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Enfermeras y médicos del Hospital General José G. Parres, donde el pasado 10 de julio se denunció la muerte de nueve bebés —cuatro de ellos por la presencia de la bacteria nosocomial Klebsiella pneumoniae—, informaron que las reparaciones “exprés” que se hicieron al lugar, después del sismo de septiembre de 2017, dejaron “anomalías” graves en las áreas de Urgencias y Pediatría.
Como ejemplo señalaron que se clausuraron los conductos para el suministro de oxígeno; “las perforaciones para conectar los conductos con las mascarillas fueron tapizadas de cemento por la gente contratada para realizar los trabajos de reparación del inmueble”.
Un paquete de fotografías entregadas evidencian el uso de tanques de oxígeno medicinal para atender a los pacientes que lo requieren, y otras gráficas muestran que las tomas de aire comprimido están en desuso.
Médicos internistas —que por temor a perder el empleo pidieron no publicar su nombre, aunque sí se identificaron— afirman que las enfermeras tienen que lavarse las manos ajustando la altura de su cuerpo para no tocar la tierra que escurre de las paredes en las áreas de Urgencias y Pediatría. Incluso, señalaron la existencia de bichos en áreas donde la pulcritud es imprescindible.
Las protestas arreciaron con el anuncio del director del hospital, Lorenzo Alcántar García, en el sentido de que se pondrá en marcha un proyecto integral de fortalecimiento para lograr la reacreditación de la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN), cancelada tras la muerte de bebés.
Este proceso, informó Alcántar García, tiene como objetivo avalar la calidad y seguridad de los pacientes, así como promover el compromiso por la mejora continua.
“Pusimos en marcha un proyecto integral de mejoras que estará dividido en tres etapas. La primera inició desde hace 20 días y ha consistido en fortalecer medidas sanitarias y procedimientos, además de que se llevó a cabo una reingeniería de recursos humanos.
“La segunda es trabajar para cumplir los requisitos establecidos en la cédula de reacreditación específica en materia de equipamiento e insumos y la tercera, realizar algunas modificaciones en la infraestructura del área”.
El hospital, dijo, funciona con normalidad en todas sus áreas, a excepción de la UCEN, que continúa con ingresos nuevos restringidos. En esa área, entre la última semana de junio y la primera de julio, fallecieron nueve bebés, cuatro de ellos víctimas de una bacteria nosocomial, confirmaron las autoridades del sector salud.
Visto bueno. La denuncia de los médicos internistas llama la atención porque, dicen, las evaluaciones hospitalarias e inspecciones federales pasaron por alto las reparaciones “exprés” que realizaron en el hospital general de Cuernavaca.
Recordaron que con el sismo de septiembre pasado las autoridades de Salud determinaron cerrarlo de manera temporal para atender los desprendimientos en aplanados, azulejos, plafones, deterioro en muros divisorios, infraestructura hidrosanitaria y ductos de aire acondicionado, pero la estructura del edificio estaba a salvo.
Un mes después, el 5 de octubre de 2017, el secretario de Salud, José Narro Robles, visitó el hospital y presidió la reunión de Análisis de Daños y Acciones de Salud, llevada a cabo en Morelos a partir del sismo. Ahí indicó que la entidad entraba a la segunda etapa para el rescate de la infraestructura y la ampliación y fortalecimiento de ésta para dar un mejor servicio a la población.
Los Servicios de Salud informaron por su parte que por las afectaciones en acabados trabajaron más de 150 personas a marchas forzadas para poner en funcionamiento el hospital con normalidad.
El José G. Parres reabrió sus puertas el 22 de marzo pasado y, de acuerdo con el reporte oficial, el director Lorenzo Alcántar García, y el subdirector administrativo, Juan Carlos Chávez Ríos, verificaron los últimos trabajos de rehabilitación y traslado para iniciar la operatividad. “Se garantiza la atención hospitalaria a alrededor de 64 mil personas”, indicaron en su momento.
Fuente: El universal
Enfermeras y médicos del Hospital General José G. Parres, donde el pasado 10 de julio se denunció la muerte de nueve bebés —cuatro de ellos por la presencia de la bacteria nosocomial Klebsiella pneumoniae—, informaron que las reparaciones “exprés” que se hicieron al lugar, después del sismo de septiembre de 2017, dejaron “anomalías” graves en las áreas de Urgencias y Pediatría.
Como ejemplo señalaron que se clausuraron los conductos para el suministro de oxígeno; “las perforaciones para conectar los conductos con las mascarillas fueron tapizadas de cemento por la gente contratada para realizar los trabajos de reparación del inmueble”.
Un paquete de fotografías entregadas evidencian el uso de tanques de oxígeno medicinal para atender a los pacientes que lo requieren, y otras gráficas muestran que las tomas de aire comprimido están en desuso.
Médicos internistas —que por temor a perder el empleo pidieron no publicar su nombre, aunque sí se identificaron— afirman que las enfermeras tienen que lavarse las manos ajustando la altura de su cuerpo para no tocar la tierra que escurre de las paredes en las áreas de Urgencias y Pediatría. Incluso, señalaron la existencia de bichos en áreas donde la pulcritud es imprescindible.
Las protestas arreciaron con el anuncio del director del hospital, Lorenzo Alcántar García, en el sentido de que se pondrá en marcha un proyecto integral de fortalecimiento para lograr la reacreditación de la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN), cancelada tras la muerte de bebés.
Este proceso, informó Alcántar García, tiene como objetivo avalar la calidad y seguridad de los pacientes, así como promover el compromiso por la mejora continua.
“Pusimos en marcha un proyecto integral de mejoras que estará dividido en tres etapas. La primera inició desde hace 20 días y ha consistido en fortalecer medidas sanitarias y procedimientos, además de que se llevó a cabo una reingeniería de recursos humanos.
“La segunda es trabajar para cumplir los requisitos establecidos en la cédula de reacreditación específica en materia de equipamiento e insumos y la tercera, realizar algunas modificaciones en la infraestructura del área”.
El hospital, dijo, funciona con normalidad en todas sus áreas, a excepción de la UCEN, que continúa con ingresos nuevos restringidos. En esa área, entre la última semana de junio y la primera de julio, fallecieron nueve bebés, cuatro de ellos víctimas de una bacteria nosocomial, confirmaron las autoridades del sector salud.
Visto bueno. La denuncia de los médicos internistas llama la atención porque, dicen, las evaluaciones hospitalarias e inspecciones federales pasaron por alto las reparaciones “exprés” que realizaron en el hospital general de Cuernavaca.
Recordaron que con el sismo de septiembre pasado las autoridades de Salud determinaron cerrarlo de manera temporal para atender los desprendimientos en aplanados, azulejos, plafones, deterioro en muros divisorios, infraestructura hidrosanitaria y ductos de aire acondicionado, pero la estructura del edificio estaba a salvo.
Un mes después, el 5 de octubre de 2017, el secretario de Salud, José Narro Robles, visitó el hospital y presidió la reunión de Análisis de Daños y Acciones de Salud, llevada a cabo en Morelos a partir del sismo. Ahí indicó que la entidad entraba a la segunda etapa para el rescate de la infraestructura y la ampliación y fortalecimiento de ésta para dar un mejor servicio a la población.
Los Servicios de Salud informaron por su parte que por las afectaciones en acabados trabajaron más de 150 personas a marchas forzadas para poner en funcionamiento el hospital con normalidad.
El José G. Parres reabrió sus puertas el 22 de marzo pasado y, de acuerdo con el reporte oficial, el director Lorenzo Alcántar García, y el subdirector administrativo, Juan Carlos Chávez Ríos, verificaron los últimos trabajos de rehabilitación y traslado para iniciar la operatividad. “Se garantiza la atención hospitalaria a alrededor de 64 mil personas”, indicaron en su momento.
Fuente: El universal
