Noticias de Yucatán.
El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por vía de un acuerdo presidencial y no con una reforma a la Constitución, se perfila como una decisión de carácter inconstitucional pues se salta al Congreso de la Unión, consideraron académicos especialistas en derecho constitucional, activistas y defensores de derechos humanos.
La mañana de este lunes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo:
Les adelanto, por lo mismo, que ya por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma.
De manera independiente, los entrevistados también criticaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidente, Arturo Zaldívar, por aun no haber resuelto aun diferentes casos entorno a la Guardia Nacional.
Javier Martin Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró: “Se trata de una propuesta que a todas luces es inconstitucional, porque el artículo 21 de la Constitución señala con toda claridad que la Guardia Nacional será de carácter civil y que estará adscrita a la secretaría de seguridad pública, por lo tanto que sea un organismo civil es un mandato constitucional. El presidente sabe que la Guardia no puede estar adscrita la Defensa Nacional y tan lo sabe, que ha dicho que enviaría una propuesta para hacer una reforma constitucional pero al ver que al parecer no hay condiciones, quizá por la moratoria de la posición o porque su prioridad es la reforma electoral, ha optado por lo que ya ha hecho varias veces en su gestión, que es ignorar lo que dice la constitución”.
La decisión, explicó el académico de la UNAM, es una estrategia que el presidente ya ha usado. “Aunque sabe que es abiertamente inconstitucional, lo emite para poder tomar las decisiones que quiere, y que eso sea resuelto por los tribunales, pero como los tribunales son lentos en este tipo de asunto, pues el presidente gana tiempo”.
Por su parte, Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Región Centro, en Aguascalientes, dijo: “estamos ante el episodio mas claro y burdo de que el régimen presidencial del PRI está en plena restauración y la Constitución es mera simulación nuevamente”. A su juicio, la decisión del presidente de integrar la Guardia Nacional a la Sedena por medio de un acuerdo viola “flagrantemente la Constitución”.
“(El presidente) ya vio que no puede cambiarla a contentillo, sin la colaboración de la oposición. Es el burdo desprecio por el sistema de frenos y contrapesos constitucionales: la oposición será minoritaria, pero existe, y constitucionalmente tiene la posibilidad y la función de negociar o bloquear las reformas constitucionales, pero el Presidente no acepta frenos, ni contrapesos, ni limites constitucionales. Esto sucede porque el presidente está envalentonado por la complicidad y sumisión de Zaldívar y la Corte, quienes han sido negligentes al mantener en la congeladora la totalidad de los casos sobre militarización que están ante ella”.
Para Leopoldo Maldonado, director de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, dijo que el anuncio de López Obrador elude el debate legislativo y a todas luces es inconstitucional.
“La reforma constitucional de 2019 mantenía para la Guardia Nacional el mando civil, pero eso en los hechos nunca se cumplió, se eludió. La primera luz de alarma fue el acuerdo presidencial que mantenía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024, acuerdo que fue impugnado y que no ha sido revisado por la Corte. Y ahora este acuerdo presidencial vulnera la Constitución, en los términos en que se reformó en 2019 y da vuelta a un debate necesario, que es la profundización de la militarización en la seguridad pública”, dijo Maldonado.
José Antonio Guevara, director adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consideró que el acuerdo presidencial violaría también el artículo 129 constitucional, que dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden desempeñar otras tareas sino las propias de la disciplina militar.
“Se estaría violando la jurisprudencia la Corte Interamericana, pues las Fuerzas Armadas no pueden estar involucradas en asuntos de investigación e impartición de justicia, pues la Guardia Nacional tiene ciertas atribuciones en investigación de delitos, por lo que se estaría militarizando también esas funciones de procuración e investigación de justicia”, explicó.
Guevara recordó que la propia Ley que dio origen a la Guardia Nacional está en disputa en la Corte, pero no ha sido resuelto por la Corte, así como el acuerdo que establecía que este organismo estará en funciones hasta 2024.
“Hemos visto que el presidente, mediante decretos, está tratando de cambiar preceptos legales en contra de las propias facultades del Congreso”, agregó.
Javier Martin Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró: “Se trata de una propuesta que a todas luces es inconstitucional, porque el artículo 21 de la Constitución señala con toda claridad que la Guardia Nacional será de carácter civil y que estará adscrita a la secretaría de seguridad pública, por lo tanto que sea un organismo civil es un mandato constitucional. El presidente sabe que la Guardia no puede estar adscrita la Defensa Nacional y tan lo sabe, que ha dicho que enviaría una propuesta para hacer una reforma constitucional pero al ver que al parecer no hay condiciones, quizá por la moratoria de la posición o porque su prioridad es la reforma electoral, ha optado por lo que ya ha hecho varias veces en su gestión, que es ignorar lo que dice la constitución”.
La decisión, explicó el académico de la UNAM, es una estrategia que el presidente ya ha usado. “Aunque sabe que es abiertamente inconstitucional, lo emite para poder tomar las decisiones que quiere, y que eso sea resuelto por los tribunales, pero como los tribunales son lentos en este tipo de asunto, pues el presidente gana tiempo”.
Por su parte, Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Región Centro, en Aguascalientes, dijo: “estamos ante el episodio mas claro y burdo de que el régimen presidencial del PRI está en plena restauración y la Constitución es mera simulación nuevamente”. A su juicio, la decisión del presidente de integrar la Guardia Nacional a la Sedena por medio de un acuerdo viola “flagrantemente la Constitución”.
“(El presidente) ya vio que no puede cambiarla a contentillo, sin la colaboración de la oposición. Es el burdo desprecio por el sistema de frenos y contrapesos constitucionales: la oposición será minoritaria, pero existe, y constitucionalmente tiene la posibilidad y la función de negociar o bloquear las reformas constitucionales, pero el Presidente no acepta frenos, ni contrapesos, ni limites constitucionales. Esto sucede porque el presidente está envalentonado por la complicidad y sumisión de Zaldívar y la Corte, quienes han sido negligentes al mantener en la congeladora la totalidad de los casos sobre militarización que están ante ella”.
Para Leopoldo Maldonado, director de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, dijo que el anuncio de López Obrador elude el debate legislativo y a todas luces es inconstitucional.
“La reforma constitucional de 2019 mantenía para la Guardia Nacional el mando civil, pero eso en los hechos nunca se cumplió, se eludió. La primera luz de alarma fue el acuerdo presidencial que mantenía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024, acuerdo que fue impugnado y que no ha sido revisado por la Corte. Y ahora este acuerdo presidencial vulnera la Constitución, en los términos en que se reformó en 2019 y da vuelta a un debate necesario, que es la profundización de la militarización en la seguridad pública”, dijo Maldonado.
Protesta en el Senado.
José Antonio Guevara, director adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consideró que el acuerdo presidencial violaría también el artículo 129 constitucional, que dice que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden desempeñar otras tareas sino las propias de la disciplina militar.
“Se estaría violando la jurisprudencia la Corte Interamericana, pues las Fuerzas Armadas no pueden estar involucradas en asuntos de investigación e impartición de justicia, pues la Guardia Nacional tiene ciertas atribuciones en investigación de delitos, por lo que se estaría militarizando también esas funciones de procuración e investigación de justicia”, explicó.
Guevara recordó que la propia Ley que dio origen a la Guardia Nacional está en disputa en la Corte, pero no ha sido resuelto por la Corte, así como el acuerdo que establecía que este organismo estará en funciones hasta 2024.
“Hemos visto que el presidente, mediante decretos, está tratando de cambiar preceptos legales en contra de las propias facultades del Congreso”, agregó.
