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A sus 87 años de edad, con una lucidez sorprendente, la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel es testimonio de que la edad no es motivo para cambiar de convicciones, aun con los golpes que pueda dar la vida.
“Crecí con la idea de que los abogados están para defender, para hacer valer la ley, pero veo que no todos son así”, afirma la mujer.
Y tiene grandes razones para ese señalamiento: a causa de argucias legales se enfrenta al peligro de perder la casa donde vive desde hace más de medio siglo, donde vio crecer a su familia.
Un engaño, que ella no puede explicarse todavía, la tiene en zozobra. Una supuesta deuda de $80,000 ha puesto en riesgo el patrimonio de toda una vida, una vida que ella siente que tratan de arrebatarle.
La historia de este desfalco, relatada por la propia señora González Sierra y algunos familiares cercanos, es la siguiente:
—Una tarde de 2010 doña Rosa Elena se encontraba en su casa, en la calle 77 número 522 entre 64 y 64-A, a media cuadra de la Ermita de Santa Isabel. Llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el sujeto dijo que entregaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.
—La señora González no firmó. Dobló la hoja que le entregaban y estampó únicamente su nombre.
—Pasó el tiempo y de pronto, en 2013, se presentó un abogado en la vivienda con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal Fernández, quien hizo valer un supuesto pagaré de $80,000 y logró que se embargara la casa, ubicada en zona de alta plusvalía.
—La hoja que escribió doña Rosa, quien tenía 80 años cuando estampó su nombre —no su firma—, fue llenada para mostrar un documento de cobro. En efecto, se le escribieron $80,000, pero al momento de la notificación se le exigía ya el pago de $450,000 por concepto de capital, intereses y otros.
—Empezó la confusión. La señora González alegó que nada firmó y que no tiene necesidad de pedir un préstamo. Ni siquiera conoce a Darwin Quintal y mucho menos ha estado en Ciudad de México para recibir dinero, como dice el expediente.
—La hoja de la notificación, que se realizó por exhorto ante los tribunales locales, indica que el pagaré se firmó en 2010 y que en 2011 se informó de la demanda a la familia, pero ésta asegura que es falso, que nunca se le avisó de un juicio.
—La familia consiguió a un abogado de nombre Pedro Miranda, quien se limitó a pedirles dinero en varias ocasiones —la última vez fueron $30,000— y no resolvió el problema.
—El representante legal de Darwin Quintal en Mérida es Marco Antonio Canul Nahuat, quien hasta el año pasado decía a la familia afectada que el asunto se solucionaría con el pago de $450,000, pero después cambió el mensaje y en febrero de este año dijo que su cliente quiere ahora $700,000. Posteriormente cambió de nuevo la versión y dijo que Quintal Fernández desea la propiedad, no el dinero.
—Más aún, el abogado Canul les dijo que la casa había salido a remate y, como no hubo interesados, el propio capitalino la compró. El recibo de energía eléctrica parece confirmar ese señalamiento, pues ya está a nombre del presunto acreedor.
—Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios. Lo más reciente es una denuncia ante la Fiscalía del Estado, que sigue su curso.
—El 5 de marzo de este año llegó una actuaria del Poder Judicial para avisarles de un plazo de cinco días para desalojar la casa. El plazo ya venció y la señora González Sierra sigue allí, sin dar crédito a lo que ocurre.
“¿Cómo me pueden quitar mi casa, si a ese señor (Quintal Fernández) no lo conozco y tampoco me ha dado ningún dinero?”, pregunta la mujer. (Megamedia).
A sus 87 años de edad, con una lucidez sorprendente, la señora Rosa Elena González Sierra viuda de Esquivel es testimonio de que la edad no es motivo para cambiar de convicciones, aun con los golpes que pueda dar la vida.
“Crecí con la idea de que los abogados están para defender, para hacer valer la ley, pero veo que no todos son así”, afirma la mujer.
Y tiene grandes razones para ese señalamiento: a causa de argucias legales se enfrenta al peligro de perder la casa donde vive desde hace más de medio siglo, donde vio crecer a su familia.
Un engaño, que ella no puede explicarse todavía, la tiene en zozobra. Una supuesta deuda de $80,000 ha puesto en riesgo el patrimonio de toda una vida, una vida que ella siente que tratan de arrebatarle.
La historia de este desfalco, relatada por la propia señora González Sierra y algunos familiares cercanos, es la siguiente:
—Una tarde de 2010 doña Rosa Elena se encontraba en su casa, en la calle 77 número 522 entre 64 y 64-A, a media cuadra de la Ermita de Santa Isabel. Llegó una persona preguntando por su hija política. Ante la respuesta de que ésta no se hallaba en ese lugar, el sujeto dijo que entregaría un sobre y pidió que se le firmara de recibido.
—La señora González no firmó. Dobló la hoja que le entregaban y estampó únicamente su nombre.
—Pasó el tiempo y de pronto, en 2013, se presentó un abogado en la vivienda con la copia de la notificación de un juicio ejecutivo mercantil promovido en Ciudad de México por Darwin Froylán Quintal Fernández, quien hizo valer un supuesto pagaré de $80,000 y logró que se embargara la casa, ubicada en zona de alta plusvalía.
—La hoja que escribió doña Rosa, quien tenía 80 años cuando estampó su nombre —no su firma—, fue llenada para mostrar un documento de cobro. En efecto, se le escribieron $80,000, pero al momento de la notificación se le exigía ya el pago de $450,000 por concepto de capital, intereses y otros.
—Empezó la confusión. La señora González alegó que nada firmó y que no tiene necesidad de pedir un préstamo. Ni siquiera conoce a Darwin Quintal y mucho menos ha estado en Ciudad de México para recibir dinero, como dice el expediente.
—La hoja de la notificación, que se realizó por exhorto ante los tribunales locales, indica que el pagaré se firmó en 2010 y que en 2011 se informó de la demanda a la familia, pero ésta asegura que es falso, que nunca se le avisó de un juicio.
—La familia consiguió a un abogado de nombre Pedro Miranda, quien se limitó a pedirles dinero en varias ocasiones —la última vez fueron $30,000— y no resolvió el problema.
—El representante legal de Darwin Quintal en Mérida es Marco Antonio Canul Nahuat, quien hasta el año pasado decía a la familia afectada que el asunto se solucionaría con el pago de $450,000, pero después cambió el mensaje y en febrero de este año dijo que su cliente quiere ahora $700,000. Posteriormente cambió de nuevo la versión y dijo que Quintal Fernández desea la propiedad, no el dinero.
—Más aún, el abogado Canul les dijo que la casa había salido a remate y, como no hubo interesados, el propio capitalino la compró. El recibo de energía eléctrica parece confirmar ese señalamiento, pues ya está a nombre del presunto acreedor.
—Se promovieron amparos, primero en Ciudad de México y después en Mérida, sin resultados satisfactorios. Lo más reciente es una denuncia ante la Fiscalía del Estado, que sigue su curso.
—El 5 de marzo de este año llegó una actuaria del Poder Judicial para avisarles de un plazo de cinco días para desalojar la casa. El plazo ya venció y la señora González Sierra sigue allí, sin dar crédito a lo que ocurre.
“¿Cómo me pueden quitar mi casa, si a ese señor (Quintal Fernández) no lo conozco y tampoco me ha dado ningún dinero?”, pregunta la mujer. (Megamedia).
