El pueblo de Homún exigió, de nuevo, la reapertura de
la granja porcícola “Papo” a los magistrados del Tribunal Colegiado en
Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y que
respetaran su fuente de trabajo para llevar el sustento de sus familias, pero
otra vez fue ignorado.
“Nos quitaron fuentes de empleo y la oportunidad de que
nuestras familias mejoren”, dijo en tono triste y preocupado la señora Elvira
Álvarez Vázquez, quien lamentó que mientras los juzgadores tienen altos
ingresos y un empleo asegurado, a los pobladores los dejaron desamparados, ya
que en Homún muchos viajan a Mérida a trabajar, por lo que esperaban un fallo
que favoreciera el empleo en su comunidad.
Los pobladores expresaron que mientras el gobernador
Mauricio Vila Dosal y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
trabajan coordinados por el desarrollo y la generación de empleos; en la
entidad, magistrados federales, que ganan mucho (devengan un salario de 145 mil
pesos al mes, más otras compensaciones), toman decisiones que afectan los
proyectos de inversión, y que en el caso de la granja porcícola, fue en
respuesta a un grupo de personas que hace todo lo posible por obstaculizar las
inversiones, que afectan a la mayoría de los habitantes.
Reunidos a la entrada del Tribunal del Decimo Cuarto
Circuito, los manifestantes no cesaron de gritar esperando ser escuchados por
los magistrados y que éstos no se dejaran engañar aprobando un atraso en la
resolución del caso, que ha cumplido con todo lo establecido en la ley y más,
pero que está “secuestrado” por el grupo Indignación y que, dijeron, cuando
menos dos de las magistradas involucradas en el caso han cedido a esas
presiones, cuando la ley indica otra cosa.
Incluso, usaron pancartas en las que escribieron frases
como: “Magistrados, no se dejen engañar, Papo no contamina, Homún sí quiere a
Papo, y sus niños también”; “Basta de mentiras, la granja no contamina,
queremos trabajar”; “¿Quién escucha a los empleados de la granja?”; “Sí a la
granja Papo”; “Los niños de Homún sí quieren la granja”; “Cenoteros
extorsionadores”, por lo que al conocer el resolutivo, su expresión fue de
tristeza, molestia y desconcierto de que hayan intereses por encima de la ley.
Desde las nueve de la mañana, durante casi tres horas, los
habitantes de ese municipio se apostaron de manera pacífica a las puertas del
Tribunal Colegiado, ubicado en la avenida Itzaes; al lugar arribaron elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que delimitaron el área y montaron
un operativo de seguridad.
El comisario ejidal de Polabán, Homún, Víctor Ernesto Dzul
Tec, señaló que los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y
Administrativa demostraron falta de capacidad y de criterio para manejar un
asunto que impactará de manera directa en la economía de una población entera
con su determinación jurídica.
“A todas luces se ve que los magistrados tienen intereses
turbios por utilizar la ley a su antojo, en perjuicio de cientos de familias
que buscan un empleo y la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Hace
falta inversiones en el interior del Estado y ahora que se tiene una
oportunidad, se desecha para favorecer a un grupo que por años se ha
beneficiado de los recursos que son del pueblo”, indicó.
Dzul Tec señaló que con su determinación los magistrados
generan incertidumbre en la inversión para Yucatán, ya que a pesar de que las
empresas comprueban y garantizan su operatividad con base en la ley y sin dañar
al medio ambiente, los juzgadores se prestan a intereses “oscuros” en perjuicio
de comunidades enteras, como la de Homún.
“La granja porcícola Papo no contamina y eso está demostrado, más bien crea fuentes de trabajo; por eso el pueblo de Homún está aquí, en el Tribunal, para apoyarla y levantar la voz ante la injusticia; en cambio los dueños de los cenotes solo buscan el beneficio personal, sin pensar en la población. Lamentamos la determinación de los magistrados, quienes impiden el desarrollo de Homún y frenan la inversión en Yucatán”, subrayó Dzul Tec.
