Noticias de Yucatán
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Recibimos una carta de Einar Reyes y Juan Carlos H., cofundadores de H. Creativos:
H. Creativos desea aclarar algunos puntos acerca de la editorial de ayer:
No somos una organización política y no somos abogados. Somos un despacho creativo enfocado a lanzar y relanzar empresas. El 99% de nuestros proyectos son para la iniciativa privada estatal y nacional. Por tanto, no nos parece recomendable tomar en cuenta nuestra opinión política o legal para efectos de este concurso. Sobre todo de un artículo que escribimos en nuestro blog hace cinco años.
Sin embargo, revisamos más a profundidad algo de la ley de imagen que se comenta y tenemos las siguientes observaciones:
1. Esta ley establece los lineamientos que debe contener la imagen del poder ejecutivo. Menciona que debe ser sencilla, pero al mismo incluyente, que represente la pluralidad y diversidad cultural de Yucatán, ajena a cualquier tinte partidista.
2. Se puede malinterpretar, como lo hicimos hace varios años, que lo que se somete a aprobación es la imagen institucional, pero lo que en realidad expresa que el Congreso del Estado debe aprobar una eventual modificación a esos mismos lineamientos. Por lo que sabemos, eso no ocurrió así.
3. En la misma ley se establece que el Ejecutivo debe realizar un concurso para el caso de tener una nueva imagen, y así fue.
Primero, se trató de un concurso por invitación. Esto significa que el gobierno consultó qué despachos y organizaciones serían las más indicadas para concursar y, en nuestra opinión, fue una selección aceptable. Verán, los resultados de un concurso “abierto” tanto para profesionales como para no profesionales sólo ocasiona que los primeros no compitan y las propuestas dejen mucho qué desear, como ocurrió con la convocatoria de la imagen turística de la Ciudad de México, cuyo premio fue de 1 millón de pesos para el ganador. Muy pocos profesionales estuvieron interesados y los tristes resultados los pueden encontrar en la crítica de nuestro mismo blog: http://cl.ly/PML6
Segundo, fue un concurso pagado. Se efectuaría un pago de 50 mil pesos a cada uno de los diez concursantes. Nadie perdería tiempo y dinero en el caso de que su propuesta no fuera elegida por el gobierno. Esto elevó el nivel del concurso, porque todos supimos que todos concursarían. Por otro lado, el premio para el ganador fue de 100 mil pesos adicionales, una cantidad apropiada (e incluso moderada) para concursos de este nivel.
Tercero, el jurado fue ciudadano y profesional. Se compuso de miembros de las diferentes escuelas de diseño de universidades yucatecas. ¿Cuántas veces la decisión es tomada por personas totalmente ajenas a la disciplina que evalúan?
Cuarto, fue un concurso ciego. Es decir, mientras el jurado ciudadano decidía cuál era la propuesta más adecuada, no había conocimiento de la autoría de las propuestas.
Si bien hay aspectos de este concurso que se pudieran mejorar, nos parece que representó una gran evolución versus administraciones anteriores.
