Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán nos hicieron el favor de enviar este escrito que reproducimos de modo íntegro:
En el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ahora a cargo del Abogado Ricardo Ávila Heredia, continua todo igual, o hasta peor, ya que en lugar que refuercen los juzgados de todas las materias, con personal apto y suficiente y activen la carrera judicial de los mismos, como lo marca la Constitución, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para beneficio de la impartición de justicia en Yucatán y sea pronta y expedita, lejos de eso y sin importarles lo más mínimo dichos principios rectores, continúan creando puestos administrativos para refugiados políticos, amantes o queridas, familiares y apadrinados, que además que solo se le pasan platicando, chateando y viendo su celular, les pagan sueldos y prestaciones jugosas, mayores a las que perciben los servidores públicos judiciales, quienes tienen todo el peso, las cargas excesivas de trabajo y responsabilidad, por lo que ahora, tienen el descaro de que a los recientemente contratados para puestos administrativos, decirles “becarios”, argumentando que son beneficiados de los programas de apoyos del Gobierno Federal y que de ahí obtienen su percepción, cuando es bien sabido que ese programa solo es para el ramo privado, mientras tanto en los Juzgados de todas las materias, la impartición de justicia continua retrasándose, debido al personal judicial insuficiente para las labores, pero sí en cambio sigue inflándose el aparato administrativo en dichas dependencias y, los Magistrados y Consejeros continúan devengando sueldos y prestaciones mayores a las que percibe el Presidente de la Republica, por lo que en ellos no opera la austeridad, a la que se jactan dicen siempre practicar, costándole al Estado Yucateco, un dineral mantener a dichos funcionarios públicos, violando los mismos, la Ley de Austeridad Republicana.
Como una prueba más de lo anterior, resulta extraño, que al Consejo de la Judicatura, recientemente le asignaron ¿quién sabe por quién?, las funciones de entrega y recepción de menores, esto es, el Centro de Entrega y Recepción de Menores (C.E.R.) que funciona a un costado del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) y, claro designo para dichas funciones, a sus recomendados con sueldos ostentosos, aproximadamente como 30 personas, cuando esas funciones son propias y exclusivas del Desarrollo Integral Familiar (D.I.F.) o de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, lo que mantenían oculto para que los demás trabajadores no se inconformen y se arme un revuelo; luego entonces, si los Consejeros siempre han alegado que no hay presupuesto suficiente, ¿de dónde se obtiene el dinero para el sueldo de todas esas personas asignadas para dichas funciones?, comprobándose una vez más, que no es así, “hasta cuando seguirán con ese pretexto”.
Asimismo, en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, continúan autorizándose préstamos sin intereses y a largos plazos, esto es, a los propios Magistrados y Consejeros, a sus empleados familiares, amantes o queridas, recomendados y apadrinados, prestamos que van desde $60,000.00, hasta $250,000.00 o incluso hasta mayor cantidad, generando inconformidad e indignación en los trabajadores, sobre todo en los que perciben un sueldo bajo, porque cuando alguno de ellos, solicita un préstamo hasta por una menor cantidad de dinero a la señalada para algo urgente como una enfermedad, se los niegan, argumentando “que no hay dinero”, como sucedió hace algunos años, con el fallecido Juez Luis Felipe Santana Sandoval, quien había solicitado un préstamo urgente de $300,000.00 por no contar en ese momento con dicha cantidad, para pagar una operación de corazón abierto en el Hospital Star Medica, pero le fue negado el préstamo por el Consejo de la Judicatura por dicha razón, pero sí en cambio se supo, que el entonces Presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, “Doctor” Marcos Celis Quintal, durante su gestión y aprovechándose del cargo público que ostentaba, se autorizo un préstamo de diez millones de pesos y sin intereses desde luego, que hasta la fecha no ha pagado; ¿hasta cuando el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura dejaran de alegar y poner siempre como excusa o pretexto: “que no hay dinero, que los tienen castigados por el Poder Ejecutivo y Congreso del Estado, ya que estos, no les autorizan el presupuesto que solicitan cada año?”.
De igual manera, el líder del Sindicato charro, Renan Marcelino Puc Chi, quien no ha hecho acción jurídica alguna para combatir dichas anomalías e irregularidades, recientemente realizo una encuesta entre sus sindicalizados que consistió: ¿quienes cuentan con vivienda propia?, para lavarle el cerebro a los mismos y, aparentando que está trabajando supuestamente por sus derechos y mejora de sus condiciones laborales, que por cierto no han mejorado en forma alguna desde que fue creado dicho sindicato y, si en cambio les continua descontando en tiempo y forma sus cuotas sindicales para seguir gozando de las mismas y además sin laborar él y su directiva, pues ha divulgado a través de sus delegados y su página vía facebook dicha encuesta, para pretender que las pocas personas que tiene en su sindicato no se le vayan, ante la renuncia masiva reciente de varios de ellos, haciéndoles creer que gracias a él, probablemente obtendrán un apoyo de vivienda ante el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cuando se sabe que dicho apoyo, ya lo había solicitado con anterioridad la otra lideresa del también sindicato charro, Patricia Solís Reyes, en la gestión del entonces Presidente Marcos Celis Quintal, pero que este último, siempre se negó autorizar y firmar dicha prestación de vivienda para beneficio de los trabajadores, por lo que dicha lideresa acudió personalmente el año pasado con el Gobernador Mauricio Vila Dosal, cuando este rindió su protesta, para solicitarle gestione el convenio de vivienda (INFONAVIT) para los trabajadores del Poder Judicial del Estado, por lo que sería entonces cuestión de tiempo que se apruebe tal solicitud, misma que el susodicho Renan Puc Chi, pretende adjudicarse como suya.
Aunado a lo anterior, este año ni siquiera les han asignado a los trabajadores, el seguro por fallecimiento que les otorgan como una prestación, pues incluso se sabe que una proyectista del área civil falleció el mes pasado, sin contar desde luego con dicho seguro, que por cierto era sindicalizada del sindicato charro de Renan Puc Chi, pero al parecer este no ha realizado gestión alguna para que a la familia de la misma, le paguen la suma que ampara el seguro que les otorgan cada año a dichos trabajadores.
En consecuencia de lo señalado, los empleados judiciales dependientes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, exigen a los Consejeros que integran dicho Consejo, paren ya, con el abuso de servirse el presupuesto a su antojo, que les asignan cada año, únicamente para beneficiarse a ellos mismos y, a refugiados políticos, amantes o queridas, familiares y apadrinados, y no lo emplean en las verdaderas necesidades que requiere la impartición de justicia en los juzgados de todas las materias, en los que como se ha dicho, no hay personal suficiente y, los pocos empleados que existen, tienen las cargas de trabajo excesivas y responsabilidad, devengando sueldos bajos, fundamentalmente los técnicos judiciales, enlaces o auxiliares, encargados de actas, quienes además que no cuentan con el equipo necesario para sus labores, sufren acoso o mobing laboral por sus superiores, obligándolos a trabajar horas extras y asignándoles cientos de expedientes a cada uno de ellos como consecuencia del poco personal, les siguen descontando impuesto cada año del aguinaldo cuando no debería ser así, no perciben el pago de bono anual en forma justa y, demás atropellos a sus derechos laborales, sin que pase inadvertido mencionar también a los actuarios judiciales o notificadores, quienes no cuentan con vehículos en optimas condiciones para cumplir con sus notificaciones y, los pocos vehículos que les fueron asignados, no cuentan además con las pólizas de seguro vigentes, sin que los dos sindicatos hagan algo al respecto sobre dichas anomalías e injusticias, pues como todos saben, sus líderes están vendidos.
Tales anomalías, injusticias e irregularidades, aumentaron drásticamente, desde que fue creado el Consejo de la Judicatura en el año 2010, en la administración de Ivonne Ortega Pacheco y del entonces Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura Abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, y no hay para cuando terminen y, otras más que existen pero que todos callan ante el temor de represalias, por lo que de ser posible esperan como sucedió en el Estado de Oaxaca, que el Congreso del Estado de Yucatán, apruebe la desaparición de ese Consejo de la Judicatura, pues desde que iniciaron sus funciones, los Consejeros solo se han servido a su antojo del presupuesto que les asignan cada año, inflan la nomina administrativa, ocasionan atropellos, abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos y laborales del personal de los juzgados de todas las materias, como al haber frenado la carrera judicial, realizando convocatorias a su conveniencia para ascender únicamente a sus recomendados y apadrinados como siempre lo han hecho, ya que generalmente la única convocatoria que realizan es la de actuarios o notificadores para pretender que se conformen, por lo que su actuar viola flagrantemente lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, en las que se menciona las categorías de los juzgados de todas las materias para las necesidades del servicio judicial y el deber de dicho Consejo de designar al personal suficiente y necesario para dicha finalidad, aunado a que es un derecho de los trabajadores judiciales que les asiste de escalafón contemplado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y, reconocido como un derecho humano internacional, sin embargo, el Consejo de la Judicatura, se pasa por el arco del triunfo dichas disposiciones legales, un ejemplo de ello es que, hasta la fecha, no existen analistas (proyectistas o secretarios de estudio y cuenta) en el nuevo sistema de justicia penal, que se encarguen de realizar los proyectos de sentencias en los procedimientos abreviados, cuando esa categoría está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, desde que se implemento dicho sistema penal acusatorio y oral, siendo esto, desde el año 2011, por lo que obligan a los técnicos judiciales (encargados de actas) a que realicen dichos proyectos de sentencias, sin que sea su función de trabajo y reciban además capacitación alguna para realizarlas y mucho menos compensación para ello, sin embargo, cabe mencionar que los jueces de control, en todo caso deberían realizar esas sentencias conforme lo dispone la ley en la materia, pero alegan como excusa, que su agenda está saturada y que no tienen tiempo de realizarlas, prescindiendo el Consejo de la Judicatura de esa categoría, con la finalidad de seguir gozando y otorgando privilegios, como se ha mencionado en el primer párrafo.
Cabe destacar, que los trabajadores judiciales de los juzgados de las materias penal, familiar y mercantil, que laboran en el nuevo sistema de justicia oral respecto a dichas materias, en cuanto a las funciones de trabajo de sus respectivas categorías, no están definidas ni previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, por lo que no existen legalmente como tales dichas categorías, sin embargo, el Consejo de la Judicatura con la ayuda de cierta Magistrada, para pretender subsanar dicha ilegalidad, crearon e impusieron un manual de funciones excesivas de trabajo en forma interna a dichos trabajadores judiciales, sin que les hayan consultado previamente si estaban de acuerdo con dicho manual, pasando por alto sus opiniones y actuando arbitrariamente, máxime, que tal manual no está aprobado legalmente por autoridad laboral competente.
Es por lo que concluyendo, que las injusticias, irregularidades y anomalías expuestas que han persistido hace muchos años y continúan persistiendo, han ocasionado, que haya una inconformidad y hartazgo en los servidores públicos, más específicamente (técnicos judiciales, encargados de actas y enlaces o auxiliares) como baja categoría como los han considerado y los han menospreciado diciendo que su labor cualquier persona la puede realizar con la finalidad de seguir pagándoles sueldos bajos, cuando todos saben que no es así, ya que su labor en forma respectiva, implica fundamentar y motivar acuerdos y resoluciones de alta complejidad y suma delicadeza, realizar además todo tipo de diligencias, oficios y demás actuaciones, que desde luego conllevan eficacia, rapidez, responsabilidad y sigilo, con las consiguientes cargas excesivas de expedientes que les asignan para dichas finalidades, por lo que la gran mayoría de ellos, ante esa presión y explotación laboral, ha ocasionado, que trabajen prácticamente en forma mecánica y sin motivación alguna y, hasta padeciendo diversas enfermedades o estrés crónico, ante las excesivas jornadas de trabajo y, sin pago extra alguno o ayuda económica, provocando con ello, los Magistrados y Consejeros, que la justicia en Yucatán no sea pronta ni expedita como marca la ley y, por ende exista un rezago enorme en los procesos que se ventilan en los juzgados de todas las materias, ya que en los mismos, existen aproximadamente más de mil expedientes en espera de trámite o audiencia, sin que el Congreso y el Poder Ejecutivo ambos del Estado de Yucatán, pongan fin a ello, por lo que los trabajadores judiciales, se preguntan ¿esperan acaso entrar en acción, cuando el sistema judicial colapse?
