Noticias de Yucatán
México es una de las mecas mundiales de la desigualdad: una nación en la que conviven algunas de las mayores fortunas del mundo y 53 millones de pobres. También uno de los países industrializados con menor recaudación fiscal: el erario solo recauda anualmente el 17% del PIB, frente al 25% de media en América Latina y el 35% de los Estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ese diagnóstico, el ente que dirige el mexicano Ángel Gurría reclama al país norteamericano la puesta en marcha de un impuesto sobre las herencias y recomienda a sus autoridades aumentar los ingresos procedentes de impuestos ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y sobre actividades perjudiciales para el medioambiente. Sin embargo, a las puertas de la campaña electoral, la necesidad de aumentar la presión fiscal se ha convertido en un anatema en el debate público: ningún candidato para las elecciones presidenciales de julio ha propuesto, hasta la fecha, subir o crear nuevos impuestos.
La tesis general de la OCDE es que, a pesar de la reforma fiscal de 2013, la recaudación mexicana sigue siendo "insuficiente" para financiar las necesidades de gasto público social y en infraestructuras. El gasto social, subraya el organismo, sigue estando entre los más bajos de sus socios, pese a haber pasado del 2% de 1985 al 8% actual. La inversión gubernamental infraestructuras es igualmente baja y, lo que es más preocupante, no ha dejado de caer en los últimos años: ha pasado del 3% de 2009 al 1,8% actual -una de las cifras más bajas del mundo desarrollado- como parte del programa de recortes fiscales puesto en marcha para cuadrar las cuentas públicas.
"México tiene que aumentar la recaudación tributaria: necesita obtener recursos para financiar un mayor paquete de servicios para la población", apunta Luiz de Mello, director de estudios de política económica de la OCDE. "Es cierto que ha fortalecido en los últimos años su política fiscal, pero la sociedad mexicana aún tiene que hacer frente a importantes retos en términos de bienestar, infraestructura, educación, salud o combate a la pobreza... La mitad de la población vive aún en situación de pobreza, los niveles de desigualdad siguen siendo bastante altos y el gasto social sigue siendo bajo: del 8%, menos de la mitad que en la media de la OCDE", remarca Mello. "También hay margen para mejorar el efecto redistributivo del sistema fiscal: incluso después de la reforma de 2013, hay muy poca diferencia entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible después de impuestos y transferencias fiscales".
Para suturar esas brechas de recaudación y de redistribución y financiar la "necesaria expansión" del gasto y de las inversiones públicas, el plan de ataque propuesto por los economistas de la OCDE pasa por incrementar los ingresos públicos mediante el aumento de los gravámenes ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y de los impuestos verdes al tiempo que se implementa un impuesto específico sobre las herencias, hoy inexistente en el esquema fiscal mexicano. En este último punto la OCDE no está sola: el último académico en sumarse a la cruzada en favor de un tributo sobre las sucesiones fue Branko Milanovic, profesor de la City University of New York (CUNY) especializado en temas de desigualdad, que en una entrevista con EL PAÍS en diciembre pasado subrayaba la "importancia" de que México fijase un tributo específico sobre "las herencias y la riqueza". "Lo que ocurre en este país es que hay muchas personas extraordinariamente ricas, hasta el punto de que están entre los más acaudalados del mundo", decía Milanovic.
Respecto a los llamados impuestos verdes, que gravan las actividades más contaminantes, el director de estudios de política económica de la OCDE apela a un esquema basado en la idea de que "quien contamine, pague". "Se han hecho esfuerzos en este área, por ejemplo eliminando los subsidios a los combustibles o aumentando el impuesto especial a estos carburantes, pero lo que estamos planteando es que las tasas aplicadas siguen siendo bajas", añade.
En su último informe sobre el país norteamericano (Getting it right: prioridades estratégicas para México) el ente con sede en París, una suerte de think tank de los países industrializados, apuesta por reducir las exenciones y limitar "al máximo posible" de los tipos reducidos del IVA "compensando al mismo tiempo a aquellos en situación de pobreza con más subsidios". También propone por un incremento de los impuestos prediales (que gravan las propiedades inmobiliarias, una de las figuras fiscales que más réditos da por lo difícil que resulta esquivarla y lo sencilla que es su implantación). La única reducción que propone en su menú impositivo para México es en el gravamen sobre los beneficios empresariales. Tras la reforma fiscal en Estados Unidos -un país con el que México tiene importantes lazos económicos- este último punto se ha convertido en una de las grandes reclamaciones de las patronales mexicanas, que temen la salida de inversiones con destino al vecino del norte.
En el campo de la evasión fiscal, otro de los talones de Aquiles del sistema impositivo mexicano, la OCDE pide al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) que "incremente sus esfuerzos" mediante la integración de administración tributaria (el SAT) y la seguridad social. El País.
México es una de las mecas mundiales de la desigualdad: una nación en la que conviven algunas de las mayores fortunas del mundo y 53 millones de pobres. También uno de los países industrializados con menor recaudación fiscal: el erario solo recauda anualmente el 17% del PIB, frente al 25% de media en América Latina y el 35% de los Estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ese diagnóstico, el ente que dirige el mexicano Ángel Gurría reclama al país norteamericano la puesta en marcha de un impuesto sobre las herencias y recomienda a sus autoridades aumentar los ingresos procedentes de impuestos ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y sobre actividades perjudiciales para el medioambiente. Sin embargo, a las puertas de la campaña electoral, la necesidad de aumentar la presión fiscal se ha convertido en un anatema en el debate público: ningún candidato para las elecciones presidenciales de julio ha propuesto, hasta la fecha, subir o crear nuevos impuestos.
La tesis general de la OCDE es que, a pesar de la reforma fiscal de 2013, la recaudación mexicana sigue siendo "insuficiente" para financiar las necesidades de gasto público social y en infraestructuras. El gasto social, subraya el organismo, sigue estando entre los más bajos de sus socios, pese a haber pasado del 2% de 1985 al 8% actual. La inversión gubernamental infraestructuras es igualmente baja y, lo que es más preocupante, no ha dejado de caer en los últimos años: ha pasado del 3% de 2009 al 1,8% actual -una de las cifras más bajas del mundo desarrollado- como parte del programa de recortes fiscales puesto en marcha para cuadrar las cuentas públicas.
"México tiene que aumentar la recaudación tributaria: necesita obtener recursos para financiar un mayor paquete de servicios para la población", apunta Luiz de Mello, director de estudios de política económica de la OCDE. "Es cierto que ha fortalecido en los últimos años su política fiscal, pero la sociedad mexicana aún tiene que hacer frente a importantes retos en términos de bienestar, infraestructura, educación, salud o combate a la pobreza... La mitad de la población vive aún en situación de pobreza, los niveles de desigualdad siguen siendo bastante altos y el gasto social sigue siendo bajo: del 8%, menos de la mitad que en la media de la OCDE", remarca Mello. "También hay margen para mejorar el efecto redistributivo del sistema fiscal: incluso después de la reforma de 2013, hay muy poca diferencia entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible después de impuestos y transferencias fiscales".
Para suturar esas brechas de recaudación y de redistribución y financiar la "necesaria expansión" del gasto y de las inversiones públicas, el plan de ataque propuesto por los economistas de la OCDE pasa por incrementar los ingresos públicos mediante el aumento de los gravámenes ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y de los impuestos verdes al tiempo que se implementa un impuesto específico sobre las herencias, hoy inexistente en el esquema fiscal mexicano. En este último punto la OCDE no está sola: el último académico en sumarse a la cruzada en favor de un tributo sobre las sucesiones fue Branko Milanovic, profesor de la City University of New York (CUNY) especializado en temas de desigualdad, que en una entrevista con EL PAÍS en diciembre pasado subrayaba la "importancia" de que México fijase un tributo específico sobre "las herencias y la riqueza". "Lo que ocurre en este país es que hay muchas personas extraordinariamente ricas, hasta el punto de que están entre los más acaudalados del mundo", decía Milanovic.
Respecto a los llamados impuestos verdes, que gravan las actividades más contaminantes, el director de estudios de política económica de la OCDE apela a un esquema basado en la idea de que "quien contamine, pague". "Se han hecho esfuerzos en este área, por ejemplo eliminando los subsidios a los combustibles o aumentando el impuesto especial a estos carburantes, pero lo que estamos planteando es que las tasas aplicadas siguen siendo bajas", añade.
En su último informe sobre el país norteamericano (Getting it right: prioridades estratégicas para México) el ente con sede en París, una suerte de think tank de los países industrializados, apuesta por reducir las exenciones y limitar "al máximo posible" de los tipos reducidos del IVA "compensando al mismo tiempo a aquellos en situación de pobreza con más subsidios". También propone por un incremento de los impuestos prediales (que gravan las propiedades inmobiliarias, una de las figuras fiscales que más réditos da por lo difícil que resulta esquivarla y lo sencilla que es su implantación). La única reducción que propone en su menú impositivo para México es en el gravamen sobre los beneficios empresariales. Tras la reforma fiscal en Estados Unidos -un país con el que México tiene importantes lazos económicos- este último punto se ha convertido en una de las grandes reclamaciones de las patronales mexicanas, que temen la salida de inversiones con destino al vecino del norte.
En el campo de la evasión fiscal, otro de los talones de Aquiles del sistema impositivo mexicano, la OCDE pide al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) que "incremente sus esfuerzos" mediante la integración de administración tributaria (el SAT) y la seguridad social. El País.
