Noticias de Yucatán
En un procedimiento legal pocas veces aplicado, la Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación directa ante un juez penal del ex alcalde de Telchac Puerto. José Humberto Marrufo Ramírez, por no acatar la sentencia de un juzgado de Distrito.
La misma medida se dispuso contra la ex tesorera Martina Kamal Chuk.
Sin embargo, al parecer ninguno de ha sido detenidos para ser presentados ante el juez.
La consignación se dispuso luego de los requerimientos hechos para que acataran la sentencia.
No lo hicieron cuando el juez de Distrito lo ordenó, ni cuando lo hizo el Tribunal Colegiado y ni siquiera cuando lo dispuso la propia SCJN, por lo que se agotaron los recursos y se dispuso la detención.
Todo derivó de la demanda de amparo que interpuso la parte quejosa, una empresa particular, reclamando disposiciones de la Ley General de Hacienda para los municipios de Yucatán, relativas al impuesto por adquisición de inmuebles.
El juez concedió la protección y ordenó a la autoridad devolver 240 mil 200 pesos a la quejosa.
Sin embargo, el municipio no cumplió, por lo que el asunto pasó al Tribunal Colegiado y luego a la SCJN.
Debido a que hasta hoy no había elementos para acreditar el cumplimiento, se ordena la consignación de las ex autoridades en desacato y se obliga a cumplir a quienes ocupan actualmente esos cargos en el municipio.
En un procedimiento legal pocas veces aplicado, la Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación directa ante un juez penal del ex alcalde de Telchac Puerto. José Humberto Marrufo Ramírez, por no acatar la sentencia de un juzgado de Distrito.
La misma medida se dispuso contra la ex tesorera Martina Kamal Chuk.
Sin embargo, al parecer ninguno de ha sido detenidos para ser presentados ante el juez.
La consignación se dispuso luego de los requerimientos hechos para que acataran la sentencia.
No lo hicieron cuando el juez de Distrito lo ordenó, ni cuando lo hizo el Tribunal Colegiado y ni siquiera cuando lo dispuso la propia SCJN, por lo que se agotaron los recursos y se dispuso la detención.
Todo derivó de la demanda de amparo que interpuso la parte quejosa, una empresa particular, reclamando disposiciones de la Ley General de Hacienda para los municipios de Yucatán, relativas al impuesto por adquisición de inmuebles.
El juez concedió la protección y ordenó a la autoridad devolver 240 mil 200 pesos a la quejosa.
Sin embargo, el municipio no cumplió, por lo que el asunto pasó al Tribunal Colegiado y luego a la SCJN.
Debido a que hasta hoy no había elementos para acreditar el cumplimiento, se ordena la consignación de las ex autoridades en desacato y se obliga a cumplir a quienes ocupan actualmente esos cargos en el municipio.
