El futuro de la derrotada candidata derechista Keiko
Fujimori se tornó gris tras la proclamación de su rival izquierdista Pedro
Castillo como presidente electo de Perú, pues deberá encarar un
juicio por lavado de dinero.
Al desvanecerse la posibilidad de ser la primera presidenta
de Perú, se cierne sobre ella la amenazante sombra de un juicio en un caso
vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht,
por el cual la fiscalía busca condenarla a 30 años y 10 meses de prisión.
La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)
denunció “fraude” en el balotaje del 6 de junio, aunque los observadores de
la OEA lo desestimaron, y buscó demorar lo más posible la
proclamación de Castillo.
Si ganaba la presidencia, Fujimori hubiera gozado de
inmunidad y sólo podría haber sido juzgada al final de su mandato, en julio de
2026.
“Deberá evaluar si se retira [de la política] y se vendrá el
juicio. Temo que el fujimorismo se va a desmembrar”, declaró el analista Augusto
Álvarez, columnista del diario La República.
Además de ella, también irá a juicio por lavado de activos
su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, para quien la fiscalía
solicitó 22 años y 8 meses de prisión.
La fecha para iniciar el juicio oral debe ser anunciada en
las próximas semanas, tras el desenlace electoral, según fuentes judiciales.
“Si hay un gobierno extremista en el poder […] va a hacer
presión para lograr una condena injusta”, dijo a la AFP Fernando Rospigliosi,
asesor en seguridad de Fujimori durante la campaña.
La fiscalía ha pedido incluso disolver al partido
fujimorista, Fuerza Popular, en caso que un tribunal condene a su
líder.
Fuerza Popular alcanzó 24 escaños de un total de 130 en el
Congreso, que entrará en funciones el 28 de julio, el día que asuma Castillo.