(Proceso).- Los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados lamentan que la CNDH haya tardado cuatro años en emitir la recomendación 15VG/2018 sobre el caso Ayotzinapa, que manchó la administración de Enrique Peña Nieto. Ellos denuncian que el voluminoso documento incluye versiones ya conocidas e insostenibles y deja a su sucesor la tarea de “enderezar las indagatorias”. Para Mario Patrón, director del Centro Prodh, lo deseable es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombre un fiscal autónomo que trabaje junto con los agraviados en el diseño y creación de una Comisión de Investigación.
Setenta y dos horas antes de que Enrique Peña Nieto dejara la Presidencia de la República, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer en conferencia de prensa la recomendación 15VG/2018 en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los familiares de las víctimas –que no fueron invitados al evento– consideran el documento poco útil, pues, dicen, se deriva de un “cálculo político (del organismo) más que una respuesta a la exigencia de verdad” que ellos, los alumnos de la normal Rural Isidro Burgos, activistas y la sociedad en general demandan desde hace cuatro años.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los padres de los normalistas desaparecidos, sostiene que ese caso marcó la administración de Peña Nieto y es emblemático, pues “representa a miles y miles de desaparecidos en México, el ADN más corrupto e impune de un gobierno; es muestra de una asociación entre el poder político y el crimen organizado”.
Tuvieron que pasar cuatro años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diera a conocer su recomendación 15VG/2018. El ómbudsman González Pérez y el personal encargado de la Oficina Especial para el Caso Iguala tardaron nueve horas en exponer el contenido del documento de 2 mil 177 páginas.
Al final, dieron vida a la “versión histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual el basurero de Cocula y el río San Juan fueron el destino final de los normalistas, aun cuando esa hipótesis fue sepultada hace dos años en los informes difundidos, entre otros organismos, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
