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Coah. (apro).- Poco tiempo después de que la expolicía municipal Elba Adelina Polanco Escalante fue sacada con violencia de su domicilio junto con su hijo menor, se descubrió en el Cuartel de Fuerza Coahuila de Piedras Negras que estaba atada por la espalda, cubierta de la cabeza y sometida a tortura física y sicológica para que “confesara”.
Sus torturadores le advirtieron que si no lo hacía le cortarían dedos a su hijo de 14 años. Lo que ella desconocía era que los policías bajaron de las patrullas al adolescente antes de llegar al cuartel.
La denuncia sobre la tortura de Polanco Escalante quedó registrada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a que sus hijos acudieron para notificarles sobre su detención ilegal y posteriormente los visitadores tomaron la declaración a la expolicía.
Según denunció a Apro la familia de la víctima, minutos antes de las 20:00 horas del pasado martes 12 de junio, policías llegaron a bordo de unas 10 patrullas de Fuerza Coahuila a su domicilio, ubicado en la Colonia Campo Verde de la ciudad fronteriza.
Los efectivos entraron sin la autorización de un juez. Sacaron a la mujer “jalándola de los pelos” junto con su hijo menor a quien “le dieron varios zapes” para que se subiera a una patrulla diferente a donde la llevaban a ella.
Las patrullas los “pasearon” durante 15 minutos antes de llevar a la expolicía a su cuartel. En el trayecto bajaron al menor arrojándolo de la patrulla andando con la advertencia “No voltees. Si volteas, te golpeamos”.
De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, Elba Adelina fue puesta a disposición de un juez de Control hasta las 21:30 horas del jueves 14. Según el parte de la policía, fue detenida por portación de droga, mientras estaba con otro hombre en una tienda de autoservicio HEB.
En la audiencia, el juez de Control no encontró motivos suficientes para acreditar el delito de posesión de droga. Entonces, solicitó a la policía que aportara más pruebas y, en tanto, ordenó la liberación de Polanco Escalante.
Su abogada contó que la mujer no alcanzó a pisar la calle ya que, al salir de la audiencia, la esperaban unos 40 agentes ministeriales con una orden de captura. El nuevo delito: “amenazas y graffiti”.
La expolicía fue acusada de ordenar pintar una barda con la consigna “sigues tu Sonia”, una amenaza dirigida a la alcaldesa priista de Piedras Negras, Sonia Villarreal, quien está en campaña para su reelección.
En la nueva audiencia ante otro juez de Control, los agentes ministeriales presentaron por escrito un supuesto testimonio rendido por Alexis Castellanos Sarabia el cual asegura que la expolicía le había pagado para pintar la barda.
El mismo día que fue detenida, algunos medios de comunicación de Piedras Negras publicaron la siguiente noticia: “Cerca de las 11:00 de la noche vecinos de la colonia San Francisco reportaron el secuestro de una pareja en el cruce de las calles Ignacio Anaya y Francisco Ramírez.
“La pareja viajaba en un auto modelo Honda del año 2003 cuando un vehículo negro con hombres cubiertos de la cara y armados les cerró el paso. Tras interceptar el auto bajaron a la mujer, identificada como Rosalía Arriaga Saucedo de 25 años de edad, y la tiraron al piso. Mientras que, a su esposo, Alexis Castellanos Sarabia, se lo llevaron en el vehículo negro y desde ese momento se desconoce su paradero”.
El crimen de Purón, el detonante
Desde el asesinato del candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Purón, -ocurrido el pasado 9 de junio- en las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña se han registrado cateos y una serie de detenciones, la mayoría ilegales, buscando pistas sobre el crimen.
De inicio, las autoridades de Coahuila se apresuraron a señalar que el crimen fue realizado por la “delincuencia organizada” y descartaron cualquier móvil político.
En las primeras investigaciones, el gobierno estatal intentó involucrar a Polanco Escalante en el homicidio, ya que una fuente de la Procuraduría le filtró al diario Zócalo que era pareja de uno de los hermanos Arámbula Viveros, identificados como los asesinos materiales.
El 21 de junio ese periódico publicó: “Fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia (FGE) confirmaron la acusación y detención de Elba Adelina Polanco Escalante, expolicía municipal de Piedras Negras, y pareja del militar Érik Arámbula, como parte de la conspiración para asesinar al candidato a diputado federal Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras”.
La familia de Polanco Escalante ya interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables de señalar que Erik Arámbula fue pareja de la expolicía, ya que el hombre nunca radicó en Piedras Negras, como intentaron hacer creer las autoridades.
La Fiscalía identificó a los asesinos materiales de Purón como Erick e Ignacio Arámbula Viveros, por quienes ofreció una recompensa de 10 millones de pesos.
Fernando Purón Johnston fue asesinado el pasado 9 de junio al salir de un debate entre candidatos realizado en la Universidad de Coahuila.
La versión de las autoridades es que Ignacio Arámbula Viveros se apostó afuera del sitio y, una vez concluido el debate, se acercó al candidato y le un disparo en la cabeza para luego huir.
“La mecánica de los hechos, según los datos de prueba en particular de las videograbaciones del recinto (UA de C) y 10 cámaras de videovigilancia privada y urbana permiten establecer que desde horas antes del debate los probables responsables merodearon el lugar a bordo de un vehículo compacto”, recién informó el fiscal, Gerardo Márquez.
Luego del asesinato, a través de las videocámaras la autoridad siguió la ruta de huida de los responsables y ubicó varias casas de seguridad.
Ya “se hicieron cateos en domicilios, de los cuales se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos y cargadores, todo lo cual quedó integrado en la carpeta de investigación”, informó el fiscal.
Tortura y violación al debido proceso
Para intentar resolver rápidamente el crimen, las autoridades de Coahuila utilizaron sus añejos métodos de torturar a presuntos implicados y presentar a inocentes como culpables.
El mismo día que “capturaron” a Elba Adelina Polanco Escalante, agentes ministeriales detuvieron en Ciudad Acuña a Deyanira Tamayo, una exagente ministerial a quien torturaron, le quitaron los zapatos e hicieron una simulación de ejecución para que “confesara” nombres de posibles implicados en el asesinato de Purón.
La mujer ya presentó la denuncia por tortura contra los agentes ministeriales ante la Fiscalía y cruzó la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo.
Su abogada contó que, para detener los daños físicos, Deyanira dio a sus verdugos dos nombres de expolicías municipales de Piedras Negras, uno de ellos implicado con la delincuencia organizada.
La denuncia que presentó incluye fotos con las marcas de los golpes y precisa que los nombres de los expolicías que proporcionó “fueron los primeros que se le vinieron a la mente”. Entre los nombres que mencionó no estaba el de Polanco Escalante.
La tortura para obtener confesiones en Coahuila ha sido la constante desde la época en que se creó el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates) para “combatir” al crimen organizado en la entidad.
Tan sólo en el 2014 los Gates generaron mil 400 denuncias por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal.
Ariana García, abogada de Familias Unidas con personas desaparecidas, informó que en Piedras Negras existen 18 denuncias de torturas por parte de los cuerpos policiacos, las cuales fueron confirmadas sometiendo a las víctimas al “Protocolo de Estambul”.
En Coahuila se tienen registrados 58 casos de tortura en total confirmados bajo el mencionado protocolo, enfatizó.
Es cifra podría llegar a 60, cuando Tamayo y Polanco presenten las denuncias que preparan por la tortura a la que fueron sometidas durante las investigaciones para resolver el asesinato del candidato Fernando Purón.
Coah. (apro).- Poco tiempo después de que la expolicía municipal Elba Adelina Polanco Escalante fue sacada con violencia de su domicilio junto con su hijo menor, se descubrió en el Cuartel de Fuerza Coahuila de Piedras Negras que estaba atada por la espalda, cubierta de la cabeza y sometida a tortura física y sicológica para que “confesara”.
Sus torturadores le advirtieron que si no lo hacía le cortarían dedos a su hijo de 14 años. Lo que ella desconocía era que los policías bajaron de las patrullas al adolescente antes de llegar al cuartel.
La denuncia sobre la tortura de Polanco Escalante quedó registrada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a que sus hijos acudieron para notificarles sobre su detención ilegal y posteriormente los visitadores tomaron la declaración a la expolicía.
Según denunció a Apro la familia de la víctima, minutos antes de las 20:00 horas del pasado martes 12 de junio, policías llegaron a bordo de unas 10 patrullas de Fuerza Coahuila a su domicilio, ubicado en la Colonia Campo Verde de la ciudad fronteriza.
Los efectivos entraron sin la autorización de un juez. Sacaron a la mujer “jalándola de los pelos” junto con su hijo menor a quien “le dieron varios zapes” para que se subiera a una patrulla diferente a donde la llevaban a ella.
Las patrullas los “pasearon” durante 15 minutos antes de llevar a la expolicía a su cuartel. En el trayecto bajaron al menor arrojándolo de la patrulla andando con la advertencia “No voltees. Si volteas, te golpeamos”.
De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, Elba Adelina fue puesta a disposición de un juez de Control hasta las 21:30 horas del jueves 14. Según el parte de la policía, fue detenida por portación de droga, mientras estaba con otro hombre en una tienda de autoservicio HEB.
En la audiencia, el juez de Control no encontró motivos suficientes para acreditar el delito de posesión de droga. Entonces, solicitó a la policía que aportara más pruebas y, en tanto, ordenó la liberación de Polanco Escalante.
Su abogada contó que la mujer no alcanzó a pisar la calle ya que, al salir de la audiencia, la esperaban unos 40 agentes ministeriales con una orden de captura. El nuevo delito: “amenazas y graffiti”.
La expolicía fue acusada de ordenar pintar una barda con la consigna “sigues tu Sonia”, una amenaza dirigida a la alcaldesa priista de Piedras Negras, Sonia Villarreal, quien está en campaña para su reelección.
En la nueva audiencia ante otro juez de Control, los agentes ministeriales presentaron por escrito un supuesto testimonio rendido por Alexis Castellanos Sarabia el cual asegura que la expolicía le había pagado para pintar la barda.
El mismo día que fue detenida, algunos medios de comunicación de Piedras Negras publicaron la siguiente noticia: “Cerca de las 11:00 de la noche vecinos de la colonia San Francisco reportaron el secuestro de una pareja en el cruce de las calles Ignacio Anaya y Francisco Ramírez.
“La pareja viajaba en un auto modelo Honda del año 2003 cuando un vehículo negro con hombres cubiertos de la cara y armados les cerró el paso. Tras interceptar el auto bajaron a la mujer, identificada como Rosalía Arriaga Saucedo de 25 años de edad, y la tiraron al piso. Mientras que, a su esposo, Alexis Castellanos Sarabia, se lo llevaron en el vehículo negro y desde ese momento se desconoce su paradero”.
El crimen de Purón, el detonante
Desde el asesinato del candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Purón, -ocurrido el pasado 9 de junio- en las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña se han registrado cateos y una serie de detenciones, la mayoría ilegales, buscando pistas sobre el crimen.
De inicio, las autoridades de Coahuila se apresuraron a señalar que el crimen fue realizado por la “delincuencia organizada” y descartaron cualquier móvil político.
En las primeras investigaciones, el gobierno estatal intentó involucrar a Polanco Escalante en el homicidio, ya que una fuente de la Procuraduría le filtró al diario Zócalo que era pareja de uno de los hermanos Arámbula Viveros, identificados como los asesinos materiales.
El 21 de junio ese periódico publicó: “Fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia (FGE) confirmaron la acusación y detención de Elba Adelina Polanco Escalante, expolicía municipal de Piedras Negras, y pareja del militar Érik Arámbula, como parte de la conspiración para asesinar al candidato a diputado federal Fernando Purón Johnston, exalcalde de Piedras Negras”.
La familia de Polanco Escalante ya interpuso una denuncia contra quienes resulten responsables de señalar que Erik Arámbula fue pareja de la expolicía, ya que el hombre nunca radicó en Piedras Negras, como intentaron hacer creer las autoridades.
La Fiscalía identificó a los asesinos materiales de Purón como Erick e Ignacio Arámbula Viveros, por quienes ofreció una recompensa de 10 millones de pesos.
Fernando Purón Johnston fue asesinado el pasado 9 de junio al salir de un debate entre candidatos realizado en la Universidad de Coahuila.
La versión de las autoridades es que Ignacio Arámbula Viveros se apostó afuera del sitio y, una vez concluido el debate, se acercó al candidato y le un disparo en la cabeza para luego huir.
“La mecánica de los hechos, según los datos de prueba en particular de las videograbaciones del recinto (UA de C) y 10 cámaras de videovigilancia privada y urbana permiten establecer que desde horas antes del debate los probables responsables merodearon el lugar a bordo de un vehículo compacto”, recién informó el fiscal, Gerardo Márquez.
Luego del asesinato, a través de las videocámaras la autoridad siguió la ruta de huida de los responsables y ubicó varias casas de seguridad.
Ya “se hicieron cateos en domicilios, de los cuales se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos y cargadores, todo lo cual quedó integrado en la carpeta de investigación”, informó el fiscal.
Tortura y violación al debido proceso
Para intentar resolver rápidamente el crimen, las autoridades de Coahuila utilizaron sus añejos métodos de torturar a presuntos implicados y presentar a inocentes como culpables.
El mismo día que “capturaron” a Elba Adelina Polanco Escalante, agentes ministeriales detuvieron en Ciudad Acuña a Deyanira Tamayo, una exagente ministerial a quien torturaron, le quitaron los zapatos e hicieron una simulación de ejecución para que “confesara” nombres de posibles implicados en el asesinato de Purón.
La mujer ya presentó la denuncia por tortura contra los agentes ministeriales ante la Fiscalía y cruzó la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo.
Su abogada contó que, para detener los daños físicos, Deyanira dio a sus verdugos dos nombres de expolicías municipales de Piedras Negras, uno de ellos implicado con la delincuencia organizada.
La denuncia que presentó incluye fotos con las marcas de los golpes y precisa que los nombres de los expolicías que proporcionó “fueron los primeros que se le vinieron a la mente”. Entre los nombres que mencionó no estaba el de Polanco Escalante.
La tortura para obtener confesiones en Coahuila ha sido la constante desde la época en que se creó el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates) para “combatir” al crimen organizado en la entidad.
Tan sólo en el 2014 los Gates generaron mil 400 denuncias por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Estatal.
Ariana García, abogada de Familias Unidas con personas desaparecidas, informó que en Piedras Negras existen 18 denuncias de torturas por parte de los cuerpos policiacos, las cuales fueron confirmadas sometiendo a las víctimas al “Protocolo de Estambul”.
En Coahuila se tienen registrados 58 casos de tortura en total confirmados bajo el mencionado protocolo, enfatizó.
Es cifra podría llegar a 60, cuando Tamayo y Polanco presenten las denuncias que preparan por la tortura a la que fueron sometidas durante las investigaciones para resolver el asesinato del candidato Fernando Purón.
