Una niña de 13 años de edad perdió la vida en un parto doloroso y forzado, un suceso que ha conmovido profundamente a la comunidad y ha suscitado un llamado urgente a la acción por parte de organizaciones humanitarias. La niña, en embarazo infantil resultado de un abuso, sucumbió a complicaciones relacionadas con el parto cuando tenía ocho meses de gestación.
El director de la red de Salud de Satipo, José Luis Barreto, señaló que la tragedia se desencadenó debido a una retención placentaria y una hemorragia interna, condiciones que pusieron en peligro la vida de la joven madre y, en última instancia, la llevaron a su triste destino.
Esta lamentable situación en en la región de Junín, Perú ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar y modificar las políticas relacionadas con el acceso al aborto terapéutico para menores de 15 años en el país.
Organizaciones comprometidas con la protección de los derechos de la infancia, como Save the Children y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), han alzado su voz para denunciar este caso y exigir un cambio en la legislación.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones expresaron su profundo pesar por la pérdida de la niña y destacaron que eventos tan trágicos como este podrían evitarse con políticas que combatan el abuso y garanticen la interrupción legal de embarazos de alto riesgo para las jóvenes.
Es importante recordar que en Perú, la interrupción del embarazo por razones terapéuticas está legalmente permitida desde 1924. Sin embargo, en el caso de la niña de Junín y muchas otras, este procedimiento no se ha aplicado, dejando a las menores desprotegidas y expuestas a riesgos graves que pueden tener consecuencias fatales.
La legislación peruana considera que cualquier gestación en niñas menores de 14 años es producto de abuso, una postura respaldada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que define cualquier embarazo infantil como una forma de tortura. Ante esta situación, Save the Children exige una investigación exhaustiva, justicia para la niña y su familia, y sanciones ejemplares para quienes son responsables de esta tragedia.
De acuerdo con datos proporcionados por la UNFPA, en 2022 se registraron 1.625 nacimientos de madres menores de entre 10 y 14 años en Perú, lo que equivale a cuatro nuevas madres adolescentes cada día. Estas cifras alarmantes subrayan la urgencia de una revisión profunda de las políticas relacionadas con el aborto terapéutico y la protección de los derechos de las jóvenes en el país.
El representante de la UNFPA en Perú, Hugo González, ha advertido que muy pocas niñas pueden acceder al aborto terapéutico en la práctica, lo que indica una brecha significativa entre la legislación existente y su implementación efectiva. Es necesario eliminar estas barreras y garantizar que todas las niñas tengan acceso a los cuidados médicos necesarios cuando enfrentan embarazos de alto riesgo.
Caso similar en junio
En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió una resolución sobre el caso de "Camila", en la que se señalaba que el Estado peruano había vulnerado los derechos de la niña al impedirle el aborto terapéutico. El comité instó al país a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, subrayando la importancia de proteger la salud física, mental y social de las jóvenes.
La organización Promsex ha denunciado enérgicamente la inacción del Estado peruano en la protección de las niñas contra el abuso y en la prevención de embarazos infantiles de alto riesgo. Esta triste realidad sigue cobrando la vida de jóvenes, mientras el Estado, en su opinión, no cumple con su deber de cuidado hacia la infancia. La sociedad peruana y sus líderes políticos se encuentran ante una encrucijada moral y legal que requiere una respuesta decidida para proteger a las jóvenes vulnerables y evitar tragedias como la que ha enlutado a Junín y conmovido a todo el país.
