Alejandro Encinas dice que ésta podría ser una
de las “cocinas” para deshacer cuerpos más grandes del estado. El
predio, del tamaño de dos campos de futbol, fue utilizado por el grupo
delictivo Los Zetas para quemar en tambos de 200 litros a –quizá-
cientos de personas.
El horror que ha vivido
Tamaulipas desde el 2009 no tiene comparación con ningún lugar del país. La
“guerra contra el narcotráfico” ha dejado un saldo de miles de ausentes,
muertos y desplazados. Y a pesar de que han pasado varios años de la época más
sangrienta, las autoridades mexicanas llevan un registro muy escueto de lo que
pasó en este estado fronterizo con Estados Unidos. Por lo pronto, el nuevo
gobierno se propone investigar y ayudar a los familiares de desaparecidos a
llevar una búsqueda a fondo. El “acompañamiento será continuo”, aseguró Encinas
a las familias este viernes.
Desde el 2013 el gobierno
mexicano supo de la existencia de este rancho por la declaración de un
detenido. Sin embargo, las autoridades dejaron el predio abandonado. Fue hasta
septiembre de 2017 cuando colectivos de víctimas tomaron la iniciativa para
buscar a sus familiares desaparecidos. Lo que encontraron fue un “campo de exterminio”.
Con una minuciosa revisión de restos humanos, cuyos
tamaños pueden ser hasta de una semilla, lo familiares han acumulado alrededor
de 100 kilográmos de restos humanos. Foto: José Ignacio del Alba,
Pie de Página.
El Rancho el Papalote resultó
ser un buen escondite para Los Zetas. Aquí elaboraron un sistema para incinerar
cuerpos; en tambos de 200 litros se quemaron cadáveres con diésel y leña
durante horas. Los restos fueron arrojados a un río cercano que regó(dispersó)
los huesos. Desde entonces miles de fragmentos humanos quedaron esparcidos
entre la vegetación y la tierra. El paso de ganado y el clima hicieron el
resto, para un rompecabezas que parece imposible de armar.
Para los familiares de los
desaparecidos el gobierno mexicano terminó de estropear el caso. “Dejó pasar
tiempo valioso”, asegura Graciela Pérez, quien busca a su hija Milinaly,
desaparecida en 2012.
Desde septiembre de 2017, una
treintena de familiares de desaparecidos se dividen el trabajo para buscar
restos en El Papalote. Con palas, llenan un par de cubetas con tierra donde
posiblemente haya restos humanos, luego se deposita el material recogido en
cribas donde se deshacen de la arcilla fina; las piedras y maderas son
minuciosamente revisadas. Un resto óseo puede ser del tamaño de una semilla.
Los buscadores también recopilan objetos que podrían aportar a la
investigación: un botón, una prótesis, un pedazo de tela. Hasta el día de hoy
han reunido 84 diligencias con miles de restos encontrados.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceav), la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la
República (antes PGR) supervisan el levantamiento de restos en el predio. Hay
peritos que aseguran que los trabajos en este sitio podrían durar más de un
año.
El viernes 22, Alejandro
Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, llega al
lugar a las 10 de la mañana en una camioneta blindada. El hombre de 74 años se
pone con dificultad un traje de bioseguridad para entrar en la zona de
búsqueda. También se rocía de insecticida para evitar la picadura de las
chinches o del “pinolillo” que deja ronchas en el cuerpo.
Familiares de desaparecidos
aprovechan la oportunidad para pedir ayuda. Una mujer se acerca y le dice que
la escuche. Que en 2010 un camión con 29 personas desapareció con todo y
chofer. Que allí iba su hermano. Que el caso no se ha investigado. Que así está
Tamaulipas. Que por favor tome en cuenta su caso. Luego, la mujer se pone
guantes de látex y tapabocas para buscar huesos entre la tierra.
Un hombre mayor revisa con
cuidado la tierra en busca de huesos, quiere hallar una pista sobre su hijo;
hace una pausa con la llegada del funcionario federal que tiene el encargo de
encontrar a 40 mil desaparecidos en México y le explica: “yo tengo que dejar de
trabajar para venir acá a hacer búsqueda”, dice, antes de pedir apoyo económico
para seguir buscando.
Un detenido en 2013 dijo que en esa área, debían haber
sido desaparecidas alrededor de 500 personas. Foto: José Ignacio del
Alba, Pie de Página.
Los colectivos Voz y Dignidad
por los Nuestros y Milynali Red le explican a Encinas que el problema no es
hallar los huesos, sino su identificación, pues una vez que entregan los restos
a la Fiscalía General los restos no son identificados, ni contrastados con
perfiles genéticos.
“No es posible que nosotros
estemos acumulando y acumulando restos”, dice Edith Pérez, de Voz y Dignidad
por los Nuestros. La mujer explica que los trabajos de identificación de
cuerpos que hace la FGR son demasiado lentos. A tal punto que los restos
recogidos terminan por quedar olvidados en los laboratorios del gobierno.
-¿Hay capacidad forense para
analizar muestras tan pequeñas?- se le pregunta a Encinas.
-Yo estoy convencido de que
sí-. Dice el funcionario, antes de agregar que la Fiscalía General de la
República está “subutilizada”.
– ¿Tienen más casos como este
en Tamaulipas?
-Tenemos denuncias en
prácticamente todo el estado.
Los Zetas y el Cártel del Golfo protagonizaron una
cruenta batalla por Tamaulipas, que es el principal paso de mercancías y
personas para llegar a Estados Unidos. La violencia ha disminuido
pero la batalla entre los cárteles no ha terminado.
Varias organizaciones de
víctimas tienen localizados al menos 47 lugares que pudieron ser utilizados
como “cocinas” por Los Zetas. En estos sitios ubicados entre los límites de
Tamaulipas y San Luis Potosí no han sido investigados por la Fiscalía General.
Ante la empresa monumental que
tiene enfrente, Encinas dice que será necesario inventar fórmulas para
localizar a los ausentes. “Vamos a tener que tropicalizar los métodos de
búsqueda”.
Sin embargo
