmó. “Será algo bastante firme con consecuencias severas”.
“A cada acción habrá una reacción. Ya pagué nueve meses en prisión”, declaró. “De aquí en adelante es otra etapa. Me voy a defender con toda la fuerza”.
Sobre su estancia en el Centro de Readaptación Social 1 en Chihuahua, narró que estuvo 61 días en una celda sin ver la luz ni hablar con nadie, “bajo tortura para firmar una declaración contra Peña”.
“Claro que no [la firmé]. Ni contra Peña ni contra nadie. No tenía ningún contacto. Ni siquiera lo conocía”, aseguró.
Actualmente, la investigación sigue en la fase complementaria de presentación de pruebas, ya que se ha estado retrasando su curso normal, dijo el Fiscal Peniche.
“Tanto la defensa y en su momento la Fiscalía han estado, especialmente la defensa, solicitando la ampliación o la suspensión del curso normal del expediente y por su parte la Fiscalía ha estado insistiendo con el juez para que ya pueda pasarse a la etapa previa al juicio oral”, explicó.
Una vez iniciada esa fase, la Fiscalía revisará si hay más responsables, por lo que no descarta más órdenes de aprehensión.
“Hay que revisar nuevamente todas las constancias y verificar quiénes más pudieron haber intervenido, tanto intelectuales como materiales, a ver a quién más le puede parar responsabilidad este expediente”, afirmó. “Tenemos varias personas señaladas como imputados. A muchos de ellos les va a resultar orden de aprehensión”.
Desde finales de septiembre, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez vive en arraigo domiciliario presuntamente en el fraccionamiento Cima de la Cantera, en la zona residencial de Chihuahua. La renta de los inmuebles en esa área ronda por encima de los 20 mil pesos mensuales, de acuerdo con el sitio Propiedades.com.
El Fiscal César Augusto Peniche especificó que tiene brazalete, por lo que puede moverse sin salir de la ciudad de Chihuahua. “Puede estar en ese o en otro domicilio dentro de la ciudad”, afirmó.
Tiene como medidas cautelares la prohibición de salir de la capital del estado, la obligación de portar ese brazalete electrónico y el depósito de 1 millón de pesos como garantía.
“Estoy tranquilo”, contó Alejandro Gutiérrez en la entrevista. Pero, como nunca antes, se traslada en coches blindados, agregó. El sábado 1 de diciembre “elevamos las alertas de seguridad” luego de recibir una serie de llamadas anónimas.
Además de Gutiérrez Gutiérrez, hay dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua sujetos a proceso y en prisión preventiva en el mismo Cereso donde estuvo el priista. Se trata de Antonio Tarín García, ex Director de Adquisiciones, y Gerardo Villegas Mandriles, ex Director General de Administración.
“Por lo pronto hay dos ex servidores públicos que desde la Secretaría de Hacienda facilitaron este desvío de recursos, y que también participaron en el desvío de una cantidad mayor, de la que también ya sabemos que la PGR se desistió o solicitó el sobreseimiento de la causa, inexplicablemente desde nuestra óptica”, expuso el Fiscal César Augusto sobre el caso de los 1.7 millones y el de 250 millones de pesos.
LA FIRMA DEL HIJO
Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, dijo en entrevista con este medio que la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “intentó” llevarse la investigación del desvío de 1.7 millones de pesos a nivel federal. Pero el Quinto Tribunal Colegiado lo desechó este noviembre al tratarse de dos hechos delictivos distintos.
Además del caso de los 1.7 millones, el nombre de Alejandro Gutiérrez Gómez también se ventiló en la investigación del caso de los 250 millones de pesos, de acuerdo con el Consejero Espinoza Cortés.
El 9 de marzo de 2016, la Secretaría de Hacienda estatal pagó 4 millones de pesos a Jet-Combustibles, de Alejandro Gutiérrez, para la supuesta realización de un manual operativo de manejo de aeronaves, de acuerdo con lo dicho por la Agente del Ministerio Público Priscila Licón en la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez celebrada el 21 de diciembre de 2017.
Este contrato fue sumado al desvío de 246 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal, por lo cual la indagatoria se cerró en 250 millones de pesos, ya que un correo electrónico –mencionado durante una audiencia pública– fue enviado tanto a las cuatro empresas fantasma como a Jet-Combustibles.
“Hay que recordar, y eso lo manifestaron los mismos agentes del Ministerio Público de la Federación en la audiencia, que quien firmó los contratos con el estado fue precisamente el hijo de Alejandro Gutiérrez; el que firmó en representación de Jet-Combustibles”, dijo en entrevista Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua.
“Si el Ministerio Público considera que pudiera haber una responsabilidad en ese sentido, claro que tendría que ser investigado”, añadió.
EL CASO DE 250 MDP
“El entonces Gobernador estatal [César Duarte Jáquez], en reunión con otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en este caso las personas identificadas como [Antonio Tarín García], Director de Adquisiciones, [Gerardo Villegas Mandriles], Director General de Administración, así como [Ricardo Yáñez Herrera], Secretario de Educación, Cultura y Deporte, manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban”, declaró un testigo de identidad reservada que laboró de 2010 a 2016 en el gobierno duartista, citado en el Juicio de Amparo 954/2017 promovido por uno de los imputados.
En junio de 2016, doce entidades renovaron Gobernador. Luego de que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió siete estados en el proceso electoral, entre ellos Chihuahua, el dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, dejó el cargo.
El ex Secretario de Educación estatal Ricardo Yáñez Herrera y la ex Directora administrativa Karla Areli Jurado Bafidis fueron sentenciados a tres y cuatro años por las autoridades de Chihuahua por la distracción de 246 millones de pesos para supuestos talleres y un software no entregados.
El Juicio de Amparo citado revela que Karla Jurado autorizó y “actuó para [la] formalización” de los contratos, los cuales fueron firmados por Ricardo Yañez, en su carácter de Secretario de Educación, Cultura y Deporte. Las actas de adjudicación directa fueron firmadas por Antonio Enrique Tarín García, como Presidente del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, actualmente vinculado a proceso al igual que Villegas Mandriles, ex Director general de adminsitración.
LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
En enero de 2018, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo el caso de los 250 millones luego de una denuncia del Partido Acción Nacional y de Morena por presunta financiación irregular para fines electorales.
Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade desde diciembre de 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo que se sigue en proceso de investigación, pero no puede dar detalles para no violar la presunción de inocencia, ya que el esquema del Sistema de Justicia Penal Acusatorio “es demasiado estricto”.
“Si nosotros en algún momento dado hacemos valoraciones de cómo va el tema, podemos afectar el debido proceso y esto no lo vamos a hacer como una institución seria. Lo que puedo decir es que es una investigación que está en proceso y nosotros en el ámbito de nuestra competencia vamos a seguir investigando hasta su conclusión”, declaró una semana antes del término del sexenio de Peña Nieto.
A diferencia de la investigación de seis meses en Chihuahua por la que se sentenciaron a dos ex funcionarios públicos, la Fepade ha tardado casi un año. “Nosotros obviamente requerimos de mayor información y cada una de las etapas procesales las estamos cumpliendo por lo establecido por la ley”, justificó el Fiscal.
No obstante, en entrevista a parte, la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, no descartó que atraer el caso a nivel federal se trata de “una estrategia legal” para frenar la investigación que la entidad ejercía y no continuar indagando.
Olmos destacó que los argumentos para atraer el caso a nivel federal no tuvieron sustento y, además, en materia de competencia, el Juez federal debía ser de Chihuahua en vez de la capital del país.
Aunque consideró relevante la sentencia de los dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación estatal por cuatro y tres años respectivamente, destacó que es una pena muy baja considerando que se trata de corrupción.
Jorge Espinoza, Consejero Jurídico de Chihuahua, coincidió en que la federación atrajo el caso de manera “ilegal, irregular, viciada y sobre todo manipulada” y, consideró, hubo una intervención de la Presidencia de la República, a través de la PGR, para proteger al ex Secretario adjunto del PRI.
“Vimos claramente dos cosas: la intervención de la Presidencia de la República, del Poder Judicial de la Federación, porque realmente fue una maniobra. Se pretendió federalizar el caso para que no pudiera ser juzgado en el estado de Chihuahua. Obviamente el interés de ellos era llevarse el asunto, pusieron a un Juez de modo, que era el juez [Gerardo] Moreno”, dijo.
“El juez Moreno desconoció a Chihuahua su calidad de víctima e hizo una serie de atrocidades lléndose al extremo de pretender llevárselo [a Alejandro Gutiérrez] físicamente hasta el Reclusorio Norte”, denunció.
El 23 de mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cambió de adscripción al Juez federal Gerardo Moreno García, de administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a un Centro del estado de Chiapas.
Entonces, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, tomó el caso de Alejandro Gutiérrez. El 31 de agosto, en una audiencia, sobreseyó la causa penal a solicitud expresa de los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), que optaron por retirar los cargos al ex secretario general adjunto del PRI.
“Nosotros vemos claramente la maniobra por parte de la PGR para solicitar el sobreseimiento ante el supuesto que no había las pruebas suficientes para procesar a Alejandro Gutiérrez”, aseguró el Consejero Judicial Jorge Espinoza. “No obstante que dentro de esa investigación son cinco personas que están en esa carpeta de las cuales dos ya están sentenciados y dos vinculados, y en el caso de Alejandro Gutiérrez, extrañamente no hubo elementos según la PGR”.
Respecto a lo que ve como protección federal, añadió:
“Es evidente la protección que tiene Alejandro Gutiérrez. Él era Secretario adjunto en el Comité Ejecutivo nacional del PRI, en la Presidencia de [Manlio Fabio] Beltrones. ¿Qué significa? Pues que es una pieza importante política en estructura del priista y que operó desde nuestro concepto la operación financiera para las elecciones de 2016 y es por eso que tiene tanta protección: por el nivel dentro del mismo PRI, y la cercanía con el mismo Beltrones, y a su vez, Beltrones con el Presidente Enrique Peña Nieto”.
Para el Consejero Jurídico de Chihuahua Jorge Espinoza, se debe reforzar el Sistema Anticorrupción mediante mayor especialización a jueces y agentes de los Ministerios Públicos locales y federales para perseguir este tipo de delitos.
“Esperamos de entrada que realmente se haga justicia en este caso. Nosotros confiamos en que el nuevo Gobierno [federal] no intervendrá a favorecer a ninguna de las personas vinculadas con el PRI. Creemos que eso le bajará presión al Poder Judicial de la Federación para que resuelva con base en las constancias de los expedientes y la responsabilidad de cada quién”, afirmó.
