(1)El Centro de Evaluación del Sureste, S.C.P., incurrió en una serie de ilegalidades al ser proveedor de servicios que finalmente pagó la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del gobierno del Estado.
Su director, Víctor Martín Victoria Caballero, estaba impedido desde 2009, a raíz de un reporte del Inca Rural, de seguir como asesor, pero aún así se le validó como tal. Y ahora, mediante una designación proveniente de una institución educativa del gobierno, tiene facultades de supervisar su propio trabajo, lo cual todavía no se ha solicitado.
Los vínculos de Victoria Caballero con la dependencia quedan claros con la entrega de proyectos que presentaron otros despachos. Nadie más que alguien de la Secretaría pudo tener acceso a esos documentos.
El 25 de febrero informamos de tres proyectos "pirateados" al despacho Ciscader, sobre asistencia técnica a igual número de grupos pesqueros.
Cuando esa oficina solicitó informes sobre el curso de las peticiones de apoyo ya había transcurrido casi mes y medio de que el Centro de Evaluación del Sureste presentó las facturas de los proyectos para su cobro. El importe total de las asesorías fue de $300,000.
No se puede argumentar que los pescadores decidieron cambiar de asesor, pues ni ellos estaban enterados de la suplantación, como revela una carta dirigida el 24 de enero al secretario de Fomento Agropecuario, Alejandro Menéndez Bojórquez,
Otros puntos que prueban la ilegalidad en que operan el Centro de Evaluación y su director son:
1) En los documentos en poder de las autoridades no prueban experiencia en las actividades en que asesoran: rehabilitación de embarcaciones, asistencia para una fábrica de hielo, cursos de contabilidad, administración y finanzas de rancho ganadero, desarrollo empresarial, buenas prácticas de miel, nuevas técnicas de producción bovina, estrategias de desarrollo rural, etcétera.
2) No fueron propuestos por todos los beneficiarios de los apoyos. La gran mayoría de los proyectos fue presentada en las ventanillas de atención por otros despachos o prestadores de servicios profesionales, como se puede constatar al revisar los expedientes originales.
3) Se quebrantan las restricciones de contratación señaladas en la circular 001/2010 de la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de la Sagarpa.
Para evitar conflicto de intereses, ese ordenamiento dispone que el prestador de servicios no debe tener vínculos de empleado, tampoco aparecer como "no aceptable" o "condicionado" en la lista de desempeño y contar con domicilio, oficina o instalaciones para atención al público en la microrregión que atenderá.
Victoria Caballero tiene vínculos directos con la Sfayp, pues fue él quien revisó, valoró y autorizó los servicios de capacitación y asistencia técnica en la Dirección de Apicultura, Avicultura y Porcicultura.
Además, al ser designado por la Universidad Tecnológica del Sur como responsable de la evaluación del desempeño de los servicios, él será quien califique a su propio despacho.
No se cumple el requisito de "aceptable" luego de la mala nota que le dio el Inca Rural.
En cuanto a sus oficinas en la microregión que atiende, la única reportada como su sede oficial está en Mérida, que, además, prácticamente está cerrada.
De los 48 servicios cobrados, 8 corresponden a Tzucacab, 4 a Teabo e igual número a Temax; 3 a Ticul y a Sucilá, a 2 a Buctzotz, Kanasín, Mérida, Panabá, Tahmek y Tekal de Venegas, y a uno en Cantamayec, Chankom, Dzidzantún, Hunucmá, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Tinum, Umán y Valladolid.
Se incluyen "programas especiales de capacitación y asistencia técnica" a consejos municipales de desarrollo rural sustentable de Mérida (2), Hunucmá, Umán y Valladolid.
Algunos servicios prestados corresponden a "elaboración de proyecto" para la adquisición de un semental y "vientres" bovinos, a la par de un curso de capacitación con costo total de $18,500.
Otros son de "plan de negocios sobre buenas prácticas de producción de miel" y unos más de "asesoría profesional para la elaboración de programa de desarrollo empresarial", esta última a ganaderos de Ticul con facturación de $291,494.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
Algunos ejemplos de servicios y cobros del Centro de Evaluación del Sureste, el "multiasesor":
Apicultores de Muna
Facturó $295,075 a fines de 2010 por programas especiales de capacitación y asistencia técnica proporcionados a la agrupación Mun Ha, de Muna. El objetivo fue capacitar a los productores en "buenas prácticas de miel".
Asesoría en Ticul
Similar cantidad facturó por un curso de capacitación y "asesoría profesional para la elaboración de programa de desarrollo empresarial" a "Ganaderos de la Perla del Sur".
Pesca de altura
Expidió facturas de $92,500 por "asistencia técnica para la rehabilitación de la embarcación de altura denominada San Rafael", a la cooperativa "Pescadores de Sisal".
Capacitación municipal
Reclamó cuatro pagos de $247,530 cada uno por "curso de capacitación para coordinadores municipales del Estado de Yucatán para aplicar estrategias de desarrollo rural sustentable en los municipios" de Hunucmá, Mérida, Valladolid y Umán. Hubo otra solicitud en Mérida, pero mayor, de $280,667.
Ganaderos
Por elaborar y diseñar un proyecto para la adquisición de ganado y capacitar al productor cobró $18,500 individuales por varios ganaderos.
