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La austeridad republicanadel Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desatado un alud de amparos por parte de los servidores públicos, quienes afirman que la medida es inconstitucional. Hasta los primeros días de diciembre, más de 2 mil empleados del Poder Judicial de la Federación han solicitado amparos por las reducciones salariales y otros 3 mil 500 funcionarios de 297 dependencias y organismos planean hacer lo mismo una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Apenas ayer, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reducción de salarios de integrantes del Poder Judicial.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno tiene hasta el 15 de diciembre para enviar al Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos, en donde se establecerá oficialmente el tope de salario para los funcionarios públicos.
La firma de abogados Trusan & Roma tiene en su cartera la solicitud más de 3 mil 500 funcionarios que planean ampararse una vez que se conozca el Presupuesto de Egresos. Son empleados de 297 entidades como la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Turismo (Sectur), de Salud (SSA), de Hacienda, Secretaría del Trabajo, Sedesol, órganos como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Los funcionarios se están amparando contra el Presupuesto de Egresos de la Federación porque ahí se va a establecer el monto del tope salarial. Tenemos arriba de 3 mil 500 personas que pertenecen a 297 dependencias, órganos y organismos que sean acercado con nosotros”, explicó en entrevista Rodolfo Martínez, socio de la firma.
Si bien suman 3 mil 500 funcionarios que esperan ampararse contra la Ley Federal de Remuneraciones, otros 2 mil 835 ya recurrieron a la medida legal. De acuerdo con la agencia Notimex, el reporte más reciente es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido 2 mil 835 quejas, de las que 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, mil 37 a secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.
¿CONTRA QUÉ SE AMPARAN?
De acuerdo con el abogado Sergio Soto, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos viola el artículo 94 de la Constitución que establece lo siguiente:
“La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El abogado consideró que “la ley es contradictoria, si lo que les interesaba a los legisladores era establecer una ley de austeridad republicana deberían haber reformado el artículo 94 Constitucional porque no ha sido modificado. Ese establece la inamovilidad de los salarios de los jueces y magistrados de la SCJN, Me parece que hubo un desatino por parte de los legisladores de implementar una ley contraria al artículo 94 Constitucional”.
Dijo que el tema es que se debe de respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial, pues “el poder legislativo no puede intervenir en el funcionamiento de otro poder”.
La mayoría de los amparos promovidos en contra de la legislación provienen de jueces y magistrados, pues son los servidores públicos que ganan más de los 108 mil pesos mensuales que se fijarán como tope en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a tribunales colegiados de todo el país aplazar la resolución de impedimentos promovidos por impartidores de justicia, en los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En el acuerdo 13/2018 del máximo tribunal del país se pidió a los tribunales continuar con los tramites de los impedimentos planteados, pero sin dictar resolución hasta que el pleno de la Suprema Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto.
La razón, explicó el abogado Sergio Soto, es porque algunos jueces se declararon incompetentes para conocer este tipo de asuntos, debido a que son ellos los principales afectados por la ley que se impugna, y legalmente no pueden ser juez y parte.
“Lo que están pidiendo es un plazo para que sea la Corte quien nombre a jueces especializados que no se hayan amparado contra la ley para que ellos de manera imparcial puedan juzgar”, señaló.
Agregó que este asunto puede escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se trata de la independencia y autonomía de los jueces del poder judicial. “En otras partes del mundo estas intromisiones han sido frenadas, por ejemplo, en el caso de Colombia, Argentina y Venezuela. Una verdadera democracia requiere de jueces autónomos de las decisiones políticas, no queremos jueces a modo”.
LA BUROCRACIA MEXICANA Y SUS SALARIOS
México tiene 5 millones 786 mil 819 “puestos de trabajo remunerados del Sector Público”, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) hasta 2016. Esta masa de servidores del Estado costó a los mexicanos 18 billones 087 mil 797 millones de pesos, entre 2003 y 2016. En ese periodo, su tamaño aumentó en 20.32 por ciento, sumando cada año, en promedio, más de 75 mil funcionarios a sus filas.
El crecimiento tuvo mayor énfasis durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (que concluyó con 649 mil 503 burócratas más), seguido por el de Enrique Peña Nieto (206 mil 923) y el de Vicente Fox Quesada (120 mil 884).
Para el abogado Sergio Soto, la Ley de Remuneraciones es congruente con el pensamiento político de López Obrador sobre el tema de austeridad, el problema es cómo se implementó. “No queremos simulaciones ni estamos para improvisaciones”.
“En primer lugar tendría que haber una reforma al artículo 94 Constitucional para que la ley fuera constitucional. En segundo lugar me parece que tuvo que haberse abierto foros de discusión con el Poder Judicial Federal para planear una ley”, destacó el abogado.
Los expertos consideraron que en el ámbito del poder judicial es altamente probable que los amparos que se han promovido los ganen porque esa ley es inconstitucional. “Lo sano hubiera sido no presentar la iniciativa de ley hasta que estuviera correctamente elaborada. Esa norma como está viola el 94 Constitucional”, mencionó Soto.
Para el abogado Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma, “la política de austeridad es una política pública y la Constitución establece derechos humanos que no están sujetos a las políticas públicas”.
Agregó que en el caso de los amparos de los funcionarios hay dos estrategias jurídicas: Por un lado están todos los magistrados y jueces que ya se ampararon contra la Ley de Remuneraciones que se publicó a principio de noviembre. “Yo no le veo el beneficio impugnarlo ahorita vía juicio de amparo, es mejor hasta que se publique el Presupuesto de Egresos de la Federación cuando procederemos a poner los amparos”. Sin Embargo
