En tan sólo dos años y gracias al trabajo coordinado con el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y al apoyo de diversas instituciones y el Gobierno Federal, el Fideicomiso Provivah ha permitido a 1,375 familias de escasos recursos contar con un patrimonio propio, manifestó su director general, Armando Reza Becerril.
De hecho, aseguró, antes de que concluya 2010 se habrán entregado 845 viviendas en Mérida, que forman parte de las acciones de este año, y para el próximo hay la intención de seguir edificando más casas, pero ahora se centrarán las acciones en Progreso con una cantidad importante por definir, para reubicar a familias que se encontraban asentadas en la ciénaga.
“Nosotros estamos dispuestos y listos para trabajar pero tengo entendido que el gobierno del Estado necesita realizar primero algunos trámites y acciones para que se pueda comenzar la edificación de las viviendas”, comentó.
Reza Becerril fue entrevistado momentos antes de la reunión de trabajo que sostuvo con el director general del IVEY, Antonio Humberto Gómez Mendoza, en la que abordaron asuntos relacionados al nuevo Programa de Zonas de Alto Riesgo y al seguimiento del programa de 300 viviendas que en coordinación con Fonhapo y el Ayuntamiento de Mérida –además de la aportación económica en infraestructura, la Comuna contribuye con la agilización de trámites-, se realizan en San José Tzal. Momentos antes de la reunión, el presidente del Fideicomiso Provivah y el director general del IVEY realizaron un recorrido por San Luis Sur Dzununcán para conocer los terrenos donde se construirán 340 viviendas de la segunda etapa del Programa de Reubicados de Zonas de Alto Riesgo, cuya primera piedra se colocará este martes 14 del presente mes.
También visitó el polígono de San José Tzal, a fin de conocer el avance de las 300 viviendas que se construyen dentro del programa “Tu Casa 2010”, con apoyo del Ayuntamiento de Mérida, que encabeza la arquitecta Angélica Araujo Lara, ex directora del IVEY.
Reza Becerril recordó durante la entrevista que desde hace unos cinco años el Fideicomiso tenía intención de trabajar en Yucatán y en particular en Mérida, porque había varios donadores interesados, pero fue hasta que Ivonne Ortega Pacheco asumió el Gobierno del Estado cuando se tuvo una respuesta inmediata a ese ofrecimiento y más ahora que el Gobierno Municipal está en manos de una persona que es conocedora de los programas de vivienda, como lo es Araujo Lara.
Esto se tradujo que en el 2009 se edificaran 530 viviendas, 250 en Santa Cruz Palomeque y 280 en la colonia “La Guadalupana”.
Este año el programa contempla 845, las primeras 205 ya entregadas en la colonia ·”Emiliano Zapata Sur III”, 300 en la segunda quincena de octubre en San José Tzal y las 340 restantes a más tardar en la primera semana de diciembre, en San Luis Sur Dzununcán. En este segundo semestre, la construcción de viviendas es más ágil debido a la intervención del Ayuntamiento de Mérida.
“Antes de Navidad esas familias ya no pedirán posada, sino que ahora ellos la darán”, comentó, al resaltar que en estas acciones tienen un papel fundamental las Fundaciones Televisa y Ara, el grupo GNP-Seguros y el Club Rotario.
“Parte del apoyo de Televisa es la difusión del proyecto y prueba de ello es que durante varios meses de habló de “Un gol por Mérida” en todos los partidos transmitidos por televisión”, indicó.
Reza Becerril manifestó por último que con este tipo de acciones que realiza el Fideicomiso se demuestra que la sociedad civil puede trabajar coordinada y armónicamente con los tres niveles de Gobierno en acciones concretas, en este caso vivienda, que beneficien a la gente que más lo necesita.
Benefician a mil 375 familias
Espera la respuesta al amparo
Se espera que hoy miércoles el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva en definitiva sobre el amparo que solicitó el abogado Pablo Loría Vázquez contra consejeros del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip).
—Generalmente a los integrantes de ese colegiado les lleva de tres a cuatro meses analizar y resolver ese tipo de casos, de modo que pronto sabré su decisión sobre mi demanda —dijo Loría Vázquez, quien como informamos fue destituido como secretario ejecutivo del Inaip.
—Pedí el amparo el 28 de septiembre de 2009 porque se violaron derechos constitucionales —señaló—. No me permitieron participar en el proceso realizado para retirarme del cargo y no se respetaron mis derechos de audiencia y de petición.
—El Juzgado Cuarto me dio la razón, resolvió a mi favor porque consideró que sí hubo esas faltas. Se ordenó reinstalarme en mi cargo, pagarme los salarios adeudados y repetir el proceso para decidir si continúo o no en el puesto de Secretario Ejecutivo.
Sin embargo, los consejeros del Inaip pidieron revisar el caso ante el Tribunal Colegiado. La jueza Elvira Pasos Magaña es quien propondrá la resolución respectiva a los otros dos integrantes de esa instancia judicial que son Luis Cortés y Antonio Ayala.
Por cierto, los integrantes de esa segunda instancia son los mismos que atendieron el caso de la C.P. Lolbé Carrillo Jimémez, ex directora de la Japay.
Principal logro: castigar a funcionarios corruptos
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, presentó ayer ante funcionarios, académicos, empresarios y políticos yucatecos un recuento de los logros más importantes que la dependencia ha tenido en este año.
Uno de los aspectos en que la SFP ha puesto mayor énfasis es en la cultura de la sanción social a los servidores públicos que cometen actos de corrupción. El programa “Usuario Simulado” ha fortalecido la estrategia ya que hasta este momento se ha detenido a 55 servidores públicos descubiertos en flagrancia.
Dijo que el gobierno ha dejado de pensar en sí mismo para ahora hacerlo en beneficio de sus ciudadanos y con esto cerrar espacios a la corrupción.
“Al que pesque no se me va ir”, dijo Vega Casillas, al dejar en claro que la SFP aplicará la ley contra los servidores públicos que cometan actos corruptos.
Al evento celebrado en el salón Ek Balam del Centro de Convenciones Siglo XXI acudieron, entre otros, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la alcaldesa Angélica Araujo Lara, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado Ángel Prieto Méndez, la subsecretaria de la Contraloría estatal Lorena Espinoza Rodríguez, la presidenta de la Comisión de vigilancia de la cuenta publica del Congreso del Estado, Martha Leticia Góngora Sánchez, el vicepresidente de Coparmex, Antonio Walker Olvera, y su homólogo de la CMIC, Tuffy Gáber Flores, entre otros.
El funcionario federal habló también del combate a la delincuencia, los problemas que los usuarios enfrentan en el IMSS y en el Issste y la labor que la secretaría a su cargo ha tenido qué hacer para cambiar esta “cultura de la corrupción”.
Dijo que se han ahorrado 134 mil millones de pesos en operación del gobierno, lo que equivale a lo que se invierte en su totalidad en el programa Oportunidades o en el Seguro Popular. “Esto significa que se cuida el dinero de los mexicanos con finanzas responsables”.
Después de ese acto el secretario de la Función Pública visitó el Diario y concedió una entrevista que reproducimos en la sección Nacional-Internacional.
Desaparece equipo del Carnaval
La secretaria ejecutiva del comité, Ana Laura Carrillo Esquivel, sometió ante el consejo la solicitud de respaldo económico ante la “desaparición” de dichas estructuras necesarias para la operatividad de los festejos.
Durante la sesión, en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, el empresario expuso que en el inventario de estas vallas y tramos de gradas se quiso dar de baja para regularizar el proceso de entrega-recepción de bienes al actual gobierno municipal.
Indicó, como consta en un escrito con firma de recibido, que el tema se trató en la última sesión del Consejo del Comité del Carnaval de la anterior administración municipal, el 11 de junio de 2010, en la que estuvo presente como representante de la Canaco Servytur.
En esa ocasión, recordó, se sometió a consideración del comité dichas vallas y gradas, ya que, de acuerdo con lo expuesto por el secretario ejecutivo, Sergio del Ángel Solís, al no tener un lugar propio para salvaguardar dichos activos se resguardaron en la Planta de Composta y el Banco de Materiales, que son áreas sin seguridad.
Manuel Castillo dijo que en aquella ocasión se les propuso a los integrantes del consejo la baja de dichos faltantes para regularizar el proceso de entrega recepción a la nueva administración municipal, lo que fue rechazado.
El comité resolvió no aprobar la baja del faltante y presentar en el acto de entrega-recepción de bienes el resguardo con la cantidad total de gradas y vallas, sin descontar el
faltante, incluyendo la denuncia ante el Ministerio Público.
Por ello, la actual secretaria ejecutiva Ana Laura Carrillo sometió ante el consejo la solicitud de un apoyo económico del Ayuntamiento para adquirir las nuevas vallas y gradas.
La solicitud fue aprobada por unanimidad, al igual que la propuesta de nombrar a la contadora pública Carmen Lutiner Rodríguez Moguel como secretaria de finanzas del comité permanente y la facultad de firmar cheques en forma mancomunada para mejorar la operatividad y transparencia.
El consejo autorizó por unanimidad la propuesta de modificar el organigrama del comité del Carnaval, para crear la coordinación de mercadotecnia y relaciones públicas, de carácter permanente, y el de auxiliar operativo, de carácter eventual.
Se nombró al oficial mayor del Ayuntamiento, Antonio Aldana Castro, apoderado especial del comité, en representación de sus miembros, para visar y autorizar adquisiciones y gastos.
En la sesión estuvieron también el director de Tesorería y Finanzas, Carlos Bastarrachea; el secretario del Ayuntamiento, Santiago Altamirano; los regidores Álvaro Lara Pacheco y Kathia Puerto Manzanilla, así como Ismene Castro Baduy, representante de la Secretaría de Fomento Turístico.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara informó que ya se solicitó al Ministerio Público la información relacionada con la denuncia, ya que, dijo, hay un desfase de dos meses desde que se detecta el faltante hasta que se pone la denuncia, lo cual no hizo público la pasada administración, y dijo que los dos millones de pesos que se solicitaron se destinarán a la compra de un kilómetro 200 metros de vallas faltantes y a que inicie operaciones el Comité del Carnaval.
Entre miseria y esperanza
Con la esperanza de un futuro mejor, 80 familias dejaron hace dos años los terrenos que invadieron en el sur de Mérida y fueron a vivir a un asentamiento que les otorgó el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), al cual nombraron San Luis Sur Dzununcán.
Dos años después siguen viviendo en la miseria, pero esperanzados en que el gobierno estatal les construya los pies de casa que les prometió.
En la colonia no hay calles pavimentadas, hace unos meses llegó el servicio de energía eléctrica y agua potable, pero no para todos, sólo para aquellas personas que pagaron los contratos correspondientes.
A pesar de la falta de esos servicios, el ánimo de los habitantes de la zona no decae, porque sueñan con tener un patrimonio sólido.
En la colonia, localizada a escasos 300 metros del Anillo Periférico, rumbo a la comisaría de Dzununcán, la mayoría de los habitantes son madres solteras, mujeres divorciadas y personas de la tercera edad.
Las casas están construidas con palos, maderas, láminas de cartón y de zinc, lonas, nailon y ropa vieja. Incluso, están amarradas con sogas cruzadas para evitar que se las lleve el viento.
En la zona proliferan las moscas debido al fecalismo. También hay culebras, alacranes, tarántulas y otras alimañas.
En endebles casas viven hasta seis personas. Al menos ocho familias ya tienen casas firmes de bloques y en las puertas de esas casas hay autos usados.
Según los vecinos, desde que se pasaron a vivir a esa zona el IVEY ha llevado al cabo un proceso de asignación de lotes, pues las personas que no los habitaron de inmediato perdieron ese pedazo de tierra, que mide ocho por 20 metros.
Sin embargo, algunas mujeres han abandonado sus casas porque han sido víctimas, unas de ataques sexuales y otras de asaltos y robos.
“Hace unos días llegó gente del IVEY para hacer una lista de las personas a las que les tocaría un “pie de casa”; dijeron que en diciembre ya estarían listos, pero hasta no ver no creer, porque cuando la alcaldesa Angélica Araujo era directora del IVEY nos prometió casas emergentes, pero aquí nunca se construyeron”, dijo María Concepción Pech Cob, quien es madre soltera de tres niños y tiene que dejarlos al cuidado de sus vecinas para ir a trabajar.
Penurias La situación precaria de esa gente se refleja todos los días.
Candelaria Pool Estrella tiene seis hijos, su esposo es el único que lleva dinero a la casa, es albañil y sólo gana $800 a la semana, cuando tiene trabajo. Agustín Aguilar Aquino, de 60 años, también es albañil y vive con su hija, pero su casa apenas es un “esqueleto” comparada con la de sus vecinos, pues no logra conseguir un trabajo para “forrarla”.
“Espero que me toque 'pie de casa' porque la verdad sí estoy amolado”, señaló.
La alcaldesa dice que aún no hay contrato: el PAN pide investigar
Los espectáculos anunciados por la Comuna de Mérida y las contradicciones en los precios que se pagan a los artistas dieron pie ayer a distintas reacciones.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara indicó que aún no se firma el convenio para la actuación de Sasha Sokol y dijo que lo presentado al Cabildo para su aprobación fue el convenio para contratar a la empresa encargada de los conciertos, en noviembre.
También indicó que la cifra presentada incluye las actuaciones de la artista, transporte de músicos, técnicos, alimentos, hospedaje, impuestos, etc.
Ayer mismo, Luis Canto García, coordinador de la bancada panista en el Cabildo, dijo que la presidenta municipal debe aclarar los presuntos costos inflados en la contratación de Sasha Sokol y Ely Guerra.
Otro regidor panista, Kirbey Herrera Chab, pidió que sea cesado el responsable del lío sobre el concierto de Sasha Sokol.
Entrevistada en el Palacio Municipal, en relación con el desmentido que la empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. (Ocesa), hizo sobre la presentación de Sasha Sokol el 20 y el 21 de noviembre, la edil dijo: “El Cabildo aprobó un convenio presentado por la Dirección de Cultura, cuyo titular, Roger Metri Duarte, es alguien con la experiencia necesaria y quien por su desempeño permanece al frente de dicha área”.
Lo que se estipula en el convenio, añadió, no sólo es la actuación de la cantante sino toda una serie de servicios que van desde gastos de transportación de ella, su grupo, su equipo técnico e instrumentos, además de viáticos y hospedaje por el tiempo convenido para cada evento.
“Sin embargo, mi vocación es estar siempre pendiente de cualquier señalamiento que se realice”, indicó.
“Por eso he girado instrucciones al director de Cultura para que revise muy bien cada una de esas condiciones y servicios estipulados en ese paquete de servicios propuesto al Cabildo, antes de realizar cualquier tipo de acción o firma”, agregó.
Si hay una mejor opción, afirmó, está abierta a considerarla.
En el caso de Ely Guerra, dijo, no conocía al momento de la entrevista, al término de una gira, si ya se había firmado convenio, pues su actuación está programada para el jueves 16, pero de igual manera en este paquete de servicios se incluyen traslados, impuestos y música.
“Nosotros no daremos ningún peso más de lo incluido en ese convenio, y eso nos garantiza el mejor espectáculo, pues el Ayuntamiento de Mérida tiene como política la transparencia, pero también la honestidad y la optimización de costos en todas las contrataciones que realiza, sobre todo cuando se trata de espectáculos para el pueblo”.
Angélica Araujo dijo que estos eventos “se dan en el ánimo de enaltecer y significar los festejos del Bicentenario, que este año se celebran y van de la mano con una determinación federal de que en cada uno de los estados se realicen lo mejor posible”.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara debe aclarar públicamente los presuntos costos inflados en la contratación de las artistas Sasha Sokol y Ely Guerra, exigió el coordinador de la bancada del PAN en el Cabildo meridano, Luis Canto García.
El Diario, recordó, informó que Sasha Sokol no actuará en Mérida los días 20 y 21 de noviembre y también que cobra “muchísimo menos” que los casi $1.4 millones que autorizó pagarle la mayoría priista en el Cabildo, en sesión del viernes.
La investigación del Diario arrojó también que Ely Guerra cobra por actuación 120,000 pesos más IVA, no más de 400,000 pesos que aprobaron los regidores priistas, encabezados por Angélica Araujo.
El PAN votó contra ambas contrataciones, porque a sus regidores les parecieron muy elevados esos costos.
La alcaldesa tiene que explicarnos a dónde van a parar esos recursos de más, reiteró Canto García, según información obtenida de un comunicado.
El coordinador panista señaló que la Contraloría municipal debe tomar cartas en el asunto.
“No se trata sólo de querer investigar el pasado, también hay que investigar lo que está pasando actualmente, prácticamente frente a nuestras narices”, indicó.
“Una de las funciones de los regidores es cuidar el dinero público y es lo que los panistas nos hemos propuesto realizar en este Cabildo.
“Los regidores priistas tienen que explicarnos a todos los meridanos por qué aprobaron cifras infladas. No cumplen su tarea de investigar y todo le aprueban a la alcaldesa”.
El Ayuntamiento, continuó, no debe malgastar recursos que le corresponden a los meridanos, menos en una situación de crisis como la que se vive desde el año pasado en todo el mundo.
“El dinero debe cuidarse. Angélica Araujo debe ahorrar recursos para el subsidio a los camiones, si es que todavía piensa cumplir su promesa de campaña de una tarifa de camión de 2.50 pesos”.
Por su parte, el regidor Kirbey Herrera Cab pidió que sea cesado el responsable del lío sobre el concierto de Sasha Sokol.
En este caso, consideró, los directamente involucrados son Gaspar Quintal Parra, director de Gobernación, y Roger Metri Duarte, titular de Cultura.
Este último, agregó, es quien habría propuesto contratar a la ex integrante del grupo Timbiriche, y el otro funcionario es quien estaría a cargo de los aspecto legales del asunto.
Quintal Parra habría analizado la factibilidad, investigado al promotor o terciario y revisado si los costos de la presentación eran acordes con la realidad. Con base en ello se presentó el plan al Cabildo para que este lo aprobara.
—Si la propuesta llegó al Cabildo es porque ya tenían todo amarrado —agregó el concejal—. La pregunta es quién ganaría con los precios inflados que se pretendían pagar.
—Desde un principio los regidores panistas nos opusimos a esto porque no teníamos certeza jurídica sobre la personalidad del promotor Giménez Montemayor, y además consideramos excesiva la tarifa presentada.
—En este asunto hay dos involucrados directamente, y el que resulte responsable de estas irregularidades debe ser despedido.
El “carpetazo” electoral, fuera de la ley, dicen
Es ilegal el “carpetazo” a las quejas electorales; no se apega a las leyes. Por lo menos no encuadra en las causales para declarar el sobreseimiento, de acuerdo con analistas jurídicos electorales.
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado considera el sobreseimiento de las quejas con disposiciones de los artículos 357 y 358.
Entre las causales que marcan esos artículos no figura la falta de interés jurídico, como argumentó el secretario ejecutivo del Consejo Electoral, Alejandro Góngora Méndez, para declararlas sobreseídas.
Según el artículo 358, el sobreseimiento de la queja o denuncia procede cuando, admitida la queja, sobreviene alguna improcedencia.
O cuando el denunciado sea un partido político que luego de admitida la queja o denuncia pierde su registro, o cuando el denunciante se desista por escrito, siempre y cuando lo exhiba antes de aprobarse el proyecto de resolución, y que por el avance de la investigación no se trate de una imputación de hechos graves ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
La improcedencia de que se habla al principio de este artículo, según las causales que establece el 357, surge en estos casos: Cuando son quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido, o el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico.
También cuando no se agoten previamente las instancias internas del partido denunciado si es sobre presuntas violaciones a su normatividad interna.
Y luego se mencionan otros conceptos que en nada se parecen a lo argumentado por Alejandro Góngora.
El sobreseimiento de las quejas electorales sólo puede proceder en términos del artículo 358 de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales del Estado, y eso no se cumplió en algunas de las que se le dio el “carpetazo”, según analistas jurídicos electorales.
Señalaron que las causales de improcedencia que establece el artículo 357 de la misma ley tampoco estuvieron en algunas quejas, por tanto no debieron ser declaradas sobreseídas.
Tampoco son aplicables porque las quejas no se refieren a la vida interna de algún partido que pudiera ser otra causal, ni fueron por actos de funcionarios o por propaganda de las autoridades y los mismos institutos políticos.
No se tiene conocimiento de que el Ipepac hubiera resuelto de fondo alguna queja contra los denunciados por los partidos —como lo establece la fracción III del 357—, como, por ejemplo, fue el caso del director de la Policía Municipal Francisco Calero Reyes, por tanto, tampoco es causal para declarar esa queja sobreseída.
Tampoco resulta aplicable la causal de sobreseimiento de la fracción IV del artículo 357, porque si la materia de las quejas promovidas en su oportunidad representaban actos, hechos u omisiones que no eran competencia del Ipepac, desde un principio se hubiesen declarado improcedentes, y esto no se dio.
En pocas palabras, señalaron, en varios casos, como la denuncia del PRI contra el jefe de la policía municipal de Mérida, así como las del PAN y los priistas por la publicidad ilegal de las autoridades, debieron proceder, no había causales de ley para declararlas sobreseídas.
Fue incorrecto que el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, las desechara con el “carpetazo”.
Por el contrario, parece que había elementos suficientes para proceder hasta el fincamiento de responsabilidades y la aplicación de sanciones en varias de las quejas presentadas por los mismos partidos.
El argumento presentado por el secretario del Consejo en el sentido de que no había interés jurídico de los promoventes, y por eso declararlas sobreseídas, no fue lo correcto.
La farándula, lo llamativo
Al igual que en Yucatán, los gobiernos de varios estados recurrieron a estrellas de la farándula para las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, y en varios casos esas actuaciones son lo más llamativo ante la ausencia de obras importantes a inaugurar.
Juan Gabriel, en Yucatán; Pandora, Paquita la del Barrio, Tania Libertad y la Sonora Santanera aparecen en los programas de festejos patrios de varias entidades federativas.
El portal de internet de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución enlista los actos previstos en cada estado, con información de los comités organizadores.
En Mérida aparecen nueve eventos —en realidad son ocho, pues se duplicó el desfile del 16—, pero no se menciona el espectáculo de Juan Gabriel. Esas actividades son: inaugurar una ampliación del campus Valladolid de la Universidad Modelo, iluminar el Monumento a la Patria y una trivia sobre la historia de México. Los demás actos son los tradicionales: homenaje a Mediz Bolio, sesión del Cabildo meridano, izamiento de la Bandera, la ceremonia nocturna del 15 y el desfile del 16.
Las actuaciones de Juan Gabriel y Ely Guerra, la nueva iluminación del Monumento a la Patria, la trivia y la ampliación de un colegio particular en Valladolid son la innovación en el programa de festejos.
Como ya informamos, el gobierno del Estado no cumplió las ocho obras que ofreció para festejar esas efemérides. Parte de ellas ni siquiera han sido iniciadas y para otras sólo se hicieron ceremonias de colocación de la primera piedra.
El programa de Yucatán contrasta con el de otros estados, como Tamaulipas, con 20 actividades que incluyen la presentación de un libro, obras de teatro, exposiciones pictóricas y de un vitral, develación de monumentos, inauguración de obras, desfiles y una verbena.
Campeche enlistó 23 eventos, entre ellos un maratón, una carrera en sillas de ruedas, izamiento de la Bandera, ofrenda floral, desfile y la presentación de Chucho Pinto y sus Casino y de Tania Libertad, acompañada del Mariachi de las Américas.
Pide sanción para el juez de su caso
María Cecilia Flores Argáez, quien enfrenta varios juicios por presuntos fraudes contra empresarios yucatecos, pidió ayer al Consejo de la Judicatura de Yucatán una sanción para el juez Manuel Jesús Soberanis Ramírez, por retrasar injustificadamente un proceso en su contra.
Lo acusa de dilación de la justicia, omisión, descuido y negligencia en el ejercicio de sus funciones, porque sin causa justificada se niega al desahogo de pruebas que presentó desde hace ocho meses, no ha respondido a sus peticiones judiciales ni ha proveido sobre la solicitud de incorporar a su defensa a la licenciada Elsy Gómez Vargas.
El juicio “congelado” es el número 361/2009 por una denuncia que interpuso Walter Francisco Lubcke Flores y que está radicado en el Juzgado 6o. Penal.
Ayer a las 13 horas Ana Argáez Escalante, madre de la detenida, y el licenciado Emiliano Zapata Cetina se presentaron al Poder Judicial del Estado para entregar en la Magistratura Número 11, donde funciona provisionalmente la Judicatura, el escrito de queja de Cecilia Flores y las pruebas que la sustentan.
Sin mayores problemas entregaron el escrito al licenciado Mario Pavía Aguilar, secretario ejecutivo de la Judicatura, quien firmó de recibido.
En ese momento sólo estaban presentes, en una oficina contigua con cristales transparentes, las consejeras Ingrid Priego Cárdenas y Fanny Iuit Arjona.
—Creo que será la prueba de fuego para este nuevo organismo. Están claras la violaciones a la ley y la irresponsabilidad de este juez —dijo Ana Flores, quien a nombre de su hija pidió la destitución e inhabilitación del juez sexto, porque con su actitud causa graves perjuicios a la procesada.
Hermetismo de la SSP por presunto mal uso de la avioneta oficial
Sin embargo, el uso de la aeronave para satisfacer placeres y urgencias personales de gobernantes y jefes policíacos en turno ha sido motivo de polémica y de críticas contra los funcionarios favorecidos con los vuelos.
Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, es blanco hoy de las críticas por el aparente mal uso del helicóptero en un presunto viaje del funcionario a Isla Pérez, dentro del Parque Nacional Alacranes.
El jefe policíaco, según una fuente anónima, usó el helicóptero de la corporación para regresar de ese lugar acompañado de una mujer.
Ayer, un representante del Diario solicitó la confirmación o el desmentido de ese viaje y el vocero de la SSP, Alberto Escalante Erosa, ofreció una respuesta, pero esta nunca llegó.
El diputado panista Renán Barrera Concha criticó a Saidén. Dijo que “es muy grave que un funcionario público de confianza utilice la infraestructura y los recursos de los que dispone para el cuidado de los yucatecos en sus paseos personales como si fuese de su patrimonio”.
Pero Saidén Ojeda no es el único que recibe críticas por este uso personal del helicóptero.
Su antecesor, Javier Medina Torre, también estuvo en el centro de la polémica en mayo de 2006, cuando su hija Loreta Medina Garza resultó lesionada en la carretera a Cancún y el usó el helicóptero para ir a verla.
El mismo helicóptero ha sido usado por los tres últimos gobernadores para regresar a Mérida de lugares lejanos, incluso Patricio Patrón Laviada alguna vez llevó a su esposa e hijos en la aeronave, adquirida en la administración de Víctor Cervera Pacheco.
Inversión de $95 Mlls. este año en el Estado
El Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) invertirá este año casi $95 millones en Yucatán para proyectos agropecuarios, indicó Roger González Herrera, nuevo gerente estatal del organismo.
El funcionario sustituye en el cargo a Javier Pérez Ayuso, quien se jubiló. González Herrera fue diputado federal y secretario de Desarrollo Rural en el sexenio pasado.
El Firco es una agencia de desarrollo cuyo fin es impulsar los agronegocios, consolidar a empresas de los ramos agrícola, pecuario y pesquero, y apoyarlas con acciones que den valor agregado a su producción.
Entre los proyectos figuran destinar $11 millones a porcicultores que instalarán en sus granjas biodigestores y generadores de electricidad para producir energía y entrar al plan mundial de bonos de carbono.
También, destinar $15 millones para procesos de certificación de miel y otros productos orgánicos más, y $12 millones para cinco invernaderos tipo casa-sombra en ocho hectáreas.
Además, $20 millones para 58 sistemas de riego de 1,400 hectáreas, $5 millones para maiceros, $10 millones para proyectos pesqueros y también para dos rastros TIF.
Estrategias para no devolver un recurso
En un intento por aprovechar esos recursos federales, dijo, la Sagarpa de Yucatán ofreció un nuevo esquema de financiamiento a los pescadores interesados, pero lo ve poco viable porque significa un mayor endeudamiento de los hombres del mar.
—El año pasado los pescadores pagaron 30 mil pesos por el motor fuera de borda de dos fuegos que les dieron, porque la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAP) aportó la cuota estatal —recordó—. Pero ahora ese apoyo de $8.7 millones está al aire porque la SFAP no ha aportado su Paripasu.
—La Sagarpa propone que los pescadores cubran la parte estatal y la que corresponde a los beneficiarios —prosiguió—, pero eso elevaría a $90 mil el pago que deberán hacer los pescadores.
—Tendrían que recurrir a una financiera y contraer un crédito de cinco años —detalló el legislador panista—. La Sagarpa me informó que este año está programada la renovación de 128 motores marinos con la finalidad de que los pescadores tengan un equipo de navegación más seguro y no contaminen el mar.
Motores marinos Couoh Suaste informó que el período de sesiones se iniciará el 16 de octubre y solicitará a la Comisión de Agricultura, a la cual pertenece, que se exhorte al Ejecutivo para que aporte los $4 millones que le corresponde para los motores marinos.
—Es muy lamentable que ese incumplimiento afecte a gente en situación vulnerable como los pescadores que viven al día —dijo.
Reduce el Ejecutivo un apoyo
- Ya aporta menos recursos para un plan, dice Sedesol
- Deja un pago en cinco millones
- Urgen reformas a la ley electoral
En 2009 el gobierno del Estado destinó $20 millones a los programas conjuntos con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero este año apenas aportará $5 millones.
El delegado de la Sedesol, Fernando Medina Gamboa, dijo que desconoce el motivo de la reducción de $15 millones de la aportación estatal este año.
Esta aportación, precisó, corresponde al programa “3 por 1 para Migrantes” y se ejecuta en coejercicio con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado (Indemaya).
Urge una reforma a la ley electoral, para evitar casos como el reciente “carpetazo” a las denuncias interpuestas por el propio Consejo Electoral y varios partidos por presuntas anomalías en los comicios de este año, afirmó el consejero Carlos Aguilar Conde.
Respecto al sobreseimiento que anunció el Consejo Electoral sobre las denuncias del pasado proceso, alegó que sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
Ibonica, “una participante más” de Mi Stilo, insisten
“Ahorita no podemos hacer nada con las prendas, porque no tenemos los productos, pero sí estamos apoyando a algunas empresas con su registro, con capacitación, con código de barras”, declaró Edanimé Novelo Baena, directora de Mi Stilo es Yucatán.
—Está como ahorita con lo de Ibonica, Adolfo (Peniche Larrea) me dice: Eda te invito a mi pasarela. Y yo le digo, oye, qué te parece si Gertrudis Abdala participa con sus accesorios. Se dio y ya ves, la reconocieron, y eso es algo positivo, muchas personas no se dan cuenta de esto, de que Stilo Yucatán no es sólo vender productos, eso va a ser una parte, la promoción, indicó la funcionaria, de cuyas declaraciones hemos dado cuenta en otras dos entregas anteriores.
—¿Cuál ha sido la participación de Ibonica en Mi Stilo es Yucatán? —se le preguntó.
—Mira, jejeje, con muchísimo gusto, mira, Ibonica, así como Gertrudis Abdala, así como Gerardo Torres, doña Rosina, de Creaciones Rosina, es un participante más, y creo que Adolfo, muy amablemente lo aclaró en una entrevista..
—¿Cuánto se le ha dado para este programa? —No, nada, al contrario, él en mi programa... Ellos están en el relajo de su tienda y qué padre, a mí me da muchísimo gusto, que esté empleando a tantas bordadoras. ¿Por qué? Porque eso también queremos hacer, que las cooperativas de estas mismas bordadoras crezcan.
—Ha causado polémica la preferencia por Ibonica...
—No, no, te lo aclaro ahorita y siempre y lo he dicho siempre abiertamente, Ibonica es una participante más, en la lista salió Ibonica como otras y son 114 participantes.
—Si te voy a comentar que no se me hace justo que digan que el programa es sólo Ibonica, porque si tuviste chance de ir a nuestra pasarela en la Quinta Montes Molina Ibónica sólo participó con cinco prendas...
—Otro asunto que ha generado polémica es la participación de Local Consultores, ¿qué papel ha jugado en Mi Stilo es Yucatán? ¿ellos diseñaron el proyecto? ¿cuál fue su participación en este caso? —Mira, yo sé que eso es polémica para ustedes...
—Lo que queremos es que nos explique claramente cuál ha sido la participación de Local Consultores o de Gabriela López en este proyecto Si se le pagó algo ¿cuánto se le pagó? —Mira, lo que te puedo decir es que Gaby López es una persona muy profesional, es una amiga muy cercana, ella me ha apoyado tanto en... o sea, ella nos ha apoyado muchísimo y no te puedo dar, o sea...
—¿Gabriela López diseñó el proyecto Mi Stilo es Yucatán? —Ella estuvo en la parte viendo la promoción, en el... todo lo que es la estructura del proyecto, sí, o sea, ella nos ha apoyado...
No ha cobrado —¿Y cuánto ha cobrado por ese servicio? —Que yo sepa, hasta la fecha no se le ha pagado nada. ¿Por qué te lo puedo decir?, porque es lo que te comentaba, ella es una buena amiga que nos ha estado apoyando de buena manera...
Edaminé Novelo fue entrevistada el viernes en la apertura de una tienda de Ibonica en Plaza Altabrisa, evento en el que también se intentó entrevistar a Gabriela López, pero ésta guardó silencio y se limitó a sonreír ante las preguntas que le hizo otro reportero de Megamedia.
Contradicen a la Comuna
La Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. (Ocesa) desmintió que la cantante Sasha Sokol actuará en Mérida los días 20 y 21 de noviembre, como anunció recientemente la Comuna También señaló que la ex integrante de Timbiriche cobra “muchísimo menos” que los casi $1.4 millones que el Ayuntamiento pagará por la actuación de esa intérprete y actriz.
Una vocera de la empresa capitalina manifestó, además, que desconoce al empresario Edgar David Giménez Montemayor, el promotor artístico que sirve de intermediario en ese contrato.
Respecto a Ely Guerra, una de las artistas que contratará el Ayuntamiento para actuar el 16 de septiembre en el Monumento a la Patria, su representante dijo que aquella cobra por actuación $120,000 más IVA, cantidad inferior a los $407,276 que la Comuna pagará.
Como ya informamos, el Cabildo de Mérida aprobó el viernes pasado las contrataciones de Sasha Sokol y Ely Guerra. Los regidores del Partido Acción Nacional se opusieron a ello porque consideran que hay aspectos no claros en los montos de los respectivos contratos.
En llamada telefónica, Estephanie Saenz de Orus, representante de Ocesa, dijo que enviaría un boletín con la postura de la empresa al respecto y anticipó que en la lista de contratos de Sasha Sokol no tienen contemplada ninguna actuación en Mérida e ignoran quién es el promotor Giménez Montemayor que firmó el convenio respectivo con el Ayuntamiento.
Ocesa sostiene que su filial Seitrack es la única que maneja las contrataciones de la ex integrante de Timbiriche, y que su tarifa de presentaciones es inferior a la que pagará la Comuna. Esa empresa capitalina es la misma que maneja los contratos de la cantantes Alejandra Guzmán y otros artistas más.
Por la tarde recibimos el comunicado de Saenz de Orus para confirmar la información.
En cuanto a la presentación de Ely Guerra, se averiguó que los tratos se hacen con su apoderada Ileana Gordillo, quien para confirmar los contratos pide firmar el documento respectivo, pagar el 50% de anticipo y liquidar el resto 72 horas antes del evento.
Además del pago de esa suma el contratante se hace cargo de otros gastos, como hospedaje (1 junior suite, 8 habitaciones sencillas y 3 dobles), viáticos de $400 diarios para 15 personas, transporte local (1 camioneta para 15 pasajeros, 1 Suburban y una van de carga) y boletos de avión para 15 personas.
Las cifras del contrato que hizo o hará la Comuna con el promotor Santiago Cortez Rodríguez para traer a Ely Guerra, no coinciden con Ocesa: se pagará 28 boletos de avión, usará cuatro camionetas y 18 habitaciones y una suite de hotel.
“Se negoció la impunidad”
- El PRD: En varias quejas del “carpetazo” se podía proceder
- Consejeros piden al Congreso que les dé la ratificación
En varias de las quejas electorales a las que se dio “carpetazo” se presumían elementos suficientes como para proceder e imponer sanciones, pero no se hizo, lo que lesionará seriamente la credibilidad del Instituto Electoral, consideró el PRD.
El representante de ese partido ante el Consejo General Electoral del Estado, Ernesto Mena Acevedo, declaró que “todo parece indicar que se realizó y concretó una negociación de concesión recíproca de impunidad entre el PRI y el PAN”.
Por su parte, el consejero electoral Carlos Aguilar Conde manifestó que urge que se hagan reformas a la ley electoral del Estado, sobre todo en materia de quejas y denuncias para evitar futuros “carpetazos”.
Al defender la postura del Consejo, que prácticamente avaló el “carpetazo” a las quejas electorales que dispuso el secretario ejecutivo Alejandro Góngora Méndez, el consejero Aguilar Conde afirmó que sólo se hizo lo que marca la ley.
Como hemos informado, esta decisión del “carpetazo” generó varias críticas y señalamientos de inconformidad.
Aguilar Conde y su colega Lissette Cetz Canché informaron ayer que solicitarán al Congreso del Estado que los ratifique en sus cargos para un periodo más de seis años.
De acuerdo con el proceso iniciado en el Congreso para ratificar a eso dos consejeros o designar a dos nuevos, Lissette Cetz y Aguilar Conde tienen de plazo hasta el viernes para manifestar al Congreso que desean permanecer en el Consejo.
Según la convocatoria expedida por el Congreso, desde ayer quienes aspiren a ser candidatos a consejeros pueden solicitar su registro ante la Oficialía Mayor del Poder Legislativo.
El consejero electoral del Estado Carlos Aguilar Conde no sólo reconoció sino que también consideró que es urgente cambiar la ley electoral, sobre todo en lo referente a las quejas y denuncias, para tratar de evitar que se repita un caso de “carpetazo”.
“No es que no nos importen los intereses de la sociedad, o que nos importen más los partidos, pero lamentablemente sólo podemos hacer lo que la ley nos marca, y es lo que más cuidamos, que nuestros actos estén dentro de la legalidad”, afirmó el consejero electoral.
Para la agrupación Sociedad en Movimiento, como informamos ayer, el caso del “carpetazo” atribuido al secretario ejecutivo del Consejo, Alejandro Góngora Méndez, no solo deja mal a ese organismo sino que evidencia la urgente necesidad de reformar la ley electoral.
Entrevistado al respecto, Aguilar Conde declaró que, para empezar, el secretario ejecutivo sólo les informó lo que ya había hecho, nunca les pidió siquiera su opinión sobre su decisión de declarar sobreseidas las quejas.
“Nos informó de lo ya hecho, ni siquiera nos pidió nuestro parecer sobre esa decisión”, agregó el consejero en entrevista sobre el tema.
Tampoco esta mal, según aclaró, porque la ley le da facultades al secretario ejecutivo para actuar de esa manera, a ese funcionario le corresponde decidir si turna o desecha las quejas, todo conforme a la ley.
Sin seguimiento El consejero recordó que, además, según expuso el secretario, los partidos abandonaron sus quejas, las presentaron y no les dieron seguimiento, no se vio el interés jurídico.
Por eso, en defensa del secretario ejecutivo del Consejo, dijo que le parece correcta y legal la forma en que decidió proceder.
El hecho, reconoció Aguilar Conde, es que urge cambiar la ley, corregir esta “laguna” y error de las leyes.
Más allá de que la decisión adoptada por la Secretaría Ejecutiva sea legal o no, la determinación de dar “carpetazo” a las quejas electorales lesiona seriamente la credibilidad del instituto electoral, declaró el representante del PRD ante el Consejo General Electoral del Estado, Ernesto Mena Acevedo.
Todo parece indicar que en este caso se realizó y concretó una negociación de “concesión recíproca de impunidad” entre el PRI y el PAN, añadió, porque son los únicos beneficiados con los sobreseimientos.
En los últimos días tanto ex consejeros electorales como agrupaciones civiles se han manifestado contra la disposición del “carpetazo”.
El perredista Mena Acevedo recordó ayer que de las últimas 14 quejas que quedaban pendientes de resolver por la autoridad electoral, en trece de ellas las partes involucradas eran el PRI y el PAN y en una nada más estaba un partido distinto.
En varias de esas 13 quejas en que las partes eran el PRI y el PAN, prosiguió, se presumía la existencia de elementos suficientes para sancionar.
Por ejemplo, citó el caso de la asistencia de la ex candidata del PAN Beatriz Zavala Peniche a la Policía Municipal y el papel desempeñado en esa visita por el director del cuerpo policíaco, Francisco Calero Reyes.
En este caso, consideró, hubo una conducta del funcionario contraria a la ley, por reunir a los policías para que en un edificio público y en horario de trabajo escuchen a una candidata.
También hubo responsabilidad de la misma candidata, señaló, al hacer proselitismo en un edificio público, lo cual está prohibido por la ley.
Otro caso donde se presumía la existencia del fundamento suficiente para proceder fue el caso de los boletos de transporte público con propaganda impresa de la candidata del PRI, dijo.
No se supo más Sin embargo, afirmó que curiosamente no se volvió a saber nada de esas irregularidades y otras cometidas por los mismos partidos, PRI y PAN, como no retirar su propaganda de precampaña al término de esa etapa del proceso.
Tanto el secretario ejecutivo como los consejeros electorales, recordó, salieron a las calles con notario público que dieron fe de esos hechos y hasta ahí quedó.
“Como se dice coloquialmente, había suficiente tela de donde cortar, pero no pasó nada”, concluyó el perredista.
Se sorprende de que su marido esté libre y teme una venganza
El ex armero de la SSP, Armando Portillo Centeno, obtuvo un segundo amparo, ahora por violencia intrafamilar que denunció la señora Imelda Peniche.
La quejosa acudió al Juzgado 5o. Penal y se enteró de que al inculpado ya no se le sigue proceso. Primero fue enjuiciado por daño en propiedad ajena, por causar un incendio en casa de la denunciante, un delito grave.
El acusado obtuvo un amparo porque un juez de Distrito consideró que nadie vio al inculpado iniciar el fuego. Hubo quien lo vio salir, pero no “prender” las llamas que acabaron con parte de la casa de la denunciante.
Siguió vigente otra acusación, por violencia intrafamiliar, ya que vivió algún tiempo con el acusado; sin embargo, Portillo Centeno obtuvo nuevo amparo.
“Vivo atemorizada, tengo miedo de que me haga algo”, señaló la quejosa. En un careo, realizado hace varios meses, la señora Imelda Peniche dijo que el acusado están involucrado en asuntos de armas y drogas.
De nuevo falla la estrategia contra narcos detenidos
El alegato de la corporación es que las detenciones de los presuntos narcos se hizo en sitios cercanos a las escuelas.
Según la Ley Federal de Salud, ésta es una agravante que no permite la fianza. Sin embargo, las detenciones fueron en horas de la noche o de madrugada, cuando no funcionan las escuelas.
El caso más reciente de este tipo ocurrió en el Juzgado 5o. Penal, cuando cuatro detenidos fueron informados que tienen derecho a fianza. Por lo tanto, Raúl Alberto Sosa Santos, Didier Jesús Poot Esquivel, Ruzer Jesús Marfil Santana y Jafet Israel Matus Cetina recuperarían su libertad previo pago de la cantidad que les fije ese tribunal.
Luis Antonio Herrera Tun, quien también fue detenido con los cuatro coacusados, no tiene derecho a fianza, ya que se presume que es el vendedor.
Es decir, el tribunal consideró que no todos serían vendedores, como consignó la Procuraduría. Además, la detención fue cerca de las 11 de la noche, hora en que no funcionaba una escuela ubicada a cierta distancia del sitio de la detención, cerca de Plaza Oriente.
Para conceder la fianza, también pesó que los acusados hayan negado que tuvieran la droga, en careos que sostuvieron con los policías. Los inculpados aseguraron que la droga se las mostraron en la SSP, corporación que luego remite “pequeñas muestras” a las autoridades judiciales.
El Juzgado 2o. Penal ha concedido la fianza a otros dos acusados.
“Mezo no quiere dar su brazo a torcer”
TIZIMÍN.— “Por la terquedad de Mezo (el alcalde) de no negociar, vienen embargos mayores al ayuntamiento”, afirma el licenciado Lincoln Palma Rodríguez. El representante legal de los ex empleados que demandaron al ayuntamiento explica que a partir de hoy lunes podrán cobrar sus indemnizaciones.
Como hemos publicado, se trata de empleados que trabajaron en la primera administración de Mezo Peniche y que fueron despedidos en el siguiente trienio, que encabezó Pedro Couoh.
Es un grupo de 12 personas; algunos tenían de 15 a 17 años trabajando en el ayuntamiento, Ganaron la demanda y en el último día de la administración de Pedro Couoh se les notificó.
—Al entrar Peniche (José Luis Peniche Bates) hizo un préstamo a un banco y le pagó a 5 ex trabajadores, pero los otros 7 siguieron con el juicio y es la deuda que le queda a Mezo.
Cuando se concretó el embargo de las cuentas, el viernes pasado, Mezo Peniche dijo que la medida fue ilegal porque el dinero congelado, $3 millones, corresponde al Ramo 33, “que está etiquetado para proyectos sociales y no se puede embargar”.
Contradice al alcalde En respuesta, Palma Rodríguez responde: “El tribunal tiene todo el derecho de embargar las cuentas, cualesquiera que sean; lo único que es imposible embargar son los servicios que presta el ayuntamiento como patrullas, ambulancias, el palacio municipal y el DIF”.
Según dice, el dictamen de Conciliación y Arbitraje obliga al ayuntamiento, no sólo a pagar a los ex trabajadores, sino también a reinstalarlos en un puesto laboral en el ayuntamiento.
Palma Rodríguez indica que hace unos días el ayuntamiento metió un amparo para evitar embargos pero el tribunal se lo desechó, “pero eso no lo dice Mezo, sólo da medias verdades”.
—Ahora vienen embargos mayores, pero no quiere dar su brazo a torcer; le recomiendo a Mezo cambiar de apoderado legal, porque el que tiene no cuenta con preparación laboral —agrega.
Palma Rodríguez dice que el apoderado del Ayuntamiento, hijo del ex diputado del PRI Marco Antonio Ojeda Medina, “está timando a Mezo”.
Niegan que esté abandonado el malecón
PROGRESO.— El secretario estatal de Obras Públicas, Francisco Torres Rivas, informó ayer que la obra del nuevo malecón internacional de esta ciudad no está abandonada y que la explanada con la que se inició la primera fase del proyecto ya está concluida.
En cuanto a la inactividad en las obras, dijo que se debe a que la otra parte que se construirá está en licitación nacional, la cual debe concluir en unas cuatro semanas más.
El funcionario estatal precisó que la explanada que se construyó como parte del arranque de los trabajos del nuevo malecón la concluyó de manera satisfactoria la Constructora Coreco. No había motivo de que dejara a su maquinaria y personal en ese sitio.
Ayer publicamos que los trabajos de construcción del malecón internacional, considerada como una de las obras emblemáticas del gobierno estatal, están abandonados desde hace dos semanas.
En entrevista telefónica, el secretario de Obras Públicas reitera que la explanada, en la que se invirtieron aproximadamente tres millones de pesos, ya está concluida.
—La constructora Coreco ya cumplió y ya cobró por esos trabajos. No hay ningún adeudo —reiteró el funcionario estatal.
Torres Rivas agregó que el lugar se mantendrá ahora de manera rústica, ya que el proceso de jardinería y otros acabados finales se realizarán hasta que todo el malecón se concluya.
Sobre la colocación de cintas, informó que se colocaron por motivos de seguridad, ya que había maquinaria. Ya ordenó retirarlas para que la gente transite libremente en la zona.
Instituto de dudosa credibilidad
Sociedad en Movimiento considera que la decisión del Consejo General Electoral de dar “carpetazo” a las quejas presentadas durante los comicios deja mal a ese organismo y a los partidos políticos.
El primero pierde credibilidad, pues parece que pasó de manos de los ciudadanos a los intereses de los partidos.
En otro asunto, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco estuvo ayer por primera vez a la Bici Ruta, a donde acudió acompañada de la alcaldesa Angélica Araujo Lara, a fin de poner en marcha Cruzada nacional por el uso de la bicicleta que inició de manera simultánea en seis estados y en los municipios de Progreso, Tixkokob, Motul, Chocholá, Umán, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y Peto.
En Tizimín, se informó que los trabajadores despedidos hace dos administraciones podrán cobrar sus liquidaciones a partir de hoy, pese a la renuencia del alcalde José Mezo Peniche.
El “carpetazo” a las quejas electorales resta credibilidad al Consejo General Electoral del Estado, que ya de por sí se ha visto mermada, y hace más evidente la urgente necesidad por hacer nuevas reformas a la ley, dijo ayer el coordinador de Sociedad en Movimiento Luis Medina Cantillo.
“Los partidos también quedan a medias con esto, porque primero decían que estaban bien sustentadas sus quejas, pedían freno a los abusos y violaciones y ahora resulta que no hacen nada, que están de acuerdo”, comentó el directivo.
Especulaciones
Al opinar sobre el “carpetazo” que le dio el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez a las quejas electorales, el empresario dijo que eso se presta hasta a caer en el campo de las especulaciones.
Coincidió como otros que han opinado al respecto en que se debió informar a los consejeros, por lo menos al presidente de la Comisión de Quejas, Néstor Santín Velázquez antes de tomar esa decisión.
—Decisión que por cierto deja entrever que si no existió una negociación de los partidos con la autoridad, por lo menos vieron su conveniencia en esta medida y por eso prefieren que no proceda nada —comentó el coordinador de la agrupación.
Medina Cantillo manifestó que con esto se observa una vez más que los órganos electorales ya no son ciudadanos como se dice, están coptados por los partidos, se defiende y antepone el interés de los instituto políticos que el de la ciudadanía.
Consideró que esta es una situación que ya se ve hasta en el Instituto Federal Electoral (IFE), por eso cada vez pierden más credibilidad en la sociedad.
En este caso del “carpetazo”, indicó, se puede hasta especular que no se dio una respuesta lógica y que no fue tan legal, sino que se decidió por los intereses de los partidos políticos.
De rebote —De rebote —continuó el declarante—, pareciera que para los partidos no existió ninguna irregularidad en todo el proceso electoral, que eran mentiras cuando se quejaban de presuntas violaciones a la ley.
Señaló que todo eso solo hace evidente la urgente necesidad de hacer reformas a la ley electoral, y eso es algo que Sociedad en Movimiento impulsará.
—En los próximos días presentarán una propuesta general para que otras organizaciones si así lo desean se sumen, lo enriquezcan y se haga un mejor trabajo —añadió.
Entre los principales aspectos que se deben reformar, según opinó, destaca las sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales, y los tiempos de campaña.
