Hombres que abusando de su jerarquía decidieron reducirles el sueldo a las mujeres o que enviaron policías municipales a que vigilaran sus domicilios para intimidarlas, que difundieron propaganda de prostitución con el número telefónico de una servidora pública, que las acusaron de ser amantes de políticos con poder o de estar asociadas con el narcotráfico, forman parte de las 19 personas que aparecen en el registro nacional de violentadores del Instituto Nacional Electoral.
Presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, directores municipales, consejeros estatales de Morena, empresarios con aspiraciones políticas y hasta el director de un medio de comunicación local integran el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género lo que automáticamente, los imposibilita a participar en el proceso electoral.
Se trata de 22 registros contra 19 personas de Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Sonora. Del total de los casos, 18 fueron cometidos por un hombre y cuatro por mujeres. Algunos permanecerán en este registro hasta el 2027.
Es Veracruz la entidad que lidera las sentencias en esta materia con siete casos, de los cuales, cuatro fueron concedidos a una misma víctima.
Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, cuenta con cuatro registros por una conducta sistemática y continua para obstaculizar el ejercicio del cargo de la regidora María Elena Baltazar Pablo.
El Tribunal Electoral veracruzano concluyó que, por decisión del presidente municipal, la regidora no fue convocada a varias sesiones de cabildo y se le negó la información que solicitó para poder ejercer sus labores. Por lo que también se dictó un apercibimiento por conducta omisiva al resto de los ediles y a la tesorera municipal, a quienes se les instruyó vigilar la conducta de Ruiz Flandes para garantizar que no repita estas acciones.
El presidente municipal recibió cuatro sentencias en su contra por estas denuncias. Dos que se resolvieron el 9 y 26 de noviembre de 2020 y que ordenan su permanencia en este registro de violentadores hasta el 21 de enero de 2027; otra del 12 de noviembre del 2020 con permanencia al 14 de enero de 2025 y una más el pasado 14 de enero de 2021, que indica que al tratarse de conductas reiteradas, se ordena que aparezca en esta lista hasta el 3 de febrero de 2027.
Javier Castillo Viveros, presidente municipal de Alta Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz es el segundo con más años en este registro pues estará en la lista hasta el 14 de enero de 2027, después de haber ejercido violencia política en contra de la síndica María Griselda Mora Fernández.
El Tribunal Electoral local comprobó que de manera intencional, el presidente ordenó no tomar en cuenta a la síndica y no le permitió participar en la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto del 2021. Con lo que obstruyó su derecho al ejercicio del cargo.
Un caso similar es el de Lázaro Avendaño Padilla, presidente municipal de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, quien llegó a este registro por violentar a la síndica Ana María Garcés al reducirle sus remuneraciones, descontarle el 50 por ciento de su sueldo quincenal bajo una supuesta donación obligatoria, el pago tardío de sus aguinaldos y hacer señalamientos discriminatorios en su contra.
Acciones por las que el 9 de noviembre de 2020 se decidió que tendrá que permanecer en este registro hasta el 21 de enero de 2025.
En Yucatán, fue sancionado hasta el 31 de enero de 2025, el presidente municipal de Chichimalá, Samuel Uc Poot, y su tesorero Dezert Iván Martín Barrera por violentar a la síndica Teresita de Jesús May Tuz.
Uc Poot ordenó impedirle el acceso a su oficina, le redujo su sueldo y lanzó amenazas en su contra tras denunciarlo. Para intimidarla envió una patrulla municipal que rondaba su casa cada 30 minutos y ante las quejas de la funcionaria, le aconsejó “que mejor se fuera a su casa a preparar café”.
Uno más de los casos de presidentes municipales que abusaron de su poder de jerarquía contra las mujeres de sus cabildos, es el de Calakmul en Campeche, Luis Felipe Mora Hernández quien fue el primer en aparecer en esta lista tras una sentencia del tribunal electoral local el 28 de octubre de 2020, con una permanencia que está por vencerse el próximo 6 de marzo de este año.
Mora Hernández obstaculizó el desempeño de la síndica Maricela Flores Moo al negarle una respuesta a 11 solicitudes de información que realizó para desempeñar su cargo.
Y finalmente, en Querétaro el entonces alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, fue denunciado por una diputada local que solicitó reservar su nombre, a quien acusó de sólo tomarse fotografías para buscar publicidad, sin trabajar para la gente.
Ochoa Valencia renunció al cargo en septiembre de 2020, incluso antes de que se emitiera esta sentencia en su contra, tras ser investigado por corrupción y tráfico de influencias. Pero estará en el registro hasta el 6 de noviembre de 2024.
