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(apro).- “Aquí estoy, yo siempre dije la verdad”, expresó Valentina Rosendo Cantú con voz firme, como ha sido su tono desde que inició su lucha por justicia hace 16 años, cuando entonces tenía 17 años.
La indígena me’phaa se presentó ante medios de comunicación para informar sobre la sentencia emitida por el juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, en la que se condena a 19 años, cinco meses y un día a dos militares del 41 Batallón de Infantería por tortura y violación en agravio en Rosendo Cantú, el 16 de febrero de 2002.
Acompañada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, así como por sus abogados, Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Valentina Rosendo fue arropada por el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab; la directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional Tania Reneaum, así como por la relatora sobre Discriminación de las Mujeres del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alfa Facia Montejo.
Cargando en brazos a su hija de ocho meses, Rosendo Cantú hizo un recuento de su largo recorrido en busca de justicia, que la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancias ante las que rindió testimonio frente a representantes del Estado mexicano, que finalmente fue condenado en 2010 como responsable de los agravios contra la indígena me’phaa.
“El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso. Desde el principio todos los funcionarios siempre se burlaban de mí, desde que puse mi denuncia el agente del Ministerio Público nunca me ayudó. Hoy puedo demostrar que siembre dije la verdad y aquí estoy”, señaló.
La víctima recordó que durante su búsqueda de justicia fue objeto de amenazas, hostigamiento, intentos por “desaparecerme a mí y a mi hija” e, incluso, de ofrecimientos de dinero para que cejara en su lucha de denunciar a los militares.
“Yo siempre he dicho que no busco dinero, sino justicia”, dijo al destacar que la importancia de la sentencia radica en que “va a servir para la lucha de otras mujeres, para que tengan esperanza, como las compañeras de Atenco”.
Caso de consideración
Jan Jarab destacó que el caso de Valentina Rosendo Cantú “debería estar en el centro de las consideraciones en la discusión pública sobre cómo debe cambiar el modelo de seguridad para México” que, a partir del año pasado, le dio amplias facultades de actuación a las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Al recordar que la posición de la ONU-DH ha sido contraria a la militarización de la seguridad pública, como lo expresó en 2007 la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Albour, destacó que el de Valentina “es un caso donde se utilizaron fuerzas armadas antes de que se decidiera enviar fuerzas armadas en tareas de seguridad en 2006 de manera más amplia en el estado de Guerrero, que tiene trayectoria muy larga desde las décadas de la mal llamada Guerra Sucia que también permanecen en la impunidad”.
El representante de ONU-DH agregó que su oficina ha documentado otros casos de tortura sexual “como método de investigación, en los que hay sentencias absolutorias para las mujeres torturadas, pero no con sentencias condenatorias para los perpetradores”.
Para Jan Jarab, casos como el de Valentina Rosendo y de otros de los que ha tenido conocimiento la ONU-DH, deberían considerarse “como un fenómeno mucho más amplio y en el contexto de la impunidad ya mencionada, que es algo no debe ocurrir que deberían ser sancionados y tomar medidas de prevención”.
Tania Reneaum acotó que, en una investigación realizada por Amnistía Internacional sobre mujeres en reclusión, se pudo confirmar que “el 100% de las mujeres sufrieron desde abusos verbales hasta abuso sexual, en 33 % de los casos, y que la violencia contra las mujeres es una forma de amedrentar, averiguar y una forma irregular de llevar casos hasta la justicia”.
La investigación de la organización confirmó también la impunidad, pues “en respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a Amnistía que no se había suspendido a ningún soldado por abuso sexual, en el periodo de 2010 a 2015, en tanto que la Secretaría de Marina (Semar) indicó que lo hizo a cuatro marinos”.
La defensora reiteró que siendo un “hecho frecuente generalizado, en un contexto de profunda impunidad hacia las violencias hacia las mujeres”, la sentencia que condena a los dos militares por haber torturado sexualmente a Rosendo Cantú es de gran relevancia, de manera particular porque la jueza Séptimo de Distrito Iliana Fabricia Contreras Perales, “dio pleno valor probatorio al testimonio de la víctima, esto no es menor en un país donde sólo tienen voz quienes tiene el dominio de la palabra y quienes tienen el poder”, más aún cuando se trata de la primera en condenar a militares por tortura sexual.
Pese a sentencias, persiste impunidad
Santiago Aguirre, quien formó parte del equipo jurídico que litigó el caso ante la CoIDH, destacó que, pese a que la sentencia es de primera instancia, es “la primera que resulta de una sentencia de la CoIDH”.
Recordó que a pesar de que México ha sido condenado por el tribunal en diversas ocasiones, “las sentencias han promovido un gran cambio en el país, pero la impunidad es tan fuerte en México que no han logrado debilitarla”.
Aguirre hizo un repaso de los casos que han llegado a la CoIDH, y la impunidad en la que se encuentran, como es el de la desaparición forzada por militares de Rosendo Radilla Pacheco, cuyo caso propició la reforma al Código de Justicia Militar, “pero hasta ahora no están detenidos los responsables de su desaparición y seguimos sin saber el paradero de Rosendo”.
La sentencia del Campo Algodonero “fijó protocolos de actuación en casos de feminicidio para todo el continente, pero los funcionarios responsables de no haber procurado justicia, siguen sin sanciones. En tanto que los torturadores de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los campesinos ecologistas, siguen libres”.
Vidulfo Rosales apuntó que, al ser una sentencia de primera instancia, uno de los responsables, Armando Pérez Abarca, ya apeló la resolución judicial, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial Federal a que se mantenga la condena, toda vez que “se han incorporado los estándares internacionales al analizar las pruebas”.
El abogado se sumó a las consideraciones de Jarab de que el fallo judicial podría tener un impacto en la discusión sobre la LSI, ya que es una muestra de “lo que sucede cuando militares desempeñan labores de seguridad pública, ilustra la inviabilidad de sacar el ejército a las calles”.
Alda Facio manifestó su solidaridad con Valentina y saludó que los tribunales mexicanos “estén incorporando los estándares internacionales” en las sentencias. Luego, ofreció su respaldo hasta que la sentencia quede firme.
(apro).- “Aquí estoy, yo siempre dije la verdad”, expresó Valentina Rosendo Cantú con voz firme, como ha sido su tono desde que inició su lucha por justicia hace 16 años, cuando entonces tenía 17 años.
La indígena me’phaa se presentó ante medios de comunicación para informar sobre la sentencia emitida por el juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, en la que se condena a 19 años, cinco meses y un día a dos militares del 41 Batallón de Infantería por tortura y violación en agravio en Rosendo Cantú, el 16 de febrero de 2002.
Acompañada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, así como por sus abogados, Vidulfo Rosales y Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Valentina Rosendo fue arropada por el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab; la directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional Tania Reneaum, así como por la relatora sobre Discriminación de las Mujeres del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alfa Facia Montejo.
Cargando en brazos a su hija de ocho meses, Rosendo Cantú hizo un recuento de su largo recorrido en busca de justicia, que la llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancias ante las que rindió testimonio frente a representantes del Estado mexicano, que finalmente fue condenado en 2010 como responsable de los agravios contra la indígena me’phaa.
“El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso. Desde el principio todos los funcionarios siempre se burlaban de mí, desde que puse mi denuncia el agente del Ministerio Público nunca me ayudó. Hoy puedo demostrar que siembre dije la verdad y aquí estoy”, señaló.
La víctima recordó que durante su búsqueda de justicia fue objeto de amenazas, hostigamiento, intentos por “desaparecerme a mí y a mi hija” e, incluso, de ofrecimientos de dinero para que cejara en su lucha de denunciar a los militares.
“Yo siempre he dicho que no busco dinero, sino justicia”, dijo al destacar que la importancia de la sentencia radica en que “va a servir para la lucha de otras mujeres, para que tengan esperanza, como las compañeras de Atenco”.
Caso de consideración
Jan Jarab destacó que el caso de Valentina Rosendo Cantú “debería estar en el centro de las consideraciones en la discusión pública sobre cómo debe cambiar el modelo de seguridad para México” que, a partir del año pasado, le dio amplias facultades de actuación a las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Al recordar que la posición de la ONU-DH ha sido contraria a la militarización de la seguridad pública, como lo expresó en 2007 la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Albour, destacó que el de Valentina “es un caso donde se utilizaron fuerzas armadas antes de que se decidiera enviar fuerzas armadas en tareas de seguridad en 2006 de manera más amplia en el estado de Guerrero, que tiene trayectoria muy larga desde las décadas de la mal llamada Guerra Sucia que también permanecen en la impunidad”.
El representante de ONU-DH agregó que su oficina ha documentado otros casos de tortura sexual “como método de investigación, en los que hay sentencias absolutorias para las mujeres torturadas, pero no con sentencias condenatorias para los perpetradores”.
Para Jan Jarab, casos como el de Valentina Rosendo y de otros de los que ha tenido conocimiento la ONU-DH, deberían considerarse “como un fenómeno mucho más amplio y en el contexto de la impunidad ya mencionada, que es algo no debe ocurrir que deberían ser sancionados y tomar medidas de prevención”.
Tania Reneaum acotó que, en una investigación realizada por Amnistía Internacional sobre mujeres en reclusión, se pudo confirmar que “el 100% de las mujeres sufrieron desde abusos verbales hasta abuso sexual, en 33 % de los casos, y que la violencia contra las mujeres es una forma de amedrentar, averiguar y una forma irregular de llevar casos hasta la justicia”.
La investigación de la organización confirmó también la impunidad, pues “en respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a Amnistía que no se había suspendido a ningún soldado por abuso sexual, en el periodo de 2010 a 2015, en tanto que la Secretaría de Marina (Semar) indicó que lo hizo a cuatro marinos”.
La defensora reiteró que siendo un “hecho frecuente generalizado, en un contexto de profunda impunidad hacia las violencias hacia las mujeres”, la sentencia que condena a los dos militares por haber torturado sexualmente a Rosendo Cantú es de gran relevancia, de manera particular porque la jueza Séptimo de Distrito Iliana Fabricia Contreras Perales, “dio pleno valor probatorio al testimonio de la víctima, esto no es menor en un país donde sólo tienen voz quienes tiene el dominio de la palabra y quienes tienen el poder”, más aún cuando se trata de la primera en condenar a militares por tortura sexual.
Pese a sentencias, persiste impunidad
Santiago Aguirre, quien formó parte del equipo jurídico que litigó el caso ante la CoIDH, destacó que, pese a que la sentencia es de primera instancia, es “la primera que resulta de una sentencia de la CoIDH”.
Recordó que a pesar de que México ha sido condenado por el tribunal en diversas ocasiones, “las sentencias han promovido un gran cambio en el país, pero la impunidad es tan fuerte en México que no han logrado debilitarla”.
Aguirre hizo un repaso de los casos que han llegado a la CoIDH, y la impunidad en la que se encuentran, como es el de la desaparición forzada por militares de Rosendo Radilla Pacheco, cuyo caso propició la reforma al Código de Justicia Militar, “pero hasta ahora no están detenidos los responsables de su desaparición y seguimos sin saber el paradero de Rosendo”.
La sentencia del Campo Algodonero “fijó protocolos de actuación en casos de feminicidio para todo el continente, pero los funcionarios responsables de no haber procurado justicia, siguen sin sanciones. En tanto que los torturadores de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los campesinos ecologistas, siguen libres”.
Vidulfo Rosales apuntó que, al ser una sentencia de primera instancia, uno de los responsables, Armando Pérez Abarca, ya apeló la resolución judicial, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial Federal a que se mantenga la condena, toda vez que “se han incorporado los estándares internacionales al analizar las pruebas”.
El abogado se sumó a las consideraciones de Jarab de que el fallo judicial podría tener un impacto en la discusión sobre la LSI, ya que es una muestra de “lo que sucede cuando militares desempeñan labores de seguridad pública, ilustra la inviabilidad de sacar el ejército a las calles”.
Alda Facio manifestó su solidaridad con Valentina y saludó que los tribunales mexicanos “estén incorporando los estándares internacionales” en las sentencias. Luego, ofreció su respaldo hasta que la sentencia quede firme.
