La crisis de pensiones del sistema de Afores está cerca y ningún Gobierno ha implementado una reforma de fondo para detenerla.
El 2021 será el año en que se pensionará la primera generación de trabajadores con Afore, la cual se conforma por quienes sin importar su edad, comenzaron a cotizar a la seguridad social a partir del 1 de julio de 1997, cuando se creó el sistema de cuentas individuales de pensión.
Esta generación la integrarán unos 90 mil mexicanos de 65 años de edad, según datos de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar).
Sólo 13 por ciento de ellos, unos 12 mil, cumplirán las mil 250 semanas de cotización exigidas por la ley vigente en 1997, es decir, unos 24 años en el sector formal de la economía.
Son pocos los que alcanzarán esa meta, porque la mayoría de los empleados del País no llegan a cotizar a la seguridad social ni 40 por ciento del tiempo que trabajan durante su vida, según Consar.
Los trabajadores que no cumplan los requisitos para pensionarse podrán retirar los recursos acumulados en la Afore en una sola exhibición, monto que podría resultar insuficiente para sus gastos después de los 65 años, ya que la esperanza de vida va en aumento.
Si siguen trabajando, las opciones laborales en el sector formal bajan, aunque podrían seguir aportando voluntariamente a su Afore.
Si optan por el retiro, contarán con una pensión mínima garantizada por el Gobierno que es de 2 salarios mínimos, lo cual a largo plazo será otra carga fiscal para las finanzas públicas.
Quienes logren una pensión, obtendrán una renta mensual equivalente apenas al 23 por ciento de su último salario, en promedio, una de las más bajas de los países de la OCDE.
"Si ganaban 10 mil, su pensión va a ser de 2 mil 500 a 3 mil pesos, que es mucho menos que el salario mínimo actual", explicó Carlos Alberto Jiménez, catedrático de la Universidad la Salle y especialista en pensiones.
Expuso que cuando se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se conformó un movimiento obrero que buscaba evitar la privatización del régimen de jubilaciones y pensiones porque sólo beneficiaría a las instituciones financieras.
"Había varios estudios de que el modelo no iba a ser viable en el País, porque debió ser acompañado de un modelo de aumento en el poder adquisitivo de los salarios", mencionó.
Si los salarios hubieran crecido como la economía, al menos 70 por ciento de los trabajadores próximos a jubilarse hubieran alcanzado una pensión, dijo.
Gustavo Leal, analista de pensiones y catedrático de la UAM, sostuvo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no puede dejar el debate pensionario en manos de la Secretaría de Hacienda, sino analizarlo con un grupo asesor.
"Debe tomar cartas en el asunto como lo hizo en su momento la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la experiencia del diálogo nacional uruguayo", afirmó.
Chile ya reforma su sistemas de pensiones, ya que se pronosticaba que una pensión fuera equivalente a 70 por ciento del último salario, pero es menor a 50 por ciento por la mayor longevidad y periodos de bajas tasas de interés.
La gran promesa
El 9 de noviembre de 1995 el Presidente Ernesto Zedillo y su Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, presentaron una iniciativa para reformar las pensiones del IMSS, la cual prometía dar a cada quien una pensión según su ahorro individual.
Las aportaciones de los cotizantes serían administradas por empresas privadas, que mediante inversiones rentables aumentaría el ahorro para la pensión al máximo.
La realidad de la economía no sostuvo el modelo.
Entre 1997 y 2018 la economía creció 2.4 por ciento anual, tasa insuficiente para atender la demanda de empleos formales. Hoy 55 por ciento de la población ocupada está en la informalidad y 48 por ciento de las más de 60 millones de cuentas individuales están inactivas por falta de aportaciones.
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