Noticias de Yucatán
GUANAJUATO, Gto. (apro).- En un estado donde los feminicidios ganan cada vez más terreno, el gobernador Miguel Márquez Márquez ha prometido “cero tolerancia” a los actos de violencia contra las mujeres, pero no mide por el mismo rasero cuando de sus colaboradores se trata.
En el último año, dos funcionarios de alto nivel (ambos directores) en las secretarías de Turismo y de Seguridad Pública (SSP) fueron señalados de acoso laboral y sexual por parte de empleadas, cuya violación a sus derechos fue confirmada por la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato (PDHEG). Posteriormente los responsables renunciaron a sus cargos y recibieron sendas liquidaciones. Hubo sanciones administrativas, nada más.
El caso más reciente involucra a Víctor Hugo Resendes Macías, exdirector general del sistema penitenciario adscrito a la SSP, denunciado ante el Ministerio Público por acosar a una doctora adscrita al Centro de Readaptación Social (Cereso) de León. La mujer presentó una queja ante la PDHEG en septiembre de 2016 en contra del funcionario y otros cuatro empleados del área. A todos los señaló de acoso laboral hacia ella y su esposo, quien entonces era jefe de custodios en el mismo Cereso.
La víctima empezó a laborar en el penal en enero de 2015, y desde el primer día hubo un tocamiento inapropiado por parte del director general, Víctor Hugo Resendes. Cuando ella mostró su incomodidad, éste le dijo que “le gustaba mucho el cuerpo de las mujeres”.
En una ocasión posterior, según la denuncia, el funcionario le ordenó presentarse en el Cereso fuera del horario de trabajo y pretextó una revisión médica, pese a que había otro galeno en las instalaciones. Al llegar ella, le mostró los genitales y, una vez más, subrayó “que le gustaban mucho el sexo y las mujeres”.
La denuncia penal no prosperó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). La queja fue resuelta por la PDHEG ocho meses después, pero únicamente en lo referente a un proceso administrativo, del que el organismo eximió expresamente al secretario de Seguridad –superior jerárquico de Resendes Macías–, Alvar Cabeza de Vaca.
Casi al mismo tiempo en que ella fue presionada para que presentara su renuncia y se negó, su esposo fue transferido al Cereso de Acámbaro, hecho que ambos consideraron como una represalia. Posteriormente, ambos fueron despedidos.
A ella se le entregó un oficio de “cese de efectos de nombramiento”, con fecha 24 de octubre de 2016, firmado por el secretario Cabeza de Vaca. En el texto se destacó que su puesto era de “trabajador de confianza” y se determinaba su cese por “carecer del derecho de estabilidad en el empleo”.
Tanto ella como su esposo interpusieron recursos en contra de sus despidos. Sólo prosperó el de él, al resolverse el pago de salarios caídos, pero sin reinstalación.
Como resultado del proceso administrativo que se siguió a Víctor Hugo Resendes, éste fue sancionado con un año de inhabilitación, que empezó a correr a partir del 8 de febrero de este año.
Sobre los procesos administrativos de otros cuatro funcionarios, también denunciados por la doctora del Cereso, no hubo sanciones, pues se concluyó que no se comprobaron los hechos de los que fueron acusados. Esa fue la respuesta que la SSP dio a la PDHEG sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
En su documento, la dependencia estatal refirió que se iniciaron los procedimientos administrativos “determinándose… la resolución de la no acreditación de la responsabilidad administrativa imputada”.
Según informó la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de la SSP, en una respuesta a una solicitud de información pública, Víctor Hugo Resendes Macías renunció a su cargo en la SSP el 12 de enero de 2017, pero por los cuatro años y tres meses en el puesto recibió una liquidación de 246 mil 275 pesos.
Cabe señalar que el pasado 9 de febrero, sujetos desconocidos dispararon contra la casa de la doctora y su esposo, y profirieron amenazas dirigidas a éste. Por esos hechos se presentó una denuncia ante la PGJ.
Despedida… de medio millón de pesos
En otro caso, durante tres años una trabajadora de la Secretaría de Turismo del estado fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de Omar Murillo Núñez, quien ocupaba el cargo de director general de desarrollo turístico. El funcionario es muy cercano al titular de la dependencia, Fernando Olivera Rocha.
La víctima también presentó denuncia penal y una queja en la PDHEG, que inicialmente rechazó abrir un expediente. Finalmente, en octubre de 2017 esta instancia concluyó que efectivamente se configuró el acoso por parte de Murillo Núñez, pero liberó de cualquier responsabilidad a Olivera Rocha, a quien sólo recomendó instrumentar un proceso administrativo, pedir una disculpa a la empleada y poner una leyenda contra la violencia hacia las mujeres en la papelería oficial.
Ocho meses atrás, en febrero de ese año, Murillo Núñez presentó su renuncia a la dirección general que ocupaba, después de que el asunto se hizo público a través de los medios. Sin embargo, recibió una liquidación de 498 mil 873 pesos.
“Eso no es justicia”
Para la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, en ambos casos las resoluciones no se han traducido en justicia para las víctimas.
“El mensaje que se manda es de tolerancia, y peor aún si los agresores son funcionarios públicos y del más alto nivel. Por un lado, mandan el mensaje de que los inhabilitan, se les encuentra responsabilidad administrativa y jurídica, y por otro lado esas compensaciones o liquidaciones parecen un premio. Esto es una doble victimización” para las mujeres agredidas, señaló a Apro.
De acuerdo con Cruz Sánchez, esta victimización por parte el Estado está prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo mismo que en la ley estatal: “se llama violencia institucional contra las mujeres”.
Es evidente la distinta medición que hace el gobierno en los casos, cuando se trata de ciudadanos o de funcionarios, particularmente en estos de alto nivel en la propia administración estatal, subrayó.
“Claro que están midiendo de manera distinta, como se trata de altos funcionarios, en lugar de sancionarlos ejemplarmente, se llevan premios. Podrían aplicar una sanción ejemplar para mandar un mensaje ejemplar para prevenir la violencia contra las mujeres desde los propios integrantes de la administración pública, pero hay una evasión”, concluyó la directora de Las Libres.
GUANAJUATO, Gto. (apro).- En un estado donde los feminicidios ganan cada vez más terreno, el gobernador Miguel Márquez Márquez ha prometido “cero tolerancia” a los actos de violencia contra las mujeres, pero no mide por el mismo rasero cuando de sus colaboradores se trata.
En el último año, dos funcionarios de alto nivel (ambos directores) en las secretarías de Turismo y de Seguridad Pública (SSP) fueron señalados de acoso laboral y sexual por parte de empleadas, cuya violación a sus derechos fue confirmada por la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato (PDHEG). Posteriormente los responsables renunciaron a sus cargos y recibieron sendas liquidaciones. Hubo sanciones administrativas, nada más.
El caso más reciente involucra a Víctor Hugo Resendes Macías, exdirector general del sistema penitenciario adscrito a la SSP, denunciado ante el Ministerio Público por acosar a una doctora adscrita al Centro de Readaptación Social (Cereso) de León. La mujer presentó una queja ante la PDHEG en septiembre de 2016 en contra del funcionario y otros cuatro empleados del área. A todos los señaló de acoso laboral hacia ella y su esposo, quien entonces era jefe de custodios en el mismo Cereso.
La víctima empezó a laborar en el penal en enero de 2015, y desde el primer día hubo un tocamiento inapropiado por parte del director general, Víctor Hugo Resendes. Cuando ella mostró su incomodidad, éste le dijo que “le gustaba mucho el cuerpo de las mujeres”.
En una ocasión posterior, según la denuncia, el funcionario le ordenó presentarse en el Cereso fuera del horario de trabajo y pretextó una revisión médica, pese a que había otro galeno en las instalaciones. Al llegar ella, le mostró los genitales y, una vez más, subrayó “que le gustaban mucho el sexo y las mujeres”.
La denuncia penal no prosperó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). La queja fue resuelta por la PDHEG ocho meses después, pero únicamente en lo referente a un proceso administrativo, del que el organismo eximió expresamente al secretario de Seguridad –superior jerárquico de Resendes Macías–, Alvar Cabeza de Vaca.
Casi al mismo tiempo en que ella fue presionada para que presentara su renuncia y se negó, su esposo fue transferido al Cereso de Acámbaro, hecho que ambos consideraron como una represalia. Posteriormente, ambos fueron despedidos.
A ella se le entregó un oficio de “cese de efectos de nombramiento”, con fecha 24 de octubre de 2016, firmado por el secretario Cabeza de Vaca. En el texto se destacó que su puesto era de “trabajador de confianza” y se determinaba su cese por “carecer del derecho de estabilidad en el empleo”.
Tanto ella como su esposo interpusieron recursos en contra de sus despidos. Sólo prosperó el de él, al resolverse el pago de salarios caídos, pero sin reinstalación.
Como resultado del proceso administrativo que se siguió a Víctor Hugo Resendes, éste fue sancionado con un año de inhabilitación, que empezó a correr a partir del 8 de febrero de este año.
Sobre los procesos administrativos de otros cuatro funcionarios, también denunciados por la doctora del Cereso, no hubo sanciones, pues se concluyó que no se comprobaron los hechos de los que fueron acusados. Esa fue la respuesta que la SSP dio a la PDHEG sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
En su documento, la dependencia estatal refirió que se iniciaron los procedimientos administrativos “determinándose… la resolución de la no acreditación de la responsabilidad administrativa imputada”.
Según informó la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de la SSP, en una respuesta a una solicitud de información pública, Víctor Hugo Resendes Macías renunció a su cargo en la SSP el 12 de enero de 2017, pero por los cuatro años y tres meses en el puesto recibió una liquidación de 246 mil 275 pesos.
Cabe señalar que el pasado 9 de febrero, sujetos desconocidos dispararon contra la casa de la doctora y su esposo, y profirieron amenazas dirigidas a éste. Por esos hechos se presentó una denuncia ante la PGJ.
Despedida… de medio millón de pesos
En otro caso, durante tres años una trabajadora de la Secretaría de Turismo del estado fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de Omar Murillo Núñez, quien ocupaba el cargo de director general de desarrollo turístico. El funcionario es muy cercano al titular de la dependencia, Fernando Olivera Rocha.
La víctima también presentó denuncia penal y una queja en la PDHEG, que inicialmente rechazó abrir un expediente. Finalmente, en octubre de 2017 esta instancia concluyó que efectivamente se configuró el acoso por parte de Murillo Núñez, pero liberó de cualquier responsabilidad a Olivera Rocha, a quien sólo recomendó instrumentar un proceso administrativo, pedir una disculpa a la empleada y poner una leyenda contra la violencia hacia las mujeres en la papelería oficial.
Ocho meses atrás, en febrero de ese año, Murillo Núñez presentó su renuncia a la dirección general que ocupaba, después de que el asunto se hizo público a través de los medios. Sin embargo, recibió una liquidación de 498 mil 873 pesos.
“Eso no es justicia”
Para la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, en ambos casos las resoluciones no se han traducido en justicia para las víctimas.
“El mensaje que se manda es de tolerancia, y peor aún si los agresores son funcionarios públicos y del más alto nivel. Por un lado, mandan el mensaje de que los inhabilitan, se les encuentra responsabilidad administrativa y jurídica, y por otro lado esas compensaciones o liquidaciones parecen un premio. Esto es una doble victimización” para las mujeres agredidas, señaló a Apro.
De acuerdo con Cruz Sánchez, esta victimización por parte el Estado está prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo mismo que en la ley estatal: “se llama violencia institucional contra las mujeres”.
Es evidente la distinta medición que hace el gobierno en los casos, cuando se trata de ciudadanos o de funcionarios, particularmente en estos de alto nivel en la propia administración estatal, subrayó.
“Claro que están midiendo de manera distinta, como se trata de altos funcionarios, en lugar de sancionarlos ejemplarmente, se llevan premios. Podrían aplicar una sanción ejemplar para mandar un mensaje ejemplar para prevenir la violencia contra las mujeres desde los propios integrantes de la administración pública, pero hay una evasión”, concluyó la directora de Las Libres.
