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La campaña electoral mexicana en el Estado de Jalisco avanza bajo el sello cada vez más marcado del narco. Seis personas han sido asesinadas este martes en la segunda ciudad más poblada de México, nodo cultural y empresarial del país. Los sucesos son el último capítulo de una serie de episodios encadenados y relacionados con el crimen organizado que arrancaron el lunes de la semana pasada con el intento de asesinato a balazos del exfiscal y actual secretario de Trabajo Luis Carlos Nájera. La fiscalía de Jalisco ha confirmado que detrás de estos sucesos está la mano del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia criminal que más rápido ha crecido en los últimos años al calor del desmembramiento de los carteles tradicionales.
“Lo ocurrido sigue el modo habitual de actuación de CJNG, que ha desatado sus efectos violentos como consecuencia de los hechos del fin de semana”, anunció el fiscal general del Estado, Raúl Sánchez Jiménez. Tras el intento de atentado sobre Nájera, que salvó milagrosamente la vida entre una tormenta de balas a la salida de un restaurante, la respuesta de las autoridades fue reforzar el operativo en la ciudad con presencia de La Marina, el Ejército y la Fiscalía federal.
El dispositivo dio sus frutos este fin de semana. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, líder CJNG, fue capturada por la Marina la madrugada del domingo en un elegante departamento de Zapopan, una acomodada zona de la periferia de la ciudad. A la detención de González, considerada como una de las administradoras de los recursos económicos del cartel, le siguió el mismo domingo la captura de otro importante operador de la banda: Javier Valle Brawnt, alias El Peque.
Los seis asesinatos de este martes -no relacionados aparentemente entre sí, pero localizados todos en la zona metropolitana de Zapopan- responderían así a una estrategia de endurecimiento del pulso que el narco sostiene desde hace años con las instituciones del Estado. En mayo de 2015, un intento de detención de El Mencho, fue respondido con varios ataques simultáneos, que llegaron a derribar con un lanzagranadas un helicóptero militar y bloquearon las ciudades de Guadalajara, capital del Estado, y Puerto Vallarta, centro turístico del Pacífico mexicano.
La cadena de asesinatos de este martes comenzó de madrugada. La policía encontró dos cadáveres, uno con heridas de arma blanca, el otro con golpes en la cabeza. Por la mañana, un comando mató a un hombre en la calle disparando con armas largas desde un coche. Un joven de 20 años fue acribillado en la acera pocas horas después. A medio día, una pareja fue abatida a balazos dentro de un restaurante.
El fiscal apuntó que se puede tratar de una ajuste de cuentas interno dentro de la banda o de una criba contra alguna de las escisiones del cartel. Jiménez subrayó también que los cuerpos de seguridad se mantienen alerta. El propio gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció el domingo pasado que ante el pulso lanzado por el narco “se ha reforzado la seguridad en todo el Estado como medida preventiva”.
La campaña electoral mexicana en el Estado de Jalisco avanza bajo el sello cada vez más marcado del narco. Seis personas han sido asesinadas este martes en la segunda ciudad más poblada de México, nodo cultural y empresarial del país. Los sucesos son el último capítulo de una serie de episodios encadenados y relacionados con el crimen organizado que arrancaron el lunes de la semana pasada con el intento de asesinato a balazos del exfiscal y actual secretario de Trabajo Luis Carlos Nájera. La fiscalía de Jalisco ha confirmado que detrás de estos sucesos está la mano del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia criminal que más rápido ha crecido en los últimos años al calor del desmembramiento de los carteles tradicionales.
“Lo ocurrido sigue el modo habitual de actuación de CJNG, que ha desatado sus efectos violentos como consecuencia de los hechos del fin de semana”, anunció el fiscal general del Estado, Raúl Sánchez Jiménez. Tras el intento de atentado sobre Nájera, que salvó milagrosamente la vida entre una tormenta de balas a la salida de un restaurante, la respuesta de las autoridades fue reforzar el operativo en la ciudad con presencia de La Marina, el Ejército y la Fiscalía federal.
El dispositivo dio sus frutos este fin de semana. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, líder CJNG, fue capturada por la Marina la madrugada del domingo en un elegante departamento de Zapopan, una acomodada zona de la periferia de la ciudad. A la detención de González, considerada como una de las administradoras de los recursos económicos del cartel, le siguió el mismo domingo la captura de otro importante operador de la banda: Javier Valle Brawnt, alias El Peque.
Los seis asesinatos de este martes -no relacionados aparentemente entre sí, pero localizados todos en la zona metropolitana de Zapopan- responderían así a una estrategia de endurecimiento del pulso que el narco sostiene desde hace años con las instituciones del Estado. En mayo de 2015, un intento de detención de El Mencho, fue respondido con varios ataques simultáneos, que llegaron a derribar con un lanzagranadas un helicóptero militar y bloquearon las ciudades de Guadalajara, capital del Estado, y Puerto Vallarta, centro turístico del Pacífico mexicano.
La cadena de asesinatos de este martes comenzó de madrugada. La policía encontró dos cadáveres, uno con heridas de arma blanca, el otro con golpes en la cabeza. Por la mañana, un comando mató a un hombre en la calle disparando con armas largas desde un coche. Un joven de 20 años fue acribillado en la acera pocas horas después. A medio día, una pareja fue abatida a balazos dentro de un restaurante.
El fiscal apuntó que se puede tratar de una ajuste de cuentas interno dentro de la banda o de una criba contra alguna de las escisiones del cartel. Jiménez subrayó también que los cuerpos de seguridad se mantienen alerta. El propio gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció el domingo pasado que ante el pulso lanzado por el narco “se ha reforzado la seguridad en todo el Estado como medida preventiva”.
Fuente: El País