CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Asociación Nacional de Alcaldes solicitó al gobierno federal que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), implemente de manera urgente un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.
En un comunicado el organismo informó que de 2003 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, siete electos y 32 exalcaldes, dando un total de 79.
Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero; y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas
“En la ANAC hemos realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo)”, indica el documento.
De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
El propósito de lo anterior, agrega la ANAC, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en Fortaseg, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos.
De igual manera se consideren los pasos a seguir después de una situación de esta naturaleza, adicional a lo estipulado por la ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos en comento.
