Confirmó que la Semarnat realizó el dictamen forestal a las 3,593 hectáreas que los ejidatarios vendieron al gobierno del Estado (3,012 ha.) y a un empresario de Monterrey (581 ha.), identificado como Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y diputado federal del PRI, y hasta donde sabe el dictamen corroboró que la selva de Ucú es recurso forestal lo que le da una protección contra la deforestación.
El comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán Dzul, informó que con apoyo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo preparan dos recursos, entre ellos "una denuncia contra el RAN", para que agilice la entrega de títulos de las tierras vendidas. Además, como publicamos, dijo que peritos de la Semarnat inspeccionaron los montes hace 4 meses, pero no le informaron de los resultados.
"La negativa de expedir los títulos a los compradores será siempre", afirmó. Si fuera legal la operación ya hubiesen sacado los títulos, pero no; hay irregularidades y delitos en esta transacción.- J.Ch.C.
Las ventas de tierra en el ejido de Ucú son parte de un engaño señala el senador Hugo Laviada
Un delito probado
Laviada Molina señaló que ya está más que probado el delito de peculado en que incurrieron los funcionarios del gobierno del Estado, con Angélica Araujo Lara, a la cabeza porque fue la que concretó la operación y suministró dinero público en su calidad de directora del Instituto de Vivienda.
Se niegan a investigar
La Fiscalía General se niega a investigar la compra de tierras en Ucú o de darle debida atención a la averiguación previa, sentenció el legislador suplente panista.
