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Con el presupuesto más elevado que haya tenido en su existencia –que asciende a 17 mil 246 millones de pesos–, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha incurrido en excesos en diversas áreas, que han contratado servicios de empresas privadas para realizar tareas que la propia institución podría realizar. Trabajos de corrección de estilo, asesorías para la contratación de capacitadores electorales o el seguimiento en redes sociales forman parte de estos gastos.
Así lo advierte el Informe de Gestión del Primer Semestre 2018 del Órgano Interno de Control del INE, que también apunta irregularidades en los procesos licitatorios o en la asignación de contratos en este periodo. En este rubro, se han desechado licitaciones aun cuando se cumplían requisitos técnicos y económicos; se han segmentado contratos a fin de poder asignarlos directamente a una sola empresa, a pesar de que en conjunto el monto involucrado impediría esta modalidad, o se ha realizado la asignación de trabajos a pesar de que se incumple con los requisitos.
Del informe del OIC se desprenden además malos manejos en cuentas bancarias del organismo, entre las cuales destacan algunas que fueron abiertas en el ejercicio de 2017 con saldo disponible y que no encuentra justificacion, toda vez que no corresponden a pasivos contraídos en ese año, por lo que en su caso los recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La presentación del documento coincide con los trabajos de elaboración de la propuesta presupuestal que en las próximas semanas deberá aprobar el INE para turnarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación al paquete 2019.
Entre las principales irregularidades detectadas sobresale una relacionada con la contratación de servicios paralelos detectados en la Dirección Ejecutiva de Administración, en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en el Registro Federal de Electores y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
En conjunto, el OIC detectó 18 contratos “con servicios para la corrección de estilo de documentos, la relalización de estudios de opinión –imagen del instituto–, asesorías para el reclutamiento de capacitadores electorales, monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y rediseño de catálogo de puestos, a pesar de que en dichas áreas tienen en su estructura 62 puestos, con un total de 430 funciones, de las cuales 219 se encuentran directamente relacionadas con los servicios contratados.
“Es importante destacar –advierte el informe del titular del OIC, Gregorio Guerrero Pozas– que el monto erogado en los contratos es equivalene a 32 por ciento respecto de la percepción anual de dichos puestos”.
Al realizar las auditorías, se identificaron 10 cuentas bancarias de la Dirección Ejecutiva de Administración no reportadas por esta instancia, dos de ellas creadas en 2014 y 2015; otra con saldo identificado, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación el 19 de junio de 2018, es decir, con fecha posterior a la solicitud de confirmación de cuentas y saldos efectuada por el OIC a diversas instituciones financieras.
Por lo que corresponde al rubro de licitaciones, se identificó a un licitante sin acreditar diversos requisitos relacionados con la especialidad y experiencias establecidos en la evaluación técnica; se detectó una adquisición presuntamente fraccionada en el servicio de alimentación para el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en virtud de que el importe total adjudicado superó el monto máximo de adjudicación directa y la otra se realizó con el mismo proveedor.
En paralelo, el OIC subraya el pago de 2 mil 620 turnos de los servicios proporcionados por personal de vigilancia sin que fueran acreditados documentalmente en el respectivo contrato del servicio de seguridad. La Jornada
