Yonis Atenógenes Baños Busto había ganado la presidencia municipal de Santo Domingo Armenta, un municipio de 2 mil 332 electores ubicado en la costa de Oaxaca; pero la misma noche de los comicios fue asesinado por personas que lo fueron a buscar hasta su casa para acribillarlo.
El candidato priista fue la víctima número 35 entre los aspirantes asesinados en el proceso electoral que acaba de concluir. Sobre su caso, la Fiscalía de Oaxaca sólo ha dicho que abrió una carpeta de investigación para averiguar si el homicidio tuvo algo que ver con las elecciones, “o si se trató de una situación distinta”.
Santo Domingo Armenta, pueblo costero de población mayoritariamente afrodescendiente, era gobernado por el PRD, pero este partido apenas obtuvo tres votos en la jornada del 2 de junio. El priista asesinado se perfilaba para ser el presidente, con los 637 sufragios que le otorgó la comunidad, que ese día salió a votar en un 66.2 por ciento, siete puntos arriba del promedio estatal del 59 por ciento.
Un mes antes, Oaxaca había vivido otro episodio de violencia político criminal: el 17 de abril se reportó la desaparición de Agar Cancino, alcaldesa del ayuntamiento de San José Independencia, junto con su esposo, Alberto Antonio García, quien era el tesorero de su administración y aspiraba a sucederla en el palacio municipal. Ambos militan en Morena.
San José Independencia es un municipio de menos de 4 mil habitantes, ubicado en el distrito de Tuxtepec.
Dos días después de la desaparición, Alberto Antonio García y Agar Cancino fueron localizados en una isla conocida como Cerro Arena, en la presa Miguel Alemán del municipio vecino de San Miguel Soyaltepec. A ella, los agresores la dejaron viva; él fue hallado con golpes en el abdomen que le provocaron la muerte.
En San José Independencia, el 2 de junio Morena volvió a ganar las elecciones, con un candidato llamado Raymundo Misael Antonio Gómez, que derrotó por apenas nueve votos al candidato del PT, Sergio Miranda Llano.
A pesar del hecho violento que ensombreció las campañas, en este municipio votaron 2 mil 872 personas el 2 de junio, equivalentes a más del 82 por ciento de la Lista Nominal.
La violencia electoral en México y sus números
Oaxaca es uno de los 14 estados de la República en los que la violencia político criminal se hizo presente en el pasado proceso electoral.
De acuerdo con información recabada por Animal Político en los últimos diez meses, por medio de medios locales, fiscalías e instituciones de seguridad estatal y municipal, fueron asesinadas 35 personas desde septiembre de 2023, fecha de inicio formal y legal de los procesos electorales federales y locales.
Este dato muestra que el proceso electoral 2023-2024 (el “más grande de la historia”) fue también más violento que los procesos de 2018 y 2021, en donde según datos del Instituto Nacional Electoral se registraron 27 y 30 homicidios de aspirantes, precandidatos y candidatos, respectivamente.
Los registros de Animal Político dejan ver que, en este proceso, 20 aspirantes fueron asesinados entre octubre de 2023 y el 15 de marzo de 2024. Y, a partir del 23 de marzo, fueron asesinadas otras 15 personas ya registradas como candidatas formales de sus partidos y coaliciones.
Entre las víctimas había 24 que buscaban una Presidencia Municipal, 5 que aspiraban a una Regiduría, 2 a una Sindicatura, y otros que buscaban una diputación local, una diputación federal, una senaduría y un expresidente municipal que aún no había hecho público a qué cargo aspiraba.
En octubre ocurrieron tres de estos crímenes; uno en noviembre, uno en diciembre, seis en enero, cinco en febrero, cinco en marzo, cinco en abril, siete en mayo y dos en junio.
Por entidad, la más violenta fue Guerrero, con siete asesinatos de aspirantes; le siguen Chiapas (5 casos), Jalisco (4 casos), Michoacán (3 casos); Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Morelos y Puebla (con dos casos cada uno); Ciudad de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa (con un caso cada entidad).
La violencia tocó a todos los partidos políticos con registro nacional y a dos partidos locales de Chiapas: Morena (10 víctimas), PRI (8), PAN (5), MC (3), PVEM (3), PT (2), PRD (1), coalición PAN-PRI-PRD sin definir militancia (1), Chiapas Unido (1) y Partido Popular Chiapaneco (1).
La cara extrema de la infiltración del crimen en elecciones
La violencia letal es sólo una de las múltiples facetas de la intervención del crimen organizado en las elecciones -la más extrema-, como lo demuestra el Democracia Vulnerada, elaborado como parte del proyecto Votar entre Balas por México Evalúa, Data Cívica y Animal Político.
“La violencia político-criminal tiene efectos negativos sobre la participación ciudadana en ambas vías. Los ataques contra actores políticos están asociados a mayores sustituciones de funcionarios el día de la elección, así como a menores niveles de participación en las elecciones. De esta manera, la violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia. Más aún, con el detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades”, concluye el estudio coordinado por la investigadora Sandra Ley.
Un análisis de los resultados electorales en los municipios afectados por el asesinato de algún aspirante permite detectar lugares donde la participación electoral se inhibió, colocándose muy por debajo de la media estatal (en La Concordia, Chiapas, donde mataron a una candidata local en abril, sólo votó el 37.4 por ciento del electorado), y otros en donde se registraron niveles históricos de participación, como San José Independencia, Oaxaca, donde votó el 82.5 por ciento del padrón, pese al rapto de la alcaldesa y el asesinato del candidato del partido que gobernaba el municipio.
Otro dato visible es que, de los 28 municipios en donde se eliminó a algún contendiente, en 12 volvió a ganar el partido que gobernaba, y en 13 ganó un partido distinto a la fuerza en la que militaba la víctima.
Llaman la atención tres municipios en los que ocurrieron dos asesinatos:
Maravatío, Michoacán, donde hubo alternancia del PRD a Morena; Cuautla, Morelos, donde se reeligió el edil panista, y Coyuca de Benítez, Guerrero, donde Morena retuvo el ayuntamiento.
Pero la alternancia, en los municipios donde hubo aspirantes asesinados, no benefició a un mismo partido.
Por ejemplo, en Mante, Tamaulipas, fue asesinado el candidato a la reelección, el panista Noé Ramírez Ferretiz. Y quien finalmente ganó el ayuntamiento fue el candidato de Morena, en comicios “normales”, con una participación superior al 61 por ciento.
En Choix, Sinaloa, en cambio, fue asesinado un candidato a regidor de afiliación priista. El municipio era gobernado por la alcaldesa de Morena, Amalia Gastélum, pero el 2 de junio, por una diferencia de sólo 612 votos, ganó el ayuntamiento la coalición PRI-PAN-PRD y el Partido Auténtico Sinaloense. La participación en Choix también fue “normal”: 61 por ciento de la Lista Nominal.
Guerrero: siete asesinatos en seis municipios
En Guerrero, fueron siete los asesinatos de aspirantes y candidatos a presidencias municipales, en Zitlala, Acapulco, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Chilapa y dos casos en Coyuca de Benítez.
En Zitlala, donde asesinaron al aspirante panista a la presidencia municipal, Jaime Dámaso Solís, gobernaba el PRI y ganó el PRD, con una participación de 63.8 por ciento del electorado.
En Acapulco fue asesinado el aspirante de Morena a la candidatura a la presidencia municipal, Ricardo Taja, el 21 de diciembre de 2023. En este municipio, afectado por el huracán Otis desde octubre, resultó reelecta la morenista Abelina López, con una participación del 51 por ciento de los electores; baja, respecto al 60 por ciento de promedio estatal.
En Atlixtac, fue asesinado en enero el perredista Marcelino Ruiz y su esposa Guadalupe Guzmán, quien era consejera estatal del PRD. Este partido gobernaba el municipio desde 2021, pero en la reciente elección el triunfo fue para el candidato del Partido Verde, Guillermo Matías.
El 3 de marzo, en Atoyac de Álvarez, fue asesinado el aspirante a la presidencia municipal por el PT, Alfredo González Díaz. El municipio lo gobernaba Morena, y el 2 de junio lo refrendó ese mismo partido político. El PT obtuvo apenas el 3 por ciento de los votos.
Diez días después fue asesinado Miguel Tomás Morales, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa. El municipio era gobernado por el PRI, que en este 2024 refrendó el municipio en alianza con PAN y PRD.
En el último mes de las campañas, en el municipio de Coyuca de Benítez ocurrieron dos asesinatos, ambos de políticos priistas. Aníbal Zúñiga, candidato a regidor, el 17 de mayo, y José Alfredo Cabrera Barrientos, quien encabezaba la panilla de su partido al ayuntamiento, el miércoles 29 de mayo, en pleno cierre de su campaña y a la vista de todo el pueblo.
Coyuca de Benítez era gobernado por Morena, partido que refrendó el municipio con Víctor Hugo Catalán Diaz como candidato. La participación fue de 51.7 por ciento, diez puntos por debajo de la participación media estatal.
Cabrera Barrientos, postulado por la alianza PRI-PAN-PRD, apareció en la boleta electoral y obtuvo 7 mil 800 votos, cinco mil menos que el candidato ganador.
Chiapas: cinco homicidios
Chiapas fue el segundo estado más afectado por la violencia política en este proceso electoral, con cinco asesinatos en Suchiate, San Juan Cancuc, Amatenango del Valle, Benemérito de las Américas y La Concordia.
El primer homicidio en este ciclo electoral ocurrió el 5 de enero de 2024. La víctima fue David Rey González Moreno, aspirante del PRI a presidente municipal de Suchiate.
En este municipio, de 25 mil electores, se registraron nueve candidatos a la presidencia municipal, y finalmente resultó ganador Élmer Vázquez, del partido Redes Sociales Progresistas. La participación electoral fue del 69 por ciento, y el PRI -partido al que pertenecía el aspirante asesinado, obtuvo sólo 102 votos.
El 14 de marzo ocurrió un segundo asesinato en Chiapas, esta vez en San Juan Cancuc, municipio de 26 mil electores, gobernado por el PRI. Diego Pérez Méndez, aspirante asesinado, militaba en dicho partido.
En los comicios del 2 de junio, con una participación de más del 66 por ciento, el PRI refrendó el ayuntamiento, con el priista Juan López Mendoza postulado en coalición con el PAN y el PRD. Se llevó 12 mil de los 17 mil votos emitidos en el municipio.
El tercer homicidio fue el de Julián Bautista, presidente municipal priista de Amatenango del Valle, quien buscaba la reelección. En los comicios, el PRI se llevó solamente 231 votos, 45 el PAN y 28 el PRD.
La presidencia municipal fue ganada por Morena, con 4 mil 618 de los 5 mil 500 votos emitidos, en una elección con una participación atípica de 74.9 por ciento.
El 3 de mayo ocurrió el asesinato del cuarto aspirante chiapaneco caído en estas elecciones, en el municipio de Benemérito de las Américas, que era gobernado por el PT.
Se trataba de Mauro Hernández Velin, candidato a regidor por el partido local Chiapas Unido en la planilla de Juan Gómez Morales, conocido en la comunidad como Juan Changarro, en contra de quien iba dirigido el atentado.
En el ataque murió el hijo del candidato a la presidencia municipal, quien finalmente fue electo en las elecciones, en las que se registró una participación del 48 por ciento, muy por debajo de la media estatal del 62 por ciento.
Dos semanas después, ocurrió un quinto homicidio en Chiapas; esta vez en La Concordia, donde la candidata Lucero López Maza, del Partido Popular Chiapaneco fue acribillada.
En este municipio gobernaba el Partido Encuentro Social, y al final fue ganado por Redes Sociales Progresistas, con apenas 200 votos de diferencia respecto al PPCH, que en el PREP de Chiapas aparecía originalmente como partido ganador, con la hermana de la candidata asesinada a la cabeza de la planilla.
La Concordia fue el municipio chiapaneco con menor participación de todo el estado: apenas 37.4 por ciento de los más de 37 mil electores registrados en la Lista Nominal.
Jalisco: cuatro asesinatos
En Jalisco hubo asesinatos en Unión de San Antonio, Mascota, Pihuamo y Puerto Vallarta.
El primer caso ocurrió en enero, y fue el de la activista Miriam Nohemí Ríos, quien aspiraba a participar en la planilla Movimiento Ciudadano en el municipio de Unión de San Antonio, como candidata a regidora. Este municipio era gobernado por el PAN y fue retenido por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.
El 1 de febrero, el aspirante del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, Jaime Vera, fue asesinado. El municipio era gobernado por Morena, que retuvo el poder en una elección aparentemente normal, con más del 58 por ciento de participación.
El 14 de marzo fue asesinado el alcalde de Pihuamo, el priista Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección. Al final, el ayuntamiento fue ganado por MC.Días después, fue asesinado en Puerto Vallarta otro político del Partido Verde, que en Jalisco no compitió aliado a Morena. El regidor con licencia, Francisco Sánchez Gaeta, buscaba ser síndico municipal en este municipio gobernado por Morena. El 2 de junio, el Partido Verde resultó ganador.
Michoacán: tres asesinatos
El 26 de febrero de 2024, dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, fueron asesinados: el panista Armando Pérez Luna y el morenista Miguel Ángel Reyes Zavala.
Este municipio de casi 90 mil habitantes, ubicado a una hora y cuarto de Morelia, era gobernado por el PRD, pero en esta elecciones su candidato, Oscar Vidal Pérez (postulado en alianza PRD-PRI), apenas obtuvo el 28 por ciento de los votos. Y el PAN no postuló a nadie.
El ayuntamiento fue ganado por el candidato Mario Pérez Flores, de Morena-PVEM-PT, con más del 60 por ciento de los votos, en una elección en la que apenas salió a votar el 46 por ciento de los más de 65 mil electores registrados en Lista Nominal.
Cuitzeo fue el otro municipio michoacano afectado por la violencia letal. Justo un día antes de las elecciones fue asesinado Israel Delgado Vega, miembro de la planilla del PT, que ganó las elecciones el 2 de junio, consiguiendo la reelección de la alcaldesa Rosa Elia Milán Pintor.
Puebla: dos casos
El 23 de marzo, justo el día en el que se cumplían 30 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, se dio el primer homicidio de un candidato ya registrado y en plena campaña.
Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, fue asesinado en un lote de autos de su propiedad. El aspirante había sido militante del PRI y era conocido como “El Maicero”. Había sido colaborador de Alejandro Armenta, candidato de Morena a la gubernatura, también expriista y expresidente municipal de Acatzingo.
Otro asesinato cimbró a Puebla el 31 de mayo, ya terminadas las campañas y en plena “jornada de reflexión”. Jorge Huerta Cabrera, candidato del PVEM a regidor de Izúcar de Matamoros, fue asesinado horas antes de que abrieran las casillas. Su partido, en alianza con Nueva Alianza y Fuerza por México, ganó el ayuntamiento, por lo que él hubiera asumido el cargo a la que aspiraba.
Morelos: dos crímenes en un mismo municipio
Dos asesinatos ocurrieron en Cuautla, Morelos, en tiempos distintos de este proceso electoral: el del aspirante panista a la presidencia municipal, Alfredo Giovanni Lezama, el 4 de enero, y el de Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la presidencia municipal, por la coalición opositora PAN-PRI-PRD, el 28 de mayo.
El candidato propietario de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos (PAN-PRI-PRD), era Jesús Corona, quien había llegado en 2018 a la presidencia municipal vía Morena. Corona, al igual que la senadora Lucy Meza, rompió en 2023 con el oficialismo y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, para ser candidato de la oposición.
El 25 de marzo, Jesús Corona sufrió un atentado al inicio de su campaña proselitista. El 2 de junio ganó las elecciones con el 32 por ciento de los votos, frente a siete candidaturas, pues la coalición oficialista se dispersó y cada partido postuló una candidatura distinta.
En Cuautla votó el 56 por ciento de los más de 128 mil electores registrados en Lista Nominal, tres puntos por debajo de la media e participación estatal, que fue del 59 por ciento.
Uno de los hechos más crudos de esta campaña fue el asesinato de Gisela Gaytán, en Celaya, Guanajuato, un municipio gobernado por el PAN que, como el resto del estado, tiene ya una larga trayectoria de administraciones panistas, al menos desde 1990.
El asesinato ocurrió inmediatamente después de un acto de campaña y en el primer día de la gira proselitista de la joven candidata morenista. El rimen abrió una discusión sobre la burocracia que obstaculizó los protocolos de protección a las candidatas y candidatos en estados asediados por la delincuencia, como lo es Guanajuato.
En Celaya, el candidato gubernamental era el panista Javier Mendoza Márquez, quien buscaba la reelección, ahora postulado en coalición con el PRI y el PRD.
El 2 de junio, obtuvo más de 72 mil votos (34.1 por ciento) y fue superado por el candidato que sustituyó a Gisela Gaytán, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, que se llevó 98 mil votos (45 por ciento).
A pesar del asesinato, en Celaya participaron 213 mil ciudadanos, lo que equivale al 57 por ciento del padrón municipal. Se votó más en Celaya que en el promedio estatal (56%).
Seis meses antes, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, ocurrió uno de los primeros crímenes en este proceso electoral; el del panista Alejandro Lanuza Hernández, quien aspiraba a la candidatura de su partido a la presidencia municipal.
Lanuza fue asesinado el 12 de octubre y, al final, su partido postuló a Teresa Botello, una militante con arraigo en el PAN municipal, que al final perdió las elecciones frente a Morena.
Salvatierra, con un padrón electoral de 82 mil votantes, apenas superó el 50 por ciento de participación en los comicios del 2 de junio.
