Unos 100 extrabajadores del gobierno estatal se
manifestaron este día a las puertas del Palacio de Gobierno solicitando ser
liquidados conforme a la ley, pues afirmaron haber sido despedidos de manera
injustificada.
Los quejosos partieron desde el barrio de Santa Lucía
hasta Palacio de Gobierno, sitio en el que, con la ayuda de pancartas, se
plantaron más de una hora a la espera de ser atendidos por algún funcionario
estatal.
Al grito de “¡Justicia, justicia!”, los extrabajadores
solicitaron una audiencia, aunque fue hasta después que amagaron con ingresar
al sitio que fueron atendidos.
Roger Canul Rubio, exempleado de la Secretaría de
Salud, explicó que se trata de miles de personas que perdieron su empleo de
manera injustificada al iniciar la nueva administración estatal, tanto
sindicales, como de base y de confianza, los cuales no recibieron las
indemnizaciones correspondientes.
“Somos gente que existe, hay manera de comprobar que
estuvimos trabajando. Estamos aquí personas de 15 dependencias que
perdimos nuestro empleo. Es un atropello a nuestros derechos humanos. Aquí
no hay colores, por eso queremos ser escuchados”, dijo.
Unos 5 extrabajadores ingresaron a Palacio de
Gobierno, donde fueron atendidos por Carmen González Martín, subsecretaria
general de gobierno y José Puerto Patrón, director jurídico de la Secretaría
General de Gobierno.
Al salir de la reunión, los exempleados precisaron que
se acordó que sería el 7 de marzo próximo cuando de respuesta a sus peticiones.
Sobre esto, Dulce Peraza Sánchez, extrabajadora del
Registro Civil, mencionó que los trabajadores están conscientes de que al haber
un cambio de administración puede haber despidos, aunque reiteró que estas
personas deben recibir la remuneración correspondiente para no ser afectados.
La ex empleada que laboró 28 años en la administración
estatal, dijo que los quejosos no quieren injusticias, por lo que piden al
Ejecutivo estatal ser un gobierno humano “que se de cuenta de la situación que
tienen las personas que se quedaron sin dar bienestar a sus familias”.
“Estamos buscando la justicia de cada uno de los
despedidos, sabemos que no podemos irnos con lo que no nos corresponde. Que nos
paguen lo correcto y que no violen nuestros derechos humanos y laborales”,
apuntó.
Aseguró que este grupo representa a un total de 3 mil 500 trabajadores despedidos con un representante por dependencia, quienes laboraron para el Ejecutivo estatal entre los 11 y 28 años.
