Noticias de Yucatán
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“Turismo electoral”
Daniel Jesús Carrillo Polanco (*)
Tras muchas denuncias sobre el fraude que se ha fraguado en numerosas elecciones y que consiste en el registro ilegal e irregular de electores de otros estados para inflar el padrón de votantes en una entidad donde hay votaciones, por fin el IFE anuncia que, en el caso de Yucatán, 2,868 ciudadanos están bajo investigación por hacer cambios de domicilio de modo irregular.
Con el reporte que hace público el IFE se evidencia el megafraude electoral que se estaría cometiendo contra los vecinos de Quintana Roo, algo que, insisto, no es nada nuevo y que representa una de las variadas formas incluidas en el catálogo de trampas electorales.
Por años los ciudadanos hemos sido víctimas de toda clase de artimañas, viejas y nuevas, para torcer su voluntad expresada en las urnas: el carrusel, el ratón loco, la urna embarazada, el taqueo de votos, alteración de actas, la rasurada del padrón, compra masiva de votos, uso de recursos públicos, etcétera.
El “turismo electoral” y la manipulación social mediante el uso sucio de la mercadotecnia, que se hicieron presentes en Yucatán de manera muy evidente en las elecciones de 2007, son quizá los ardides más “modernos” de los que echa mano la maquinaria electorera.
En primera instancia, al leer las advertencias del IFE de que sancionaría dando de baja a los electores tránsfugas, uno de botepronto piensa que estaría bien que se castigara a quienes de modo irregular cambian su domicilio de Yucatán a Quintana Roo con la sola intención de votar.
Pero tras ligera reflexión uno se pregunta: ¿hasta qué punto se está aplicando la justicia y la legalidad con esa medida? Quienes tramitan su registro irregular en el vecino estado ¿lo hacen por cuenta propia o hay detrás una motivación positiva o negativa, es decir, hay de por medio una dádiva o una amenaza de castigo?
Lo que debe quedar claro y parece que el IFE no lo ve o no lo quiere ver es que el registro irregular de 2,868 personas se tiene que dar mediante una acción concertada y bien organizada. Es imposible que por obra de la casualidad casi 3,000 personas hagan la misma acción con la misma finalidad de torcer la voluntad de una comunidad.
Sería una simpleza que el IFE castigara a los electores migrantes pero no investigara qué propició los cambios irregulares en el padrón de Quintana Roo. La sanción debe estar enfocada a los autores intelectuales.
Incluso la sanción a muchos de los fugitivos electorales puede ser injusta, ya que quizás hayan sido sometidos a presiones o amenazas para que deliberadamente incurrieran en lo que seguro es un delito electoral.
El 5 de mayo pasado el Diario publicó un artículo de Alicia de los Ángeles García Rodríguez, quien relató que recibió el correo de una mujer que se identificó como María “N”, en el que aseguró que siendo trabajadora de un municipio fue presionada para incurrir en lo ilegal.
En ese correo la denunciante habría asentado: “Soy madre soltera, trabajo para un municipio y me pidieron yo lleve a otros familiares y además de esa forma conservaría mi empleo; al principio me negué, pero me aterroricé de perder mi empleo y no es fácil de conseguir otro, y peor cuando hay niños que alimentar”.
¿Cuántos más estarían en este caso? ¿Por qué el IFE se apresura a decir que sancionará a los electores y ni siquiera menciona a los autores intelectuales que son los verdaderos delincuentes electorales?- Mérida, Yucatán.
dajecapo@hotmail.com
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*) Maestro en comunicación política y marketing electoral y consejero estatal del PAN
