“A confesión de parte, relevo de pruebas”, subrayan los senadores y diputados federales del PAN al responder a las declaraciones del consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, respecto de la compra de tierras en Ucú.
En un comunicado, los legisladores señalan que queda confirmado el desvío de recursos en el caso Ucú, toda vez que el consejero jurídico del Ejecutivo no pudo exhibir ningún título de propiedad que ampare el pago de $343.3 millones, que obtuvo de un préstamo bancario en 2008.
Firmado por los senadores Hugo Laviada Molina y Alfredo Rodríguez Pacheco, y los diputados María Yolanda Valencia Vales, Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruiz, los panistas afirman que es falso que exista la “compra perfecta” que aduce Sergio Cuevas, toda vez que los terrenos siguen siendo ejidales, no exhibió ningún contrato, cheque o póliza que ampare la operación y, además, en materia agraria todo contrato con el ejido es nulo de pleno derecho.
Especialistas consultados afirman que la “compra perfecta” es un término doctrinario y sólo aplicaría, en todo caso, en el terreno civil, no en el ejidal, como ocurre en este caso.
Sobre el mismo tema, el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo confirmó que jurídicamente las 3,000 hectáreas de Ucú siguen siendo ejidales.
El ex oficial mayor del Congreso indicó que, por la forma en que se realizaron las negociaciones, el gobierno del Estado escogió el camino que utilizan los especuladores, cuando bien pudo haber seguido el de la expropiación, la cual se hubiera finiquitado en un año.
Los legisladores dicen que el propio consejero jurídico puso en el flechero a la ex directora del IVEY.
El consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, sabe que no les han expedido los títulos de propiedad de las tierras de Ucú porque hay irregularidades en el proceso que violan la Ley Agraria, sostienen legisladores del PAN.
El Ejecutivo, indican, en voz de su propio consejero, admite que pagaron $343.3 millones en 2008 sin contar, como hasta ahora, con los títulos que garanticen el bien adquirido, “violando con ello múltiples ordenamientos legales”, subrayan.
En un comunicado, los legisladores señalan que, aunque Cuevas González hubiera exhibido los contratos a los que alude, “cualquier estudiante de Derecho sabe que en materia agraria ese tipo de contratos o promesa de compraventa carece de valor para acreditar la propiedad de terrenos ejidales”.
El consejero, agregan, aludió de manera reiterada al Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY, antes Cousey), “a esas fechas dirigida por la arquitecta Angélica Araujo Lara, quien a través de los contratos celebrados con los ejidatarios 'tomó posesión' de los terrenos”.
“Es indispensable preguntarle a la señora Araujo ¿Cómo pudo 'tomar posesión' en 2008 de unas tierras que, según el Derecho Agrario, todavía en 2010 son formalmente ejidales?...
“La pregunta obligada a la ex directora del IVEY es: ¿a quién y en qué fecha pagó el gobierno con dinero público sin tener a cambio los únicos documentos debidamente registrados que pudieron haber amparado la contraprestación del servicio pagado: los títulos de propiedad?...
“Como puede verse, es el propio licenciado Cuevas quien involucra a la ex titular del IVEY en las ilegalidades ya señaladas”, subrayan.
Las tierras de Ucú
- Denuncia pública Los legisladores del PAN dicen que el comisario ejidal de Ucú habló de otra compra en 2008.“Otra compra perfecta” Para esas fechas, afirman, el comisario Miguel Pech Cabrera dijo que una empresa de Monterrey inició la compra, “con los mismos vicios de la compra perfecta”, de 581 hectáreas de Ucú, a un precio de $120,000 por hectárea.
“$115,000” Se trata de tierras aledañas a las del “Plan Maestro Ucú”, por las que se pegó, según Pech Cabrera, a $115,000 a cada ejidatario.
Prestanombres “Por supuesto que el abogado (Sergio) Cuevas González no mencionó la adquisición de las otras 600 hectáreas, planeadas para beneficiar a los prestanombres del delegado del PRI, Felipe Enríquez Hernández y realizada bajo la tutela del IVEY y la Consejería Jurídica de Ivonne Ortega”, afirman.
“No hay dictamen” El procurador Jacinto Sosa, quien fue entrevistado anteayer cuando regresaba de Valladolid, confirma que el caso Ucú adolece del dictamen en materia ambiental.
