Noticias de Yucatán
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
detenido en Guatemala en abril pasado, “es un preso más” en el sistema
penitenciario de este país centroamericano, afirmaron autoridades guatemaltecas.
Duarte, quien en una audiencia judicial el pasado 27 de
junio lució con sobrepeso, sonriente y hasta desafiante, permanece desde abril
en el Centro de Detención Matamoros, espacio de una base militar de la
céntrica zona uno capitalina cedido a las autoridades civiles.
El ex gobernador de Veracruz, “no goza de prebendas. Es
uno más de los presos en Guatemala”, aseveró el vocero de la Dirección General
del Sistema Penitenciario (DGSP), Rudy Esquivel, en entrevista.
“Duarte no tiene ningún tipo de prebendas, se somete a
las normas y disposiciones ordenadas por un juez. No tiene ni más ni menos de
los beneficios que la ley permite”, indicó el funcionario, quien aclaró que el
ex político no se encuentra aislado ni bajo una vigilancia especial.
El trato “igualitario” excluye a Duarte de un menú a su
antojo y consume los alimentos con un costo de 12 quetzales (1.6 dólares) por
día, que se sirven a los más de 22 mil privados de la libertad de los 21
penales del país
“Es obligación del Estado brindar tres tiempos de comida
diariamente. No son alimentos caros, es lo idóneo, servidos por empresas
especializadas que como proveedores participan en una licitación pública”,
señaló Esquivel.
Dijo que el menú para los “tres tiempos” consiste en pan,
tortillas, huevo, café, atole, agua de frutas, “y una vez por semana una
porción pequeña de carne blanca o roja”.
Indicó que el Centro de Detención Matamoros, que
comenzó a funcionar en 2010 y en julio de 2016 se remozó completamente, fue
diseñado para la reclusión de internos “altamente vulnerables”, enviados al
lugar por orden de juez competente.
“La vulnerabilidad o peligrosidad de un interno la decide
un juez, pero no implica beneficios. Son los mismos derechos y obligaciones
para todos los reos, sometidos a un protocolo estricto por prevención y
seguridad”, aclaró.
El Matamoros, en terrenos de la Brigada Militar del
mismo nombre, tiene capacidad para 42 detenidos y “al día de hoy” cuenta con 33
presos (30 hombres y tres mujeres), de los que dos son extranjeros, incluido
Duarte.
Explicó que por su “vulnerabilidad” o “peligrosidad”,
Duarte y otros detenidos están recluidos en celdas “unipersonales” –que no
comparten con otro preso- y al igual que el resto de la población del Matamoros
salen a “una hora de sol” diariamente.
El vocero de la DGSP negó que se violen los derechos de
los reos, como se quejó la defensa por las constantes requisas que se registran
en la celda de Duarte.
“No se busca violentar derechos de los detenidos. Lo que
señala el protocolo de manera estricta son las requisas, practicadas
semanalmente, como parte de la prevención y seguridad”, apuntó Esquivel, quien
dijo que en el centro de detención no se han producido motines ni víctimas.
Sobre las personas que visitan al ex gobernador
veracruzano en su lugar de reclusión, dijo que “hay muchos datos que por
reserva de información legal no se manifiestan de manera pública, no es que se
oculten”.
Detalló que, previa orden de juez, las autoridades de la
DGSP aprueban las visitas, que usualmente se limitan “al círculo familiar más
cercano y a los asesores técnicos (abogados defensores)”.
El vocero puntualizó que las restricciones son parte de
la seguridad, “para evitar escenarios de riesgo”, y que las medidas al interior
del Matamoros “también son estrictas para todos los internos, no solo para
Duarte”.
El funcionario aseveró que las autoridades del sistema
penitenciario tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de Duarte,
para lo cual se adopta el “protocolo adecuado” que “corresponden a una prisión
de máxima seguridad”.
Según datos de la DGSP, Duarte es parte de un total de
650 extranjeros de 22 países que forman la población penitenciaria de 22 mil
133 personas -19 mil 914 hombres y dos mil 219 mujeres- recluidas en los 21
penales del país.
Duarte fue detenido con fines de extradición el
pasado 15 de abril en el municipio de Panajachel, un centro turístico del
occidental departamento de Sololá, a 150 kilómetros de la capital.
El pedido de extradición fue formalizado el 7 de junio
por el gobierno mexicano, a fin de juzgarlo por los delitos federales de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La segunda audiencia por este primer proceso, a cargo
del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, está prevista para el próximo
cuatro de julio.
El pasado 27 de junio, en la primera audiencia del segundo
proceso de extradición, Duarte fue notificado “del requerimiento por los
delitos estatales” de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal,
peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del gobierno de
Veracruz.
