La asamblea ejidal de Ucú autorizó anteayer el cambio de destino de 500 hectáreas de tierras ejidales del ex plantel Ulilá, al parecer con fines de venta, informó el procurador agrario, Jacinto Sosa Novelo.
La nueva superficie se parcelarizará a nombre de diez ejidatarios y con autorización de la asamblea ejidal podrán vender las 500 hectáreas. Ese Ejido, como ya informamos, vendió 3,012 y 581 hectáreas al gobierno del Estado y a un empresario de Monterrey, que según el PAN, es Felipe Enríquez Hernández, delegado especial del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Sin embargo, después de dos años la operación no se ha concretado porque las tierras son de vocación forestal y, según la ley ambiental, no son susceptibles de enajenación y por ello las autoridades agrarias no han expedido los títulos de propiedad.
El nuevo polígono parcelarizado seguirá la misma ruta que los dos anteriores por lo que se prevé que también enfrente problemas porque los montes tienen casi 30 años de abandono y cuenta con árboles protegidos por las leyes forestales.
La “compra“ que hicieron el gobierno del Estado y el empresario de Monterrey están en fase de titulación por una grave omisión del delegado del Registro Agrario Nacional de Yucatán, Carlos Briceño Ramírez, quien pasó por alto que los planteles de Ucú son de vocación forestal y aceptó su inscripción al RAN.
Las denuncias del senador Hugo Laviada Molina y la diputada estatal Patricia Gamboa Wong hicieron que el delegado del RAN rectificara su error y en abril pasado notificó al Ejido que peritos forestales de la Semarnat deberían realizar una inspección a las superficies vendidas.
Los ejidatarios de Ucú no aceptaron la sugerencia por lo que el caso continúa pendiente, pese a que cada campesino ya recibió casi la totalidad del millón de pesos que debe recibir.
La falta de un dictamen pericial forestal de la Semarnat demorará aún más el proceso de titulación. Si la dependencia federal emitiera su dictamen, los ejidatarios o compradores podrían emitir otro diferente por lo que el caso se tendría que resolver mediante un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario No. 34, que determinará finalmente si esas tierras son forestales o no.
El delegado local del RAN no quiso hablar del caso. Por medio de su asistente Teresa Hernández informó que no da entrevistas y menos por el caso Ucú.
El problema por la venta de 3,012 y 581 hectáreas del ejido de Ucú al Ejecutivo local y a un empresario de Monterrey aún continúa y ya está en puerta una situación similar.
Aparentemente con fines de venta, anteayer se autorizó el cambio de destino de 500 hectáreas de tierras ejidales del ex plantel Ulilá, perteneciente a Ucú, dio a conocer el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo.
Las 500 hectáreas se parcelarizarán a nombre de 10 ejidatarios, quienes podrán venderlas, aunque en este caso ocurriría lo mismo que en el anterior que luego de dos años sigue sin concretarse por la vocación forestal de las tierras.
Contra una propuesta
Apoyado en “razones históricas”, el PAN en Yucatán anunció que iniciará una campaña contra la propuesta de un mando único en las policías de los estados, la cual rechaza pese a que la apoya el Presidente.
El senador Hugo Laviada Molina indicó que creen que debe prevalecer el principio del municipalismo, que el servicio de seguridad, vialidad y tránsito lo deben prestar por mandato constitucional los municipios.
