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La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue la dependencia que más quejas y recomendaciones recibió el año pasado.
La Codhey emitió 17 recomendaciones en todo el Estado, de las cuales la SSP recibió 7, es decir, el 41%.
Detenciones arbitrarias, lesiones, trato cruel, inhumano, entre otras, fueron las quejas que se recibieron de las presuntas víctimas.
De acuerdo con la información de la Codhey, de enero a noviembre pasado se recibieron 284 quejas contra distintas autoridades por 862 hechos presuntamente violatorios, se interpuso un total de nueve denuncias ante el Ministerio Público y se emitieron 31 medidas cautelares.
Las principales autoridades señaladas por los ciudadanos fueron la SSP, con 115 quejas; la Fiscalía, 44; la Secretaría de Educación, 30; el Ayuntamiento de Progreso, 14; el de Umán, 9; Kanasín, 7; Hunucmá, 7; Seyé, 6; Mérida, 6; la Policía de Mérida, 7; la Secretaría de Salud de Yucatán con 5; Ayuntamiento de Sotuta con 4; Instituto de la Defensa Pública de Yucatán con 4 y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con 4.De los Ayuntamientos se encuentran Izamal y Xocchel con 3 señalamientos violatorios y los ayuntamientos de Acanceh, Hoctún, Kinchil, Motul, Tecoh, Temax, Tetiz, Timucuy, Ucú, con dos señalamientos cada uno.Los hechos presuntamente violatorios fueron detención arbitraria, 168; prestación indebida del servicio público, 154; lesiones, 137; trato cruel, inhumano o degradante, 57; violación a los derechos del niño, 42; allanamiento de morada, 41; amenazas, 40; robo, 28; retención ilegal, 24; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 24; incomunicación, 17; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, 17; intimidación, 13; falsa acusación, 12; insuficiente protección de personas, 11; violación al derecho a la igualdad y al trato digno, 9; y violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, 9, entre otros.En el periodo señalado se emitieron 31 medidas cautelares a las siguientes autoridades: Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, 16; Servicios de Salud de Yucatán, 5; Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 3; Centro de Reinserción Social del Estado, 2; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 1; así como una a los Ayuntamientos de Hunucmá, Progreso, Seyé y Ucú.Se han emitido 17 recomendaciones, la autoridad que ha recibido un mayor número es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 7; y las demás al Cabildo de Motul; y Cabildo de Tahdziú; así como a los presidentes municipales de Kanasín; Kaua; Muna; Progreso; Ticul; Tzucacab; Yaxkukul: y Tixméhuac. De las 17 recomendaciones, 9 fueron aceptadas y siete no aceptadas; las principales autoridades que se negaron a aceptar la resolución son las municipales.
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