—Michell tiene golpes en las piernas y Hugo en la espalda, solicito que un médico legista los revise —indicó la mujer en visita al Diario acompañada de Ilusión Torres Fuentes, esposa de Joan Joaquín Rodríguez Torres, otro de los detenidos.
—Mis hijos son inocentes —aseguró Martha Rodríguez, quien relató que desde el martes 11 llegó a Mérida, después de que por internet se enteró de que sus hijos estaban detenidos.
Ese mismo día, aseguró, pidió a la Procuraduría ver a sus hijos pero en esa institución le dijeron que no los tenían.
Luego le dijeron que sí estaban ahí, pero que los vería hasta el lunes 17 (mañana).
Finalmente, ante su insistencia, los vio ayer. Apuntó que sus hijos le pidieron que dijera que se encontraban bien por temor a represalias de la Procuraduría y el Ejecutivo estatal.
Sin embargo, afirmó que sí presentan huellas de tortura, inflingida, según los detenidos, en las instalaciones de la Procuraduría. La mujer dijo que al salir del centro de arraigo la abordaron dos sujetos desconocidos, a quienes, por miedo, les dijo que sus hijos se encontraban bien.
Al margen de la guerra mediática y política que desató el caso, Martha Rodríguez Cuéllar, madre de Hugo y Michel Caballero Rodríguez, dos de los arraigados por la Procuraduría yucateca, advirtió ayer en esta ciudad que teme por la vida de sus hijos.
Luego de tres días de gestiones, la madre de los supuestos integrantes del grupo de choque detenido en Komchén al fin pudo hablar con sus hijos y según señaló horas después de visitarlos, pudo constatar que si tienen lesiones, como dio fe en una diligencia la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito, Margarita Alcocer Díaz.
Sin embargo, la mujer se mostró precavida con sus declaraciones al salir del centro de arraigo, ya que sus hijos le pidieron que no dijera nada de la tortura, ya que temían por las represalias que la Procuraduría local pudiera adoptar, según ella misma afirmó.
Además, al salir del centro de arraigo, Martha Rodríguez, originaria del Distrito Federal, fue abordada por el senador Cleominio Zoreda Novelo y por el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes, ante la confusión de la mujer, improvisaron una “rueda de prensa” de la que se desprendió un boletín.
Según un comunicado de la Procuraduría, la mujer aseguró que sus hijos están bien.
Flanqueada por ambos legisladores priistas la mujer dijo que sus hijos “gozan de buen estado de salud y aseguró que ninguno de ellos presenta huellas de tortura o se quejó de malos tratos por parte de los elementos de seguridad”, agregó el boletín.
Sin embargo, por la noche y en visita al Diario, Martha Rodríguez afirmó que sus hijos le pidieron que diga que están bien para no complicar más su situación, como informamos en nota aparte. La capitalina dijo que pudo constatar que sus hijos si tienen huellas de tortura.
En la víspera de los comicios, la polémica por demostrar o desmentir la tortura a que fueron sometidos los detenidos habría llegado ayer hasta las altas esferas federales.
Por un lado, legisladores federales y locales del PAN insistían en probar que los detenidos fueron torturados y amenazados, y exigían la intervención de médicos legistas de la PGR —en atención a la denuncia de tortura que interpuso el senador Hugo Laviada Molina— para verificar las lesiones.
Por el otro, legisladores del PRI y la Procuraduría estatal se apresuraban a decir lo contrario, que los detenidos están bien y que así lo confirmaron tanto Martha Rodríguez como Lízbeth Alejandra Arcila Vázquez, madre de otro de los arraigados.
El boletín indicaba que visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Codhey “constataron el buen estado de salud de los detenidos”.
El senador Laviada señaló que ninguno de ellos revisó físicamente a los arraigados y de ahí su insistencia en la intervención de los médicos legistas.
Ante los jaloneos políticos y mediáticos, trascendió que hubo el intento de trasladar a los inculpados a la ciudad de México, a fin de evitar un conflicto mayor en la víspera de los comicios.
Según trascendió, el subsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuerth quien, llegó a Mérida a invitación que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco realizó a esa dependencia federal, recibió presiones del ejecutivo local para que los supuestos integrantes del “grupo de choque” fueran trasladados al Distrito Federal.
Los panistas
Sin embargo, varios legisladores panistas que se encuentran en Mérida con motivo de la jornada electoral, realizaron por su parte sus intentos y presión para que los arraigados permanezcan en Mérida, lo cual al parecer, lograron.
Por la noche, Gil Zuerth regresó a la capital del país y hasta entrada la noche los detenidos seguían en el centro de arraigo de la Procuraduría.
En tanto, el senador Hugo Laviada recibió un mensaje de texto en su teléfono celular, en el cual se le amenaza de muerte, al parecer por el seguimiento que de cerca ha tenido del caso de los arraigados.
“Será muy senador, deje de estar acusando al jefe o su cabesa (sic) va a rodar como la del Jefe Diego”, dice parte del mensaje. El legislador denunció los hechos en la PGR.