En el marco de las dificultades económicas que han obligado a miles de familias y empresasyucatecas a tomar medidas de austeridad para seguir adelante, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, ha descubierto una red de más de 70 empresas fantasmas dedicadas a la expedición de facturas para el gobierno del Estado, la mayoría de ellas por trabajos inexistentes o ajenos a sus fines declarados.
Son empresas - y en algunos casos, personas físicas con actividad empresarial o sociedades civiles particulares- llamadas fantasmas o de papel porque tienen registro fiscal y pagan a tiempo sus impuestos, pero simulan la prestación de sus servicios. Sus ganancias oscilarían entre el 10 y el 12 por ciento del valor de la factura que entregan, más el IVA.
Rastreo
Entre enero y febrero, Diario de Yucatán, basado en información oficial del primer semestre de 2010, publicó tres reportajes sobre este asunto. Esos textos revelaban la existencia de por lo menos una decena de empresas y personas físicas fantasmas incluidas como proveedoras de la CGCS, a la que le facturaron varios millones de pesos por servicios inexistentes.
Central 9 profundizó en el tema y a través de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo obtuvo la lista de todos los proveedores de esa dependencia de enero de 2008 a septiembre de 2010.
Al rastrear el origen de esos "proveedores", los reporteros de la Unidad de Investigación descubrieron que la red de fantasmas es mucho más grande de lo que se creía: ya son 74 las entidades entre empresas y personas físicas. Lo mismo ocurre con el monto presuntamente desviado: casi el 25 por ciento de todo el presupuesto de la CGCS en tres años.
Sería una operación orquestada desde lo más alto del gobierno del Estado -hay indicios de maniobras similares en otras dependencias de la administración pública local -con el propósito de adueñarse de una gran parte del cuantioso presupuesto de Comunicación Social.
De 2008 a 2010 el presupuesto ejercido por esa dependencia fue de $524.1 millones, 233.3 por ciento más de lo autorizado por el Congreso para ese periodo, que fue de $157.2 millones. En 2008, la CGCS gastó $133.3 millones, contra $49.9 millones aprobados por el Poder Legislativo. En 2009, los diputados autorizaron un presupuesto de comunicación social de $52.6 millones, pero la CGCS, vía ampliaciones presupuestales, ejerció $162.1 millones. En 2010 el gasto ascendió a $228.7 millones, contra $54.7 aprobados por los legisladores.
Este incremento constante del presupuesto, con recursos, la mayor parte provenientes de fondos federales de libre disposición, nunca se ha justificado ante el Congreso, ni tampoco la Auditoría Superior de la Federación ha investigado el destino de ese dinero, aunque ahora, con los datos descubiertos por Central 9, ya es posible entender algunos de los motivos de la operación fantasma: aumentar artificialmente los gastos en Comunicación Social para encubrir el desvío de una gran parte de esos fondos.
De acuerdo con las investigaciones, los proveedores fantasmas expiden facturas como socios de esas empresas o como personas físicas con actividad empresarial. Hay casos que facturan, con esta figura, hasta $6.5 millones. El concepto casi siempre es el mismo: "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado", un concepto general que nunca detalla las características del trabajo y sirve para disfrazar la prestación de un servicio que en realidad no se da.
Empresas de papel
Uno de los casos más escandalosos descubiertos por Central 9 es el del llamado "grupo de los hermanos López Cortés", (Oscar Joaquín y Víctor Hugo), que por sí mismos o a través de dos empresas de papel de su propiedad emitieron facturas por $17.207,545 a la CGCS entre enero de 2008 y septiembre de 2010, sin IVA.
Ellos habrían recibido un 10 por ciento de esa cantidad, es decir, $1.720,754, ($52,144 al mes sin hacer nada) más el IVA respectivo. El resto, $15.486,790, se habría quedado en manos de funcionarios del gobierno.
La carrera de Oscar Joaquín López Cortés como proveedor fantasma de la administración pública se inicia en junio de 2008 con la apertura de la empresa Especializaciones de Servicios Comerciales SA de CV, con un capital social de $50,000. Figuran como socios de esa compañía, además de los hermanos López Cortés, la esposa de Oscar Joaquín, Erika Elvira Benítez Angulo.
Servicios
En 2009 Especializaciones de Servicios Comerciales facturó a la CGCS $2.825,879 por supuestos "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado". Por este concepto, la empresa emitió, según la investigación de Central 9, dos facturas por $97,750, una por $125,000 y cinco por $400,000. También facturó los trabajos de impresión de 7 mantas de 12 x 4 metros, los de "diseño de campañas para medios impresos, radio y televisión" y por la impresión de 40,000 trípticos, aunque no hay pruebas de la existencia de estos trabajos.
Los objetivos de esta empresa, manifestados en su acta constitutiva, están muy alejados de las tareas de difusión, propaganda y comunicación que ahora sus socios dicen que ofrecen.
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En total, ESCSA y su socio Oscar Joaquín López Cortés facturaron $10.559,545 al gobierno de Yucatán en 18 meses, pero la mayoría de ese dinero no habría llegado a los bolsillos del supuesto empresario, a juzgar por las dificultades financieras a que se enfrentó en ese periodo.
Cuando comenzó actividades en junio de 2008, López montó sus oficinas en un predio rentado de la calle 22 A No. 51 de la colonia Rinconada de Chuburná, que también era su domicilio particular. La dueña de la casa, la señora Teresita Cosío de Gual, recuerda a López Cortés como un "pésimo inquilino: nunca pagaba la renta a tiempo y hasta lo amenacé con denunciarlo. Al final, salió de la casa, pero debiendo un mes de renta y dejando la casa hecha un cochinero".
Hay indicios para suponer que de septiembre a diciembre de 2010 ESCSA continuó con la expedición de facturas a la CGCS por $400,000 mensuales, aunque sobre este caso no hay pruebas documentales.
Ultramarinos
De lo que sí hay pruebas es de más supuestos cobros realizados por Oscar Joaquín, esta vez a través de otra empresa de papel creada por él, como principal accionista: Merico, SA de CV.
Esta compañía, que comienza actividades el 21 de diciembre de 2009, tiene como accionista minoritario a Omar Julián Martín Castillo y como comisario al hermano de Oscar, Víctor Hugo López Cortés. El primer domicilio de la empresa estuvo en la calle 27 No. 463-C, de la colonia Jesús Carranza. Posteriormente se cambió a su actual ubicación, en la calle 29 No. 461 x 58, de Francisco de Montejo.
Según su acta constitutiva, los objetivos de Merico son la compra, arrendamiento, producción, fabricación, almacenaje, maquila y distribución de todo tipo de bienes muebles, equipo industrial, refacciones automotrices, equipo de oficina, enseres domésticos, línea blanca, instrumentos musicales, vinos, licores y ultramarinos, laterías y la organización de todo tipo de eventos, así como la realización de estudios de mercado.
No obstante esta orientación empresarial, Merico facturó a la CGCS, hasta septiembre de 2010, $3.324,000, por el consabido concepto de "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado", a través de nueve facturas cobradas entre el 8 de junio y el 6 de septiembre, de acuerdo con la siguiente relación: una factura por $300,000, cinco por $363,000 y tres por $403,500.
Los hermanos López Cortés facturaron $13.8 millones al gobierno en 18 meses, pero no conformes, los supuestos empresarios simularon cobrar otros $3.324,000 -la misma cantidad que cobró Merico en los primeros nueve meses de 2010 -, pero en esta ocasión por medio de facturas emitidas por Víctor Hugo López Cortés, como persona física. El concepto, el mismo: "servicio de cobertura..." Como en Merico, aquí Víctor Hugo también emitió una factura por $300,000, cinco por $363,000 y tres por $403,500.
Central 9 contactó por teléfono con Oscar Joaquín López Cortés en sus oficinas de Merico, localizadas en una modesta casa de Francisco de Montejo, sin identificación comercial y muy lejos de parecer las oficinas de una empresa con ventas de varios millones de pesos al año. Se le pidió que confirme si él y su hermano habían facturado $17.2 millones a la CGCS y que explique los conceptos que amparan las facturas.
He realizado trabajos de publicidad para el gobierno, como impresión de mantas y playeras, "porque me dedico a eso", respondió López Cortés.
Es posible, añadió, que haya facturado esa cantidad, "pero mucho de ese ingreso sirvió para pagar a los proveedores".
-Me fue mal con la empresa Especialización de Servicios Comerciales - aceptó-, y por eso me cambié de local, de Chuburná a la colonia Jesús Carranza. Estoy tratando de salvar lo poco que tengo...
-Pero $17.2 millones es mucho dinero. ¿Puede precisar por qué conceptos los facturó?
-No tengo a mano la información -respondió -, además de que tampoco deseo hablar con ustedes; no responderé nada, ni voy a caer en su juego. Yo no tengo por qué rendir cuentas...Continuará.-H.C.C.
Altos funcionarios del gobierno habrían propiciado la creación de una vasta red de empresas vendedoras de facturas.
Investigación
Más de 70 empresas y personas físicas con actividad empresarial están incluidas en la lista de proveedores "fantasma" de la Coodinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado, según una nueva investigación del Central 9.
