Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy
Cada vez que su jefe lo castiga o cuando pierde un volado ante sus compañeros, Melitón (nombre ficticio) se quita el arma de cargo, las botas, el uniforme azul y procede a cumplir tres horas de trabajo como “albañil” del gobierno municipal.
Él es uno de los 35 policías del ayuntamiento de Peñamiller que construyen, por mano propia y de manera supuestamente voluntaria, su cuartel, sobre un predio contiguo a la central de autobuses que les fue donado por un particular.
Desde hace 30 meses, la policía peñamillerense se quedó prácticamente en la calle: sin oficina ni vestidores, cuando la recién llegada edil, Margarita Hernández Aguilar, ordenó al cuerpo policial dejar el inmueble que arrendaba en el centro histórico, debido a un “ahorro de recursos en rentas”, según consta en un acta de Cabildo de noviembre de 2015.
Para no incomodar a su nuevo comandante, Álvaro Montes, los agentes acataron la orden, accediendo a edificar la nueva sede y a distribuirse físicamente en oficinas “prestadas”, que hasta hoy ocupan; algunas en la estación camionera; otras en un juzgado y unas más en un traspatio.
Obras a la mitad
La idea de usar a los policías como alarifes fue de la alcaldesa, quien sólo esperó unos meses a que los agentes levantaran los primeros muros para organizar un acto público en el que se retrató junto a sus subordinados, empuñando ella misma una cuchara con mezcla y pegando un ladrillo.
Pero la realidad rebasó a los antes entusiastas voluntarios. Transcurridos dos años y medio desde que iniciaron la obra, el avance es de 50%.
Varillas oxidadas, pilas de arena y tabiques en desuso se ven junto al cascarón que un día será la sede policial, pero cuya fecha de inauguración por parte de la edil se ha pospuesto hasta tres veces en su periodo, según cuenta uno de los guardias.
El atraso de la anhelada obra se atribuye a la falta de “tiempo libre” de los policías. Sin embargo, otra razón que se maneja internamente es el “enojo” del mismo personal, que lejos de sentirse reconocido por su apoyo, ahora ve las faenas de albañilería a modo de “trabajo forzado” o por “castigo” de sus superiores.
La última vez que los ciudadanos de Peñamiller vieron a un grupo grande de policías alzando palas y carretillas fue a mediados de marzo, en víspera de la visita al municipio del gobernador Francisco Domínguez y de otros miembros del gabinete estatal.
Al margen de aquella ocasión, las jornadas constructivas se han venido dando a marcha lenta y en grupos reducidos, con periodicidad de hasta tres días por mes.
El nerviosismo cunde entre los mandos de la tropa, porque al mirar el calendario y todo lo que falta por hacer: pisos, lozas, instalaciones, herrería y acabados, temen que la alcaldesa no llegue a cortar el listón inaugural antes de que acabe su gestión.
Carencias policiales
Los 35 elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Peñamiller no la han tenido fácil durante la administración (2015-2018) de Hernández Aguilar. Apenas llegó al cargo, la edil sacó a los policías de su cuartel, pero también les congeló salarios, la autorización para nuevas plazas y les escatimó gastos de gasolina para las patrullas, entre otras necesidades.
Los policías dicen ejercer su trabajo desmotivados, al percibir uno de los salarios más bajos de la entidad: 3 mil 200 pesos quincenales, además de no contar con seguro médico y con ninguna prestación laboral.
Con 17 mil habitantes e inmerso en las primeras montañas de la Sierra Gorda, Peñamiller posee seis delegaciones que agrupan a un total de 142 localidades, en su mayoría muy pequeñas y dispersas en un encrespado territorio de 797 kilómetros cuadrados, que dificulta la vigilancia.
El cuerpo policial requiere de al menos 20 plazas nuevas para poder patrullar más allá de las dos delegaciones que hasta hoy alcanza a cubrir.
Peñamiller tiene uno de los menores índices delictivos del estado: 329 delitos del fuero común por año. Sin embargo, regidores señalan “grave ineficiencia policial” y afirman que el nulo patrullaje ha facilitado asaltos.
Cada vez que su jefe lo castiga o cuando pierde un volado ante sus compañeros, Melitón (nombre ficticio) se quita el arma de cargo, las botas, el uniforme azul y procede a cumplir tres horas de trabajo como “albañil” del gobierno municipal.
Él es uno de los 35 policías del ayuntamiento de Peñamiller que construyen, por mano propia y de manera supuestamente voluntaria, su cuartel, sobre un predio contiguo a la central de autobuses que les fue donado por un particular.
Desde hace 30 meses, la policía peñamillerense se quedó prácticamente en la calle: sin oficina ni vestidores, cuando la recién llegada edil, Margarita Hernández Aguilar, ordenó al cuerpo policial dejar el inmueble que arrendaba en el centro histórico, debido a un “ahorro de recursos en rentas”, según consta en un acta de Cabildo de noviembre de 2015.
Para no incomodar a su nuevo comandante, Álvaro Montes, los agentes acataron la orden, accediendo a edificar la nueva sede y a distribuirse físicamente en oficinas “prestadas”, que hasta hoy ocupan; algunas en la estación camionera; otras en un juzgado y unas más en un traspatio.
Obras a la mitad
La idea de usar a los policías como alarifes fue de la alcaldesa, quien sólo esperó unos meses a que los agentes levantaran los primeros muros para organizar un acto público en el que se retrató junto a sus subordinados, empuñando ella misma una cuchara con mezcla y pegando un ladrillo.
Pero la realidad rebasó a los antes entusiastas voluntarios. Transcurridos dos años y medio desde que iniciaron la obra, el avance es de 50%.
Varillas oxidadas, pilas de arena y tabiques en desuso se ven junto al cascarón que un día será la sede policial, pero cuya fecha de inauguración por parte de la edil se ha pospuesto hasta tres veces en su periodo, según cuenta uno de los guardias.
El atraso de la anhelada obra se atribuye a la falta de “tiempo libre” de los policías. Sin embargo, otra razón que se maneja internamente es el “enojo” del mismo personal, que lejos de sentirse reconocido por su apoyo, ahora ve las faenas de albañilería a modo de “trabajo forzado” o por “castigo” de sus superiores.
La última vez que los ciudadanos de Peñamiller vieron a un grupo grande de policías alzando palas y carretillas fue a mediados de marzo, en víspera de la visita al municipio del gobernador Francisco Domínguez y de otros miembros del gabinete estatal.
Al margen de aquella ocasión, las jornadas constructivas se han venido dando a marcha lenta y en grupos reducidos, con periodicidad de hasta tres días por mes.
El nerviosismo cunde entre los mandos de la tropa, porque al mirar el calendario y todo lo que falta por hacer: pisos, lozas, instalaciones, herrería y acabados, temen que la alcaldesa no llegue a cortar el listón inaugural antes de que acabe su gestión.
Carencias policiales
Los 35 elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Peñamiller no la han tenido fácil durante la administración (2015-2018) de Hernández Aguilar. Apenas llegó al cargo, la edil sacó a los policías de su cuartel, pero también les congeló salarios, la autorización para nuevas plazas y les escatimó gastos de gasolina para las patrullas, entre otras necesidades.
Los policías dicen ejercer su trabajo desmotivados, al percibir uno de los salarios más bajos de la entidad: 3 mil 200 pesos quincenales, además de no contar con seguro médico y con ninguna prestación laboral.
Con 17 mil habitantes e inmerso en las primeras montañas de la Sierra Gorda, Peñamiller posee seis delegaciones que agrupan a un total de 142 localidades, en su mayoría muy pequeñas y dispersas en un encrespado territorio de 797 kilómetros cuadrados, que dificulta la vigilancia.
El cuerpo policial requiere de al menos 20 plazas nuevas para poder patrullar más allá de las dos delegaciones que hasta hoy alcanza a cubrir.
Peñamiller tiene uno de los menores índices delictivos del estado: 329 delitos del fuero común por año. Sin embargo, regidores señalan “grave ineficiencia policial” y afirman que el nulo patrullaje ha facilitado asaltos.
Fuente: El universal
