09/04/2010
Sin sorpresas, y bajo vigilancia policiaca por un conato de pleito a las puertas del Congreso, los 14 diputados priistas, tres panistas y la independiente Doris Candila Echeverría aprobaron ayer las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia.
Estas reformas que incluyen integrar el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Contencioso al Poder Judicial, entre otras cosas.
Entraría en vigor por completo a más tardar el próximo 31 de mayo de 2011, según los artículos transitorios.
Uno de los puntos más discutidos y por el que no todos estuvieron de acuerdo, fue la creación del Tribunal Constitucional, por considerar sobre todo los diputados de oposición, que puede provocar la invasión entre los Poderes del gobierno del Estado. Los diputados que se opusieron a estas reformas fueron la perredista Bertha Pérez Medina y seis panistas.
La sesión de ayer para aprobar estas reformas, consideradas de gran trascendencia, ya que incluso darán pie a las reformas de al menos otras 17 leyes del Estado, duró alrededor de cinco horas —de las 3 de la tarde a las 8 de la noche—, en las que se dio lectura al documentó y lo debatieron los diputados.
Alrededor de las 4:20 p.m. se registró un conato de enfrentamiento entre el personal de seguridad con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Patricia Solís Reyes y Adelaida Salas, del Frente de Unidad Popular, porque éstas pretendían entrar con pancartas, bacinicas y recogedores de basura entre otras cosas para hacer su protesta. Ese conato motivó la presencia de elementos de la policía estatal vestidos de civil, así como de las diputadas Bertha Pérez del PRD, Patricia Gamboa Wong y Rodolfo González Crespo del PAN, quienes acudieron en auxilio de las mujeres y otras personas que intentaban entrar al Congreso.
Protestas y “voto de conciencia”
Designación en breve de consejeros para la Judicatura
09/04/2010
La primera disposición que deberá aplicarse por las reformas constitucionales aprobadas anoche por el Congreso será la designación de los consejeros de la Judicatura, a más tardar el próximo 30 de junio.Como era de esperarse, para lograr el voto de al menos las dos terceras partes de los 25 diputados locales, como exige la ley para declarar válidas las reformas constitucionales, los legisladores del PRI recibieron el apoyo de tres panistas.
Los panistas que dieron el aval a las reformas fueron: Julio Garrido Rojas, Alba Martínez y Ramón Salazar Esquer.
Este último dijo que aplicaría su “voto de conciencia”.
Por esta reforma, que cambió más de 40 artículos de la Constitución Local en materia de seguridad y justicia, usaron la tribuna siete legisladores, cuatro a favor —los panistas Garrido Rojas y Salazar Esquer, el priista Víctor Chi Trujeque y la independiente Doris Candila Echeverría—, y tres en contra.
Los que hablaron en contra fueron los panistas Patricia Gamboa Wong y Rodolfo González Crespo, así como la perredista Bertha Pérez Medina.
La tranquilidad con la que transcurría la sesión se interrumpió a las 4:20 de la tarde, cuando en la puerta discutía el personal de seguridad con integrantes del Frente de Unidad Popular, que intentaban entrar al recinto con bacinicas, recogedores de basura y pancartas.
Finalmente Adelaida Salas entró por la fuerza con una pancarta y Patricia Solís Reyes, dirigente sindical del Poder Judicial, entró ayudada por la diputada panista Patricia Gamboa Wong.
Con estas reformas, que al final se aprobaron, la Procuraduría General de Justicia pasará a ser ahora Fiscalía General del Estado; se crea el Instituto de la Defensoría Pública, y se modifican los tiempos que durará el periodo de los magistrados.
Se crea la Judicatura del Estado, así como el Tribunal Constitucional, además de integrar el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial.
También se establece, entre otras cosas, que el presupuesto para el Poder Judicial será de por lo menos el 2% del gasto programable del gobierno del Estado.
La aplicación de estas reformas se dará en forma paulatina. La primera disposición será integrar el Consejo de la Judicatura y antes del 15 de diciembre del presente año los poderes Ejecutivo y Judicial deben adecuar su marco normativo interno.
