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Campesinos y sindicatos rechazaron la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que propone quitarle todos los candados a la subcontratación, ya que “destruye toda protección a los trabajadores y asesta un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”. Alertaron que los llamados senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo discuten en secreto.
El vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, Daniel Zúñiga Maldonado, solicitó a nombre de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) un amplio debate público en torno al proceso de reglamentación de la reforma del artículo 123 constitucional.
Dijo que la iniciativa, enviada el pasado 7 de diciembre por los senadores priistas Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, “viola el derecho de asociación y contratación colectiva pues pone obstáculos insalvables para su ejercicio blindando los contratos colectivos de protección patronal y actualizando una regresión contraria a los compromisos internacionales entre ellos al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo”.
La plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores aprobó un documento que contiene 12 puntos en los cuales se argumenta la postura de rechazo a la iniciativa presentada por los legisladores priistas, además la propuesta por el dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, por tratarse de una contrarreforma laboral que contraría los principios de la justicia social y que equipara los juicios laborales a los civiles y mercantiles.
Entre los puntos más relevantes del documento aprobado por el pleno de la UNT, está el que se emplace a un debate abierto, plural y transparente donde se tomen en cuenta todos los puntos de vista acerca de dicha reglamentación.
“Hasta ahora sólo se ha discutido en secreto con algunos abogados empresariales excluyendo al sindicalismo democrático, la academia, el foro de abogados y la sociedad en general”, dijo Daniel Zúñiga.
¿QUÉ PROPONE LA CONTROVERTIDA INICIATIVA?
El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.
Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa priista. De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La propuesta se presentó el pasado 7 de diciembre, cuando en el Senado la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La Ley forma parte de las leyes secundarias que están contempladas en materia y que deben emitirse antes de febrero de 2018.
De acuerdo con expertos en materia laboral consultados en días pasados por SinEmbargo, si la Ley pasa como está podría tener efectos en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.
Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.
Actualmente, la Ley establece ciertos topes a la contratación vía outsourcing. Por ejemplo, está prohibido que todo el personal de una empresa completa esté contratado bajo ese esquema, no se puede contratar de esa manera a alguien que realice el mismo trabajo que alguien contratado directamente, no se permite si la empresa se deslinda de sus obligaciones patronales o si busca transferir a sus trabajadores para tener menores derechos laborales.
Con la iniciativa, sería ahora la empresa que contrata, la que informaría regularmente a la empresa sobre los cumplimientos de sus obligaciones laborales y pasaría a ser la nueva figura patronal.
Otros efectos que se han encontrado son mayores trámites para el emplazamiento a huelga y cambios en las garantías vigentes en materia de aviso de despido por escrito y en el procedimiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.
De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato.
Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.
La comisión que tiene en sus manos esta ley, que busca quitar todos los topes a la subcontratación, está integrada por un conocedor de la ley laboral actual y por militantes de organizaciones populares y de trabajadores ligados al partido tricolor: la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Javier Lozano Alarcón del PAN y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT son secretarios y el resto de los integrantes son Isaías González Cuevas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI).
