“Nos están balaceando”. La noche del 26 de septiembre de 2014 quedó marcada como uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de México, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. A 10 años de la tragedia, aún no se sabe el paradero de los normalistas.
¿Qué pasó en Ayotzinapa con las estudiantes?
La noche de los hechos, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa habían viajado a Iguala para recaudar fondos y tomar autobuses con el objetivo de asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, una protesta anual en memoria de la masacre de Tlatelolco de 1968.
Cerca de las 9:00 de la noche, los normalistas fueron interceptados por policías municipales de Iguala y hombres armados que, según investigaciones, pertenecían al crimen organizado. Los estudiantes fueron atacados con disparos, resultando al menos seis muertos, decenas de heridos y 43 jóvenes que nunca más fueron vistos.
Testimonios de sobrevivientes relatan que los estudiantes fueron subidos a patrullas de la policía, y desde entonces se desconoce su paradero. Uno de esos testimonios es el de Omar García, quien contó a Univisión lo que vivió esa noche trágica.
"Como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, que ya tenía un disparo en la cara. Lo encontré agachado y bien herido, sangrando a chorros", recuerdó Omar. La situación era desesperada, pero entre los sobrevivientes intentaban ayudarse mutuamente.
"Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo, mientras los disparos todavía impactaban contra los autos que estaban a las orillas", relató. Para evitar ser alcanzados por las balas, los estudiantes corrieron detrás de los vehículos estacionados en la carretera, tratando de resguardarse de la agresión.
Horas antes del ataque, Omar y otros estudiantes se encontraban en la escuela. "En la tarde estábamos en la escuela, sabíamos que algunos compañeros habían salido a realizar una colecta. A eso de las 7:30 o 8:00, me llamó un compañero y me dijo: ‘Nos están balaceando los policías aquí en Iguala’", recordó.
La noticia los tomó por sorpresa, pero no dudaron en actuar. "Corrí por los compañeros rápido, rápido, y organizamos las salidas hacia Iguala en las urbans de la escuela", explicó. Los normalistas se dirigieron lo más rápido posible hacia el lugar de los hechos. "Creímos que al llegar, si eran policías los que estaban disparando, podríamos calmar las cosas y llevarnos a los compañeros", comentó Omar.
Al llegar a Iguala, la escena era desoladora. "Nos encontramos con autobuses totalmente destrozados. Los disparos estaban a la altura de las ventanillas, en los parabrisas, las llantas ponchadas, y había sangre dentro de los autobuses", narró Omar.
Mientras intentaban huir de los disparos, Omar y algunos de sus compañeros llegaron a una calle cercana. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el Ejército también estaba presente. “Nos decían: ‘Cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora aguántense’", relató el joven normalista.
Los estudiantes no solo enfrentaron el terror de los disparos, sino también el hostigamiento de las autoridades militares. "Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. (...) Si alguien nos llamaba, el militar escuchaba primero y luego nos decía lo que teníamos que decir", recordó.
La “verdad histórica” y sus contradicciones
En los primeros meses de la investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la administración de Enrique Peña Nieto presentó una versión oficial conocida como la "verdad histórica". Según esta versión, los 43 estudiantes fueron entregados por la policía municipal de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado.
Según dicho relato, los estudiantes fueron posteriormente incinerados en el basurero de Cocula, un municipio cercano. Las cenizas de los cuerpos habrían sido esparcidas en el río San Juan. El caso había sido cerrado, sin embargo, por las presiones de los medios y organismos internacionales, las investigaciones continuaron.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmintió que una incineración masiva de cuerpos pudiera haber ocurrido en el basurero de Cocula. Además, la investigación reveló graves irregularidades, incluyendo la manipulación de pruebas y la tortura de testigos.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, el caso Ayotzinapa fue reabierto, y se creó una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos. En septiembre de 2022, la Comisión presentó un informe preliminar en el que se calificaba la desaparición de los 43 estudiantes como un "crimen de Estado".
Se implicaba a las fuerzas armadas, las policías locales y al crimen organizado en una operación coordinada para desaparecer a los normalistas. El informe reconocía que algunos elementos del Ejército habían tenido conocimiento de la captura de los estudiantes y no intervinieron para detener la agresión.
Incluso se descubrió que un soldado, quien estaba infiltrado entre los normalistas, también fue desaparecido. Hasta la fecha, se han identificado los restos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos:
En 2015, los restos de Alexander Mora Venancio fueron los primeros en ser identificados.
En 2020, se confirmó la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, encontrados en un lugar diferente al basurero de Cocula, lo que desmentía aún más la versión oficial.
El más reciente hallazgo fue el de Jhosivani Guerrero de la Cruz, identificado en 2021.
El Ejército y Jesús Murillo Karam
Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación actual es el rol del Ejército en los hechos. Diversos informes sugieren que el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, estuvo al tanto de los movimientos de los estudiantes e incluso pudo haber participado activamente en su desaparición, sin embargo, sigue sin esclarecerse su participación.
El 19 de agosto de 2022, el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien lideró la investigación original y promovió la "verdad histórica", fue arrestado por su presunta implicación en la manipulación del caso. Recientemente obtuvo una prisión domiciliaria debido a su estado de salud y avanzada edad, lo que también generó controversia.
Desde 2014, los padres de los 43 estudiantes, apoyados por organizaciones de derechos humanos, han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia. Cada año, el 26 de septiembre, se conmemora la desaparición de los estudiantes con marchas en la Ciudad de México y otras partes del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a esclarecer que había pasado con los estudiantes, sin embargo, a 10 años de la tragedia de Ayotzinapa, todo parece indicar que no cumplirá con su promesa
