Noticias de Yucatán
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Un empresario regiomontano se queja de que la Secretaría de Seguridad Pública dejó libre a un presunto defraudador.
Daniel Darío García Garza y su socio Luis Castillo Sánchez construyen una planta de reciclaje en esta ciudad, por lo que contrataron los servicios de un tercero para la instalación del transformador que abastecería de electricidad.
De acuerdo con García Garza, para la instalación del transformador les fue presentado un presupuesto en el que el instalador les decía que requería el 75% de anticipo para empezar a trabajar, por lo que le entregaron $195,000; según el proyecto, en dos semanas estaría lista la obra.
Pasó un mes y ni siquiera se empezó la instalación del transformador ni el responsable se presentó a la obra, dijo García Garza, quien señaló que debido a ello decidió localizarlo; después de hablar con él, lo citó en la obra donde, una vez ahí, llamó a la policía; sin embargo, los agentes le dijeron que no podían detener al presunto defraudador.
Al día siguiente, un supuesto empleado del instalador se presentó a la obra a cobrar una factura que supuestamente le adeudaban; al revisar la factura, detectaron que la firma de García Garza era falsa.
El empresario regiomontano llamó a la policía, cuyos agentes trasladaron al empleado al edificio de la SSP, mientras García Garza interponía la denuncia en la Fiscalía General del Estado, luego de lo cual regresó al edificio de la SSP donde le informaron que el empleado se había retirado.
El instalador “dijo que tiene un pariente en la corporación policiaca y que mejor ni le mueva”, dijo el empresario; sin embargo, al salir, un oficial le dijo que hablara con el secretario, Luis Felipe Saidén Ojeda, ya que a lo mejor ni estaba enterado. También le indicó que el secretario estaba contra esas acciones y que tiene advertido a los agentes que castigará toda acción que sea de corrupción o favoritismo a familiares o amigos.
En relación con el caso, fuentes de la SSP señalaron que, según le explicaron a García Garza, el día que solicitó el apoyo de la SSP, la corporación no podía detener al instalador porque no existía flagrancia y que una detención habría violado sus derechos.
En cuanto al empleado, dijeron que no lo detuvieron sino sólo lo llevaron al edificio para entrevistarlo y, al comprobar que no había flagrancia, ya que García Garza dijo a los oficiales que no vio que el empleado firmara el documento con la firma apócrifa, lo dejaron retirarse.
Según dijeron, el caso tendría que ser ventilado en la Fiscalía General del Estado, donde determinarán por medio de investigaciones si se emite una orden de aprehensión.
